41 diputados levantaron el último obstáculo entre el país y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): la ley que permitirá crear un Fondo de Garantía de Depósito (expediente 21.717). Dos diputados votaron en contra de su aprobación (José María Villalta del Frente Amplio; Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano).
Este es el tercer y último proyecto relacionado con el tema. A finales de noviembre, la ley fue conciliada con el Poder Ejecutivo; después de que los otros dos fueran objeto de críticas por vulnerar a la banca pública.
Lea: Banca pública aportará a Fondo de Garantía para ahorrantes, acuerdan diputados y Gobierno
Los detractores critican que un fondo común crearía un desnivel en los aportes de la banca pública y privada.
La ley aprobada resolvió con un artículo que crea “tres compartimentos”: uno para las contribuciones de los bancos estatales y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal; otro para “los bancos privados, las sucursales de bancos extranjeros y de las empresas financieras no bancarias”; y, tercero, uno con las cooperativas de ahorro y crédito, de las asociaciones solidaristas supervisadas por la Sugef y las contribuciones de la Caja de Ande”.
Actualmente, la Sugef no vigila asociaciones solidaristas; no obstante, a partir del 2021, ingresarán cinco de ellas que, por ley, deberán entonces aportar al fondo de seguros.
El fondo permitirá amortizar hasta ¢6 millones “por persona y entidad”; sin importar si los ahorros fueron depositados en colones o en dólares.
Cada entidad de ahorros tendrá que depositar un 2% del total de ahorros que administre (“un 2% del total de los pasivos sujetos a encaje o a reserva de liquidez de las entidades contribuyentes”).
La ley indica que el fondo será administrado por “una unidad administrativa del Banco Central (BCCR) independiente del área que administra los pasivos del BCCR”.
En la última discusión por el proyecto, el plenario aplaudió el futuro ingreso del país a la OCDE.
“No es sencillo para un país adoptar legislación que, en función de la transparencia y la competencia comercial, generan condiciones difíciles para sectores muy amplios de la economía nacional que están acostumbrados a otras reglas del juego”, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
La presidenta de la fracción de Liberación Nacional, Silvia Hernández, celebró que el fondo va a proteger a los ahorrantes sin comprometer la “soberanía” de la banca pública.
Por otro lado, Villalta sostuvo sus preocupaciones porque “meten en el mismo saco a la banca privada y a la pública, desconociendo su especificidad, desconociendo la garantía del Estado y la finalidad distinta que deben de tener porque no son instituciones para que sus accionistas se enriquezcan”.
Para Villalta el sistema financiero nacional tiene “problemas más profundos” porque las entidades reguladoras no están haciendo su trabajo.
El diputado Ramos, quien votó a favor del proyecto pese a oponerse a los otros que se tramitaron anteriormente, recordó a los legisladores que la mayoría de países de la OCDE tienen topes para los intereses de créditos, un recordatorio sobre la pendiente ley de usura que tramita el congreso.