Diputados dudan que sea legal “fusionar” contratos de granos y carga en Puerto Caldera

Grupo concesionario de Caldera envió esta semana una carta al presidente Alvarado, “preocupado” por el interés de la empresa emiratí DP World en hacerse cargo de los puertos del Pacífico que ellos operan.

Dos diputados de la Asamblea Legislativa enviaron este mes, por separado, consultas a la Contraloría General de la República para que aclare si es posible y legal la “mutación” de los actuales contratos de concesión y administración con los que se maneja el Puerto de Caldera.

La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, plantearon las dudas ante el ente contralor tras conocerse desde diciembre la intención de la Sociedad Portuaria de Caldera de ampliar las actuales instalaciones con una inversión de $150 millones.

Las conversaciones entre el Gobierno y la concesionaria avanzan mientras aún sigue sin estar listo el Plan Maestro que debe definir la ruta de desarrollo portuario del Pacífico. Para elaborarla se contrató a la empresa holandesa Arcadis.

Ese plan se paga mediante fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, la firma de un convenio entre los Gobiernos de Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos y el interés expreso de la empresa DP World de hacerse cargo de los puertos del Pacífico generaron inquietud en los actuales concesionarios.

El gerente de la Sociedad Portuaria de Caldera, Ricardo Ospina, dijo sobre estos temas que Puerto Caldera presentó a las autoridades un proyecto de modernización, que debe ser evaluado “en su mérito y a la luz del Plan Maestro que ha encargado el gobierno y en consonancia con el marco jurídico que rige a Costa Rica”.

“Nuestra propuesta se basa en nuestra experiencia en la operación de Puerto Caldera, marcada por una gestión eficiente, la seguridad y la continuidad operativa, y en nuestro compromiso con la comunidad y con el desarrollo de Costa Rica”, respondió el gerente mediante un correo electrónico este 26 de junio.

DUDAS DE LEGALIDAD

En la consulta de la diputada Nicolás enviada el 10 de junio se recuerda que Puerto Caldera tiene los puestos de atraque 1, 2 y 3 para la atención de carga general bajo un contrato de concesión de gestión de servicios públicos; mientras que la terminal granelera funciona con otro contrato en la modalidad de concesión de obra pública.

La diferencia entre estos dos contratos hace que el aporte de cada concesionario sea distinto, pues mientras el gestor de la terminal de carga paga al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) un 15% de sus ingresos brutos, la operación de la carga a granel paga un 5%.

Ante estas condiciones, la diputada recordó que el concesionario de Caldera pretende que los dos contratos se reúnan en uno solo y prevalezca el modelo de concesión de obra pública para permitir la inversión en infraestructura y ampliar el plazo del contrato hasta en 50 años.

“Este despacho estima, con mucha preocupación, que lo propuesto por los concesionarios es a todas luces ilegal en la medida que, si bien es cierto a partir del interés público y del principio de mutabilidad se permite modificar en estos contratos, existen condiciones objetivas que impiden el recurso a esta facultad de la administración (…)”, dice la consulta de Nicolás.

La legisladora detalló que fundir estos contratos no es posible pues tienen regímenes tarifarios distintos, pues mientras en el contrato regido por la Ley de Contratación Administrativa las tarifas para el manejo de carga general los aprueba Aresep, en el contrato de carga a granel -bajo concesión de obra pública- las tarifas están fijadas desde el cartel de licitación.

“Eventualmente, la inversión que se aprobaría tendría que ser absorbida por el usuario de carga a granel como consecuencia de esta diversidad en los esquemas tarifarios, con lo cual rompería el principio tarifario de servicio al costo que regula a la Aresep”, indica el documento.

“Como consecuencia de la aplicación del artículo 42 de la Ley de Concesiones que limita el pago del canon anual a un 5% de los ingresos brutos, se le estaría condonando al nuevo concesionario un 10% del pago anual, lo que implica una ventaja competitiva ilegal”, añade.

También advierte que la mutación de contratos dejaría sin ingresos al Incop, de manera semejante a la situación que hoy vive Japdeva, y considera que habría una violación a los principios de “igualdad y libre competencia” en el tanto el concesionario de la terminal granelera estaría en ventaja “indebida” frente a otros eventuales oferentes.

