Los liberacionistas María José Corrales y Jorge Fonseca dijeron contar con el apoyo de su fracción para regular la actividad minera; sin embargo, la jefa verdiblanca niega que exista una posición oficial de la bancada sobre el proyecto.

Los diputados del PLN, María José Corrales y Jorge Fonseca, presentaron este miércoles un proyecto de ley con el que intentarán promover la minería de pequeña y mediana escala “ambientalmente responsable” en el país.

Para lograr su objetivo, el texto pretende derogar la Ley 8904 que declaró a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, un interés que ya había quedado explícito en las filas liberacionistas desde enero pasado, cuando difundieron un estudio sobre la situación de Crucitas que recomendaba realizar esa modificación de forma “urgente”.

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Entre otras medidas, el proyecto establece que los permisos mineros sean administrados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), así como la conformación de una entidad fiscalizadora por cada mina, compuesta por funcionarios del Minae, de las municipalidades, de las asociaciones comunales y de ONGs.

En términos económicos, la iniciativa impone un gravamen de un 20% sobre las ventas brutas de todas las concesionarias; dinero que redireccionarían en un 15% para las Pensiones del Régimen No Contributivo, un 10% para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), un 15% para las redes de cuido, un 30% ingresará para los municipios locales y un 15% para la totalidad de los ayuntamientos, de forma proporcional, tomando como referencia el Índice de Desarrollo Social (IDS). .

Consultada sobre cómo podría realizarse un proceso de minería metálica de forma “ambientalmente responsable”, la diputada Corrales afirmó a ‘Universidad’ que dentro del proyecto “se evidencia la necesidad planea de liquidación y control de desechos”, así como “un plan de cierre” de los proyectos mineros.

“Buscamos que sea una forma amigable y sostenible para que se pueda realizar de una forma correcta, buscamos las prácticas más idóneas para el manejo de las sustancias”, indicó.

Además, Corrales destacó la imposición de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) para fiscalizar cada proyecto minero; así como la prohibición expresa del mercurio (a pesar de que ella ya existe en varios convenios internacionales aceptados por Costa Rica).

“Son varios requisitos, no se pueden dar concesiones colindantes, únicamente se pueden girar permisos para 100 hectáreas. Además, se blinda todo desde el permiso concesionario”, afirmó la diputada, quien además señaló que “cualquier actividad humana genera un impacto ambiental” y que “lo que busca (con el proyecto) es que la actividad humana tenga las mejores prácticas posibles”.

Por su parte, el diputado Jorge Fonseca agregó que países como República Dominicana, Panamá y Nicaragua han demostrado que”existe la tecnología necesaria para minimizar el riesgo ambiental y que es muy posible hacer un efectivo control”, de modo que “se puedan aprovechar los recursos que tenemos”.

Asimismo, subrayó que lo que se busca es regular “una actividad que ya existe” y que se desarrolla (ilegal o transitoriamente) en localidades como Crucitas y Abangares, donde las oportunidades de desarrollo parecen escasas.

Según los proponentes, el texto además busca promover formas de empleo, pues al menos dos terceras partes de la planilla de las concesionarias debería contratarse en la misma comunidad donde se realice la explotación de recursos.

¿Es un proyecto del PLN?

En conferencia de prensa, la diputada María José Corrales aseguró que el proyecto legislativo para revivir la minería “goza del apoyo de la fracción” del PLN. No obstante, la jefa verdiblanca, Silvia Hernández, descartó esa afirmación y más bien señaló que no existe una posición oficial de la bancada que dirige sobre la iniciativa.

Según indicó Hernández a través de varios mensajes de texto, la presentación del proyecto sí “fue informada en la fracción el día lunes”, pero no existe “una postura colectiva de la fracción” sobre la iniciativa. “Al estar recién iniciando el proceso legislativo, se irá valorando el contenido por el fondo, pero de momento la fracción no tiene una postura definida”, subrayó.

Las posiciones definidas si llegaron de parte de grupos ambientalistas como la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), entidad que se manifestó totalmente en contra de este nuevo proyecto.

La federación señaló que esta iniciativa es un retroceso en materia ambiental, después de los esfuerzos que permitieron detener la concesión en Cutris de San Carlos (Crucitas) impulsada por el Gobierno de Óscar Arias a la empresa canadiense Infinito Gold.

Según la Federación, las problemáticas sociales en las zonas donde podría promoverse la minería deberían enfocarse en resolver cuestiones estructurales, más allá de aprobar una actividad que desgasta al ambiente.

“Desde las organizaciones ambientales mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella. Apostamos por un modelo que garantice vida digna a las generaciones que aún no han nacido y la minería a cielo abierto no es el camino”, subrayaron.