Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del bloque independiente Nueva República (NR) recomendaron enterrar el expediente 21.017, la iniciativa que propusieron 37 congresistas en octubre pasado para establecer un impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas con ganancias superiores a los ¢250 millones anuales.
Así lo externaron los liberacionistas Roberto Thompson y Karine Niño, el oficialista Luis Ramón Carranza y la independiente Marulin Azofeifa; quienes dieron su recomendación como parte de su informe de la subcomisión de la Comisión de Asuntos Económicos que estudia la iniciativa en el Congreso.
De ellos, los dos liberacionistas (Thompson y Niño) , así como la fabricista (Azofeifa) incluso habían sido parte de los 37 proponentes que firmaron el proyecto; sin embargo, cambiaron de posición conforme avanzaron las semanas. El oficialista Carranza, por su parte, siempre sostuvo su oposición a la iniciativa.
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En el informe, los diputados señalaron que el proyecto pretende “un efecto de recaudación a partir de excedentes”, algo que —según analizaron— refleja “desconocimiento del modelo cooperativo”.
Además, criticaron que la iniciativa no hacía distinciones entre los distintos tipos de cooperativas; al tiempo que establecía una doble imposición a los excedentes, no incluía regulaciones sobre la gobernanza de estas organizaciones y desatendía el artículo 64 de la Constitución Política, según el cual “el Estado deberá promover la creación de cooperativas para el mejor desarrollo de los trabajadores”.
Sin embargo, el principal punto que mencionaron —y que han repetido en los últimos meses— fue una posible inconstitucionalidad del impuestos por una supuesta “doble imposición”, pues el Impuesto sobre la Renta ya grava individualmente a los asociados, aunque no a las instituciones en sí mismas.
“La coopertaiva tiene personería jurídica para actuar a nombre de los miembros, pero todas las ganancias (los excedentes) que produzca la cooperativa no pertenecen a la cooperativa, pertenecen a sus asociados”, indicaron.
Además, señalaron que esos presuntos vicios hacen “insalvable” la iniciativa, pero que un nuevo proyecto podría “ser reorientado no solo a los aspectos de contribución de este sector en materia tributaria sino también en sus condiciones de operación y en el desarrollo de mejores prácticas”.
El proyecto de ley 21.017 también fue analizado por el diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el único de los legisladores en la subcomisión que apoyó continuar con el texto, aunque con algunas restricciones.
Entre ellas, Abarca señaló que su propuesta exoneraría a las cooperativas que brindan servicios públicos regulados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), al tiempo que establecería un 30% de excedentes exentos para que las asociaciones cubran con sus cargas parafiscales.
Un compromiso incumplido
Ambos informes, tanto el negativo de mayoría (PLN, PC, NR) como el afirmativo de minoría (PUSC) ahora pasarán al estudio de la Comisión de Asuntos Económicos, compuesta por los mismos diputados, junto con Giovanni Gómez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Paola Vega, del PAC; Daniel Ulate, del PLN; y Pedro Muñoz, del PUSC.
Esta comisión entonces tendrá que encargarse de decidir qué hace con el proyecto y cómo lo dictamina; sin embargo, de llegar al Plenario, no parece contar con la mejor perspectiva para alcanzar los 38 votos que requeriría.
Así las cosas, la posibilidad de imponer un impuesto a las asociaciones cooperativas parece apagarse, a pesar de que los jefes de fracción del PAC, del PLN, del PRN, del Frente Amplio (FA) y del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) se habían comprometido a “apoyar la aprobación de un proyecto de ley dispensado de todo trámite y que se votara de forma inmediata y posterior” a la recién aprobada reforma fiscal.
Finamente los diputados rechazaron la moción de la diputada @misolisq para gravar a las cooperativas. Por el contrario, PAC, PLN, PRN, FA y otros dos diputados firmaron este acuerdo para trabajar un proyecto que instaure la carga únicamente a grandes cooperativas. @SemanarioU pic.twitter.com/KAUDKRCx77
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) October 3, 2018
Aquel acuerdo había surgido ante el rechazo de una propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda para gravar a las cooperativas como a las pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro del plan tributario; una disposición que también defendió luego el PUSC, a través de una moción de la diputada sancarleña María Inés Solís.
