Once diputados de las fracciones del Partido Liberal Progresista (PLP) y de Progreso Social Democrático (PPSD) presentaron una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV sobre el proyecto de “Ley para la Promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica”.
De esa forma fue frenada la discusión en segundo debate del expediente 22.392, prevista para la tarde de hoy lunes en el plenario legislativo.
El proyecto de ley que propone crear una ley marco que permitiría la industrialización y el aprovechamiento del hidrógeno verde como una energía limpia, cuenta con el apoyo de las fracciones de Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Frente Amplio.
El hidrógeno verde se produce a través de un procedimiento, en el que usando electricidad producida por fuentes de energía renovables (solar, eólica, geotérmica o de plantas hidroeléctricas) se da un proceso de electrólisis en el agua, en el que se separan las moléculas de hidrógeno y oxígeno.
Consulta de constitucionalidad
Según el texto de la consulta enviada a la Sala IV, el proyecto de ley “no contiene ni remite a estudios económicos que valorice el costo de producción del hidrógeno para poner en operación una planta de mediana o gran producción”.
De acuerdo con los diputados, tampoco presenta estudios técnicos con un análisis comparativo entre la producción hidroeléctrica, eólica o solar, frente al hidrógeno; ni una ponderación del costo de producción; ni estudios que sustenten las normas de funcionamiento, producción, abastecimiento, transporte y distribución de energía de las plantas de hidrógeno verde.
Se consulta el proyecto “ante la ausencia de estudios técnicos que determinen su necesidad, viabilidad y aplicación”, se lee.
También se consulta la posible violación a la propiedad privada y el principio de intangibilidad del patrimonio privado porque el proyecto autoriza a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a usar los comercios privados de expendio de combustible (gasolineras).
Asimismo, explican que hay “incerteza jurídica” en los beneficios y exoneraciones fiscales que plantea el proyecto.
¿Qué dice el proyecto de ley?
La iniciativa de ley, que fue propuesta en el periodo legislativo anterior por el diputado socialcristiano Erwen Masís, propone una serie de beneficios a las personas físicas o jurídicas que realicen una inversión inicial en activos de al menos $150.000.
Propone una serie de incentivos fiscales para promover la producción de hidrógeno verde en el país, a personas físicas y jurídicas por un periodo de 15 años a partir del inicio de la actividad comercial.
Entre estos beneficios están exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), impuesto selectivo de consumo, impuesto sobre el valor aduanero a las mercancías importadas y derechos arancelarios a la importación de bienes, equipos y maquinaria necesarios para producir y transformar hidrógeno verde.
También se exonera a las empresas del impuesto sobre las utilidades y el impuesto sobre la renta. Asimismo, se autoriza a las municipalidades a exonerar a estas personas físicas o jurídicas de tasas y cánones.
El texto del proyecto de ley autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Recope, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) y las cooperativas de electrificación rural para que incursionen en la investigación, producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, suministro, uso final y exportación de hidrógeno verde.
La iniciativa autoriza a todos los generadores de energía eléctrica para que puedan destinar, total o parcialmente, la electricidad generada a la producción y comercialización de hidrógeno verde.
Sobre lo anterior, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cence), determinará, mediante instrumento regulatorio aplicable, las condiciones técnicas y los requisitos para el acceso y la conexión a las redes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “velando por que no se comprometa la calidad del servicio público de suministro de energía eléctrica para los abonados, usuarios, ni la seguridad operativa de este”.
Argumentan su apoyo al proyecto
Durante la sesión del plenario de hoy, la diputada de la Unidad Socialcristiana y jefa de fracción, Daniela Rojas Salas, dijo que quería aclarar algunas de las acusaciones que se han hecho sobre el proyecto de ley. Como asesora legislativa en el periodo legislativo anterior, Rojas participó en la redacción del proyecto.
“Quisiera que me indiquen, con todo respeto, a quién le hice un traje a la medida, que me indiquen alrededor de cuál bufete privado de abogados me senté para hacer un traje a la medida. Eso sí es política tradicional. Hacer acusaciones sin nombres”, dijo Rojas.
Sobre las tarifas diferenciadas, Rojas señaló que ya existe una tarifa diferenciada para industriales y la tarifa de usuario directo para Intel y 20 empresas más de alta tensión.
Con respecto al “monto desmedido” de inversión, que se solicita como requisito para recibir los beneficios, Rojas indicó que es el mismo monto del régimen de Zonas Francas.
La diputada afirmó que no es cierto que el proyecto va a crear un “hueco fiscal” por las exenciones fiscales que propone porque el Gobierno actualmente no está recibiendo esas inversiones por hidrógeno verde. “Que son exoneraciones grandes, sí, efectivamente. Son grandes y son importantes; porque no son permanentes, son temporales; a diferencia de la mayoría de incentivos que hay actualmente como a Zonas Francas, que, además estoy de acuerdo, pero que son permanentes”, destacó Rojas.
Por otra parte, el diputado y jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, explicó a UNIVERSIDAD que las y los diputados de su fracción tienen apertura para hablar sobre el proyecto en esta etapa y hay acuerdo para incluir cambios. Pero que se oponen a excluir al sector público del proyecto de ley, como proponen PLP y PPSD.
“Con lo que no estamos de acuerdo es con las posturas que sostienen que habría que sacar la participación pública del proyecto”, señaló Acuña.
Como se explicó anteriormente, el proyecto autoriza al ICE, CNFL, Recope, ESPH y Jasec a que incursionen en el negocio del hidrógeno verde.
“Justamente ahí es donde está el mayor de los énfasis de parte de los opositores, porque, de manera equivocada me parece, dicen que eso significa pasar un riesgo de los privados al sector público. Lo que pasa es que se autoriza a estas empresas, que tienen una capacidad muy superior sin lugar a dudas, a poder participar, y no quieren que sea así, no quieren que puedan participar”, resaltó Acuña.
Sobre los beneficios, Acuña argumentó: “Ciertamente se incluye un conjunto de beneficios tributarios; pero incluyen un plazo, no son para siempre y los beneficiarios son personas físicas y jurídicas que invierten, por tanto no es solo para los privados. Incluso los (actores) públicos están autorizados para participar y podrían gozar de ese tipo de beneficios”.
Aún no se han definido cuáles serían los requerimientos de energía, potencia y estacionalidad de la electricidad a base de energía renovable que utilizaría la planta de hidrógeno verde.
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