Tal y como anunció el Presidente el sábado, dos emisarios del Ejecutivo negociaron con los diputados una respuesta económica a la pandemia del Coronavirus (Covid-19).
Esta mañana de lunes, la reunión se realizó en el edificio de Castillo Azul, con los ministros de Hacienda (Rodrigo Chaves) y Planificación (Pilar Garrido, también coordinadora del equipo económico). Participaron las jefaturas de fracciones legislativas, así como los diputados del directorio.
A su salida del encierro, Chaves dio declaraciones sobre la negociación con los diputados, pero no adelantó nada sobre los avances en concreto.
“Lo que hemos hecho es hacer una valoración conjunta de qué es lo que propuso el gobierno el sábado y discutir algunas otras opciones que están en la pizarra, en borrador”, dijo el jerarca de Hacienda.
Chaves dijo que hablaron sobre plazos porque “hay que actuar a la mayor brevedad posible”.
Antes de la reunión, la ministra Garrido adelantó que presentarán dos proyectos más, durante el martes (uno para subsidios a desempleados por medio de seguros de salud y otro de jornadas laborales).
“El gobierno habló de tres proyectos de ley, por ahora: uno de moratoria tributaria, otro de seguros de salud que es, más bien un subsidio. El tercer caso es de flexibilización laboral. Es para poder acortar la jornada laboral y poder sostener el empleo, en lugar de que las empresas opten por el despido”, afirmó el presidente del congreso, el diputado Carlos Ricardo Benavides.
Este y otros temas sobre operación del congreso durante la alerta decretada por Salud se verán en el plenario, esta tarde. Benavides aseguró que “no hay tiempo” para los trámites ordinarios de ley y que dispensarán de trámite los proyectos que acuerden los diputados.
Propuesta de gobierno es “moratoria”
Este lunes Gobierno presentó un proyecto “de alivio fiscal” con cuatro moratorias.
La primera moratoria es para el impuesto de valor agregado (IVA) que pagan empresas y trabajadores independientes. Los contribuyentes “podrán durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, presentar la declaración del impuesto sin efectuar el pago del impuesto”. Los montos respectivos deberán ser cancelados antes del 31 de diciembre del 2020.
La segunda moratoria es para los pagos parciales del impuesto de renta en el caso de que deban pagar “en los meses de abril, mayo o junio de 2020”.
La tercera moratoria, sobre el impuesto selectivo de consumo, tendrá las mismas condiciones que la moratoria del IVA (es decir, presentar las declaraciones sin tener que pagar hasta diciembre).
El cuarto caso, de aranceles, establece que los importadores inscritos “podrán durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, nacionalizar las mercancías sin pagar los aranceles correspondientes”. Los aranceles respectivos a estos tres meses deberán ser cancelados a diciembre.
Contrapropuestas de diputados excluyen personas físicas
El congreso maneja otros dos proyectos recientes para enfrentar la pandemia.
El primero fue presentado por la diputada María Inés Solís, a nombre del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y considera “postergar el pago del IVA por un máximo de tres meses” para empresas inscritas ante el Ministerio de Economía y ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Las empresas beneficiarias deben “demostrar una reducción en sus ventas mensuales de al menos un 35% con relación al mismo mes del año anterior”.
Los empresarios podrán pagar prestaciones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) “con montos menores al de una jornada laboral completa, de común acuerdo entre las partes”.
Y, por último, las mismas empresas afectadas podrán readecuar sus deudas con los bancos públicos (Nacional, BCR y Banco Popular). Los bancos tendrían permiso de “reducir las tasas de interés activas, la capitalización de los gastos por intereses, la ampliación de plazos de la operación de crédito, o una combinación de estas opciones”.
El diputado independiente Erick Rodríguez y Jonathan Prendas —en representación del bloque Nueva República— tienen un tercer proyecto específicamente para empresas.
Al igual que en el caso del proyecto PUSC, las empresas beneficiadas tendrán que estar inscritas ante el Ministerio de Economía y los emprendimientos agrícolas ante Agricultura y Ganadería.
Para obtener la cobertura, las empresas tendrán que demostrar “una reducción de al menos un 20% en sus ventas mensuales por la pandemia del Coronavirus, a partir de febrero del 2020”. La variación en las ganancias deberá compararse con los mismos meses del año 2019.
Entre otros, este proyecto autoriza a Sugef para que los bancos públicos y privados a ofrecer “reestructuración de las deudas de las empresas afectadas” (con prioridad a las que son del sector turismo).
Los diputados proponen movilizar “los recursos no colocados en créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo” hacia el financiamiento de las empresas agrícolas.
En el caso del cobro del IVA, las empresas tendrán una reducción del “25% del cobro correspondiente”.
Para las jornadas laborales, la propuesta establece jornadas ordinarias ampliadas “de hasta doce horas por día”, con un máximo de 48 horas semanales (seis horas por encima de lo que indica el Código Laboral).
La cotización ante la Caja será “por el tiempo real trabajado”.
El proyecto autoriza “periodos de gracia” para que CCSS y Hacienda cobren a las empresas sus “tributos” (ventas, IVA) y prestaciones. Hacienda tendrá permiso de utilizar los recursos de los eurobonos para “financiar el déficit productivo de la aplicación de esta ley”.
Los generadores de electricidad —ICE, cooperativas y otros— tendrán que aplicar una reducción del 40% en sus tarifas.
El plazo de todas estas medidas se extenderán a los seis meses posteriores a que la Organización Mundial de la Salud levante la declaratoria de pandemia por el Covid-19.