Precisamente Solís señaló que vería como “una vergüenza” absoluta que ahora el proyecto que se presentó no sólo no haya sido dispensado de trámites, sino que además ahora parezca encaminado a ser rechazado.
Según la congresista, esto “generaría muchas dudas sobre la palabra y sobre la congruencia de los diputados”, pues habrían “firmado una cosa para luego quitar la palabra”.
No obstante, la liberacionista Karine Niño señaló que la decisión fue “difícil”,subrayó que se trataba de una acción razonada producto de “un estudio por convicción”.
“Este proyecto no es el proyecto idóneo que debería aplicarse entendiendo el modelo cooperativo, que no se basa en utilidades sino en excedentes. El modelo de las cooperativas no es como el modelo de las empresas, que están en la bolsa y que generan activos, es un modelo totalmente distinto a una sociedad anónima y ese proyecto se hizo como si lo fueran”, subrayó.
Sobre por qué ella y Thompson firmaron el proyecto y ahora recomiendan rechazarlo, la verdiblanca comentó que esto pasó porque inicialmente “había que cumplir con un compromiso, pero eso no quería decir que se fuera a aprobar sin un estudio de construcción, de manera irresponsable”.
“Nosotros hemos estado estudiando esto a diario y, de manera responsable, tomamos una decisión muy difícil de tomar, pero la decisión más responsable, según lo que hemos venido trabajando. Este no es el proyecto, intentamos ver si podíamos hacer un texto sustitutivo, pero la conexidad no daba”, puntualizó.
Doble decepción para Hacienda
La posibilidad de imponer un impuesto a las cooperativas estuvo en la mira del Ministerio de Hacienda desde las discusiones fiscales del año pasado.
La intención de esa cartera era cobrar un impuesto a todas y cada una según sus excedentes: del 5% hasta los primeros ¢5 millones, del 10% hasta los ¢7,5 millones, del 15% hasta los ¢10 millones y del 20% en adelante. No obstante, la medida no fue viable y fracasó en el Congreso.
Ante esta situación, llegó el compromiso de los diputados que rechazaron el impuesto para generar un nuevo proyecto con otra forma de calcular el gravamen, el expediente que actualmente se tramita en el Congreso y que estableció sólo dos tramos: uno del 10% sobre el exceso de ¢250 millones en ganancias y otro del 20% sobre el exceso de ¢750 millones (581 y 1.740 salarios base, respectivamente)
Ante este cambio, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, no ocultó su decpeción y aseguró semanas atrás que el texto gravaría apenas a unas 10 cooperativas de las más de 700 inscritas y de las más de 2.500 que existen. Esto, dijo, “no sólo generaría un muy bajo rendimiento sino que no tendría impacto para el sector”.
No obstante, la jerarca sí estuvo pendiente del proyecto y siempre lo mencionó como una expectativa de recaudación, por lo que una posible caída del mismo podría significar un nuevo golpe para el Ministerio.
En el plano recaudatorio, la primera propuesta de Hacienda esperaba una recaudación cercana a los ¢12.000 millones; mientras que la propuesta de los diputados reducía ese monto a unos ¢6.000 millones y un rechazo de la misma dejaría las manos vacías al Gobierno.
Ante este panorama, la diputada Niño comentó que hay otros aspectos más importantes en las cooperativas que podrían generar mejores rendimientos recaudatorios en los excedentes de los asociados, como “una mayor transparencia e información en la administración de los recursos y las reservas que inciden de forma directa en la cantidad de excedentes que finalmente se distribuyen y se gravan”.
Actualmente, Hacienda cobra un 5% de renta sobre los excedentes que reciben los asociados de las cooperativas —que aumentará progresivamente en 5 puntos por la reforma fiscal—; sin embargo, esa tasa no siempre cubre el grueso de las ganancias de las asociaciones.
Esto es así porque las cooperativas pueden capitalizar sus ganancias si así lo deciden sus socios, por lo que se reduce la cantidad de recursos que se reparten entre los miembros y, por lo tanto, también se reduce la magnitud de la base imponible.
