Este jueves, los diputados aprobaron, en segundo debate, una enmienda para una norma de contratación que fue tramitada por diputados miembros de la Comisión de Hacendarios durante el trámite del Presupuesto Nacional del 2021. El cambio fue integrado en una megamoción de recorte que, además, contenía múltiples normas para la ejecución de los dineros públicos y terminó afectando la prestación de servicios públicos como educación, seguridad y justicia.
Esta semana, los legisladores apresuraron un cambio para que la norma número 12 deje de aplicarse para congelar plazas vacantes y cerrarlas. Esta normativa afectó nombramientos en el Ministerio de Educación Pública, necesarios para dar inicio al curso lectivo de este año (que empezó el lunes 8 de febrero). Pero, también, como presentó el diputado José María Villalta (Frente Amplio) afectó otros servicios públicos dentro de la Fuerza Pública, y también el Poder Judicial.
Los diputados también tomaron acciones después de que trascendieron problemas para nombrar a funcionarios de la Asamblea Legislativa; entre ellos, personas asesoras para sus despachos.
Villalta dijo que la norma también estuvo vigente “Durante cinco meses del 2020, entre julio y noviembre del año pasado”, esto por una modificación al presupuesto ordinario de ese año. El legislador dice que “más de 900 plazas fueron eliminadas, pero las eliminaron sin ningún estudio técnico y sin ver la necesidad”. Esto provocó una afectación para 20.000 estudiantes, según estimó el Gobierno.
El Ministerio de Educación Pública congeló alrededor de 1.235. El directorio de la Asamblea Legislativa tuvo que dejar sin efecto 19 nombramientos que ocurrieron sin considerar la misma norma que los diputados aprobaron.
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“Hay escuelas que, en este momento, no tienen ya esas plazas y eso no se va a poder corregir. Ni siquiera con este proyecto de ley”, advirtió el diputado.
En la discusión, el oficialista Welmer Ramos dijo que la afectación no fue para el Gobierno ni para el Estado “sino de las familias de menores ingresos; se está afectando a los ciudadanos que requieren procedimientos expeditos”. Ramos llamó “insensatez” a la norma que surgió de la Asamblea Legislativa.
“Nunca antes he observado un ataque tan brutal para destruir el Estado social, como el que estamos viviendo en este tiempo. Se han aprovechado de la crisis para excusarse en ella y realistar el ataque más descomunal a la solidaridad social y a lo que ha quedado del Estado de bienestar y de oportunidades. Hay ideologías dominantes que se han metido en los partidos políticos, en todos, y están acorralando al Estado costarricense. Creen que entre menos Estado es mejor la sociedad”, afirmó Ramos.
Villalta reclamó que, tras las denuncias de las falencias en prestación de servicios públicos, la creación de esta “Normita la huerfanita” no tiene responsables entre los diputados que tramitaron la amarra para la ejecución de inversión pública.
“La norma 12 también podríamos llamarla la huerfanita, porque ahora no tiene ni padre ni madre conocido. En ese sentido, le pasa como la UPAD. Nadie es responsable, nadie sabe, nadie asume la responsabilidad por ese daño causado a los servicios públicos y la educación de nuestro país”, afirmó Villalta.
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