Las y los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa están analizando el proyecto de ley 21.824 para derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales sin tener datos sobre las poblaciones beneficiarias, afiliadas o sobre los rendimientos y características de los fondos.
Así lo señaló Javier Trejos Zelaya, Director de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, quien indicó a la comisión que «llama la atención, haciendo lectura de esto, que no hay datos. Me llamó mucho la atención que podamos revisar esto sin datos, sin información de cuánta gente estamos hablando o cuánto dinero».
La iniciativa, propuesta en la legislatura anterior por Yorleny León (hoy presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social), ordena liquidar los fondos de pensiones complementarias del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Instituto Costarricense de Turismo, Instituto Costarricense de Electricidad y Caja Costarricense del Seguro Social, en beneficio del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que administran operadoras públicas y privadas.
La presidenta de la Comisión, Andrea Álvarez, dijo que en efecto una de las razones por las que el proyecto se trajo de vuelta a comisión es la falta de datos y agregó que se ha pedido a las instituciones enviar sus estudios actuariales.
No obstante, durante la sesión quedó claro que aunque en comparecencias previas sí se han presentado criterios expertos basados en los mencionados estudios, algunas de las diputaciones cuestionan aún esos datos y preferirían tomar decisiones con base en estudios que no necesariamente reflejen la realidad de lo que causará el proyecto.
Por ejemplo, el legislador David Segura de Nueva República, recordó que en la comparecencia de ayer (con jerarcas del Banco Nacional) se dijo que el fondo es superavitario hoy pero que (de liquidarse) tendría un déficit actuarial proyectado de unos ¢100 millones. «No entiendo cómo un fondo al que el estado le inyecta recursos puede tener déficit», dijo.
Cabe destacar que en la sesión mencionada el señor Jaime Murillo, subgerente general del citado banco explicó que ese faltante se generaría por los costos de liquidar la cartera de inversiones y al no haber más ingresos, pero sí, erogaciones por el pago de pensiones.
De seguido, el mismo legislador, apoyado luego por el liberacionista Luis Fernando Mendoza, cuestionó la pertinencia de los estudios actuariales (que prevén erogaciones, ingresos y riesgos a futuro) y consultó si no era mejor consultar estudios financieros.
El director del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA), de la UCR, Luis Barboza, procedió a explicar la elemental diferencia de ambos estudios y a detallar las razones por las cuales los estudios actuariales son los más precisos, por la sencilla razón de que están diseñados para identificar y proyectar riesgos que los estudios financieros (que analizan el estado actual de un fondo) no pueden ver.
Durante la comparecencia, Barboza – quien es actuario – realizó algunos señalamientos técnicos del proyecto como que los cinco regímenes de pensiones especiales de cinco instituciones estatales que, mediante una única vía pretende derogar el proyecto, tienen distintos funcionamientos y orígenes, pues algunos son de beneficio definido o no, y otros tienen esquemas de contribución definida; lo que puede generar complicaciones en el proceso de liquidación.
Además, dijo que las liquidaciones deben especificarse que sean actuariales para que estén bien calculadas y cuestionó que el proyecto establece vías excepcionales para los regímenes de beneficio definido, pero no para los de contribución definida.
Hacia el final de la sesión la diputada Johana Obando consultó a los especialistas si el CIMPA y la UCR podrían analizar los estudios actuariales que entreguen las entidades y presentar un informe, a lo que Trejos Zelaya respondió que sí e indicó que dependiendo de la complejidad y cantidad de datos, quizá unas 10 o 12 semanas luego de su entrega, podrían emitir criterio.