“La consulta la hago en función de la preocupación que tengo como diputada por la calidad del servicio que se ha dado gracias a la concesión que por años ha estado en el puerto de Caldera, donde los puntarenenses no vemos un mayor impacto,  no vemos un mayor beneficio para la provincia gracias a esa concesión”, afirmó Nicolás.

Tres días después, el diputado José María Villalta también envió la consulta a la Contraloría sobre este tema, pues afirma que le preocupa que no se conocen los términos en que se está negociando esta posible ampliación de contratos.

“Nos preocupa bastante como se está manejando lo de Caldera. El Gobierno, sin transparencia, con secretismo, parece avanzar aceleradamente para una modificación y ampliación del contrato de Caldera”, criticó Villalta.

Para el diputado, el Gobierno pretende “estirar” la ley mezclando dos procedimientos que legalmente no son compatibles, para que el concesionario actual tenga un nuevo contrato sin licitación, ni concurso transparente.

“Viendo las irregularidades que se han dado en otras concesiones, lo que ha pasado con APM Terminals y Japdeva, pues buscamos anticiparnos a esas irregularidades y que la contraloría y procuraduría marquen la cancha de lo que es viable y lo que no, porque nos parece que el gobierno está tentado a estirar la ley más allá de lo posible y razonable”, indicó.

Villalta aseguró que en los próximos días enviará una serie de preguntas, pues en su despacho ha recibido denuncias de personas informadas en este asunto, que aseguran que el gobierno del presidente Alvarado ha permitido al concesionario de Caldera una “injerencia indebida” en el proceso de elaboración del Plan Maestro.

CONCESIONARIO INCÓMODO

UNIVERSIDAD tuvo acceso a una carta que dirigió el gerente general de la Sociedad Portuaria de Caldera SPG S.A. y de la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera SPGC S.A., Ricardo Ospina, al presidente Carlos Alvarado. En ella manifiesta la “preocupación” de los directivos y accionistas de estas empresas ante los anuncios relacionados con DP World.

En la carta Ospina agradece a Alvarado la atención que ha prestado a su propuesta de expansión de Puerto Caldera, “que hemos elaborado en conjunto con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Incop”.

“Como es de su conocimiento, las mesas de negociación que se han instaurado con el Incop para la revisión de aspectos legales, financieros y técnicos han avanzado de manera muy importante tanto en el análisis de la viabilidad legal, como en los diferentes análisis técnicos de nuestra propuesta y los borradores del Plan Maestro en lo relativo a Puerto Caldera”, dice Ospina en el documento.

Ante estas conversaciones, en las que incluso Ospina dice haber tenido una reunión en el despacho de Alvarado el pasado 3 de junio, el gerente del operador portuario indicó que les sorprende el anuncio relacionado con la empresa emiratí DP World.

“Sin más detalles, se informó que DP Word presentará ‘una propuesta de inversiones en infraestructura portuaria en el Pacífico central’ y que en esta se vincularía el puerto granelero de Puerto Caldera”, indicó.

Ospina pidió al presidente que gire instrucciones a quien corresponda “para que nos aclare el alcance e intención de este anuncio”, principalmente en lo relacionado a Puerto Caldera.

UNIVERSIDAD consultó al ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, sobre esta inquietud del concesionario, a lo que respondió que las conversaciones “se mantienen, y se mantienen por el órgano competente que es el Incop”.

“Este tema por supuesto determinará una vez que se den esas conversaciones. Al Gobierno le interesa especialmente que tengamos el mejor puerto en las mejores condiciones de eficiencia, de calidad y de servicios, y por supuesto que la propuesta de los concesionarios es parte de ese proceso de revisión por parte del Gobierno”, respondió el ministro.

Sobre el acceso que tiene el concesionario al Plan Maestro portuario, Piza dijo que eso se escapa a su conocimiento y que se trata de un proceso en construcción.

“Lo fundamental es que el concesionario ha planteado la posibilidad de ampliar el Puerto de Caldera y ha ofrecido una renegociación del contrato que ellos administran en relación del Puerto de Caldera, lo fundamental para el Estado es que se garantice un mejor puerto en mejores condiciones y por supuesto respetando los contratos vigentes”, añadió.

 


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