Un grupo de diputados del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) y los opositores Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron este jueves una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobado en primer debate de la Asamblea Legislativa el pasado 5 de octubre.
La consulta elevada a la Sala Constitucional de la Corte Suprema se suma a una primera consulta que habían presentado diputados de Restauración Nacional (PRN) y el legislador José María a Villalta, del Frente Amplio (PFA), opositores de ese plan de reforma fiscal que impulsa el Gobierno con respaldo de la mayoría de legisladores del PLN y el PUSC.
El proyecto contempla cambios en el impuesto de renta y del valor agregado, entre otras medidas que urge el Gobierno de Carlos Alvarado, para combatir el creciente deficit fiscal que amenaza con desestabilizar las finanzas públicas.
El jefe de bancada del PLN, Carlos Ricardo Benavidez, dijo que unos 30 diputados y diputadas de su partido, del PAC y del PUSC firmaron la consulta nueva facultativa enviada a la Sala IV.
El propósito es saber si las objeciones que hizo Corte Plena al proyecto fiscal la Sala Constitucional las avala o no, señaló Benavidez, en referencia a la opinión emitida por la Corte, que hizo cuatro objeciones al plan fiscal, y advirtió que el proyecto afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial.
“Le pedimos a la Sala Constitucional que determine si las objeciones que planteó la Corte Suprema de Justicia tienen fundamento constitucional o no. Eso es importante para saber si todas lo tienen, o algunas sí y otras no. Eso tiene importante especialmente en el trámite”, explicó Benavidez.
Tras el pronunciamiento de la Corte surgió la duda de si se requiere una votación favorable de 38 votos para aprobar la ley. En el primer debate pasó con 35 votos a favor y 22 en contra.
El trámite legislativo ha atrasado el envío del expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a la Sala Constitucional, que necesita recibir el documento para responder las consultas facultativas presentadas por los diputados.
Según declaró la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, la Secretaría del Directorio ya terminó el proceso sobre la versión final del documento, y se estaba terminando de hacer las copias certificadas que se estarían enviando a más tardar este viernes. Una vez recibido por la Sala IV, los magistrados tienen un mes para evacuar la consulta.
Desde hace días se viene anunciando otra consulta que por presiones de sectores sociales fue preparada por los diputados Walter Muñoz (Integración Nacional) y Dragos Donalescu (Republicano), y que al momento cuenta con nueve de las diez firmas necesarias para poder ser presentada a la Sala IV.
Esta iniciativa también es secundada por Villalta, quien dijo que es sobre aspectos de procedimiento que no se consultaron en la primera consulta y podría ser una tercera consulta que sea enviada al tribunal constitucional.
Lo que plantea son aspectos como falta de publicación del proyecto oportunamente, falta de consulta oportuna, el tema de la afectación a la Corte Suprema y la imposibilidad de aplicar el procedimiento abreviado del artículo 208 – bis que se le dio en primer debate, explicó Villalta.
