País

Diputados eliminan IVA a la educación privada de nuevo (sin distinciones de grado)

Sólo un 4% de la población accede a la educación privada, pero su aporte habría significado una recaudación de ¢27.000 millones anuales, según datos de Hacienda.

Los diputados de la comisión fiscal exoneraron una vez más los servicios de educación privada, luego de que ese tratamiento diferenciado quedara excluido este martes, cuando se aprobó una moción que restituyó todo un capítulo del plan fiscal para gravar con el Impuesto al Valor Agregado (1%) a los bienes de la canasta básica.

La exoneración revivió gracias a una revisión de la moción 463  que había presentado el diputado del Republicano Social Cristiano, Dragos Dolanescu; y que fue votada por cinco de los nueve diputados de la comisión especial que tramita la reforma fiscal.

Específicamente, respaldaron la moción los restauracionistas Carlos Avendaño y Eduardo Newton Cruickshank, el socialcristiano Pedro Muñoz, el frenteamplista José María Villalta y el integracionista Walter Muñoz.

La exoneración ha sido criticada por Hacienda porque cubre la totalidad de los servicios, entre prescolares, de primaria, de secundaria, universitarios, parauniversitarios y técnicos, los cuales en conjunto son utilizados por apenas un 4% de la población, pero habrían permitido una recaudación de hasta ¢27.000 millones por año.

Al respecto, el diputado Villalta indicó que habría preferido hacer una distinción para exonerar sólo a la educación privada universitaria; aunque justificó su voto diciendo que una propuesta en esa línea ya había sido rechazada, por lo que prefería tomar esta opción que sí era viable.

“Escuchando las distintas posiciones, hubiera preferido que se mantuviera la exoneración sólo para la educación universitaria privada, que es donde hay una mayor exclusión de estudiantes de escasos recursos en nivel público; sin embargo, la moción 612 que planteaba esto no fue aprobada y, al no ser aprobada, prefiero que se mantenga la exoneración, aunque sea para todas las ramas de la educación privada”, argumentó.

Otra preocupación de Villalta y otros diputados fue que la exoneración cayó encima del texto fiscal, pero no modificó el artículo que le imponía una tasa del 2%. No obstante, todos se dijeron confiados de que la interpretación es clara cuando una decisión se toma posterior a la otra.

“Debe interpretarse así para que tenga sentido, sobre todo tomando en cuenta que esta es una norma posterior y más específica que le cae por encima a la norma general anterior”, señaló en esa línea el socialcristiano Pedro Muñoz.

Golpe en Hacienda

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había pedido revertir varias exoneraciones que se habían hecho al texto fiscal y que drenaron una buena parte de su recaudación proyectada, una súplica que incluso realizó presentándose sin avisar en el Congreso como se lo permite la Constitución Política.

Eso lo hizo el lunes 27 de agosto, apenas cinco días después de que se aprobaran exoneraciones a la canasta básica y la educación privada, las cuales drenaron entre ¢85.000 millones y ¢90.000 millones la recaudación estimada inicial (13%).

La reforma ya se había drenado además otro 27% en las negociaciones, motivo por el que Hacienda advirtió que el texto “ya no era suficiente” y la ministra subrayó que obligaría a tomar medidas más drásticas de las esperadas en el recorte del gasto.

“De no revertir las modificaciones al proyecto, tocará que tomar decisiones difíciles para evitar el ajuste automático que realizarán los mercados (…) quiero que seamos francos con los costarricenses, reducir el tamaño de la reforma es un espejismo de corto plazo, sólo lograremos posponer decisiones que costarán más al país”, les señaló.

No obstante, las solicitudes de Hacienda no fueron escuchadas del todo y apenas consiguieron reintegrar a medias (del 2% al 1%) el gravamen a la canasta básica, que igualmente fue celebrada por la ministra Aguilar, tanto por su valor recaudatorio (¢33.000 millones) como por la reintegrar la trazabilidad de esos bienes y evitar la evasión.

Este es uno de los últimos cambios que se realizan en la comisión fiscal, la cual cerrará labores este jueves y, posteriormente, enviará el texto para que se discutía en el Plenario.

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