El plenario aprobó con 38 votos afirmativos la ley de Presupuesto Nacional para el 2023, con las modificaciones presupuestarias que lograron diputados de oposición en la Comisión de Hacendarios. El presupuesto final recibió 15 votos negativos, este lunes; votaron en contra nueve diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y cuatro del Liberal Progresista (PLP).
La aprobación ocurrió después de que la liberacionista Paulina Ramírez acaparara la discusión del segundo debate con advertencias sobre la sobrestimación que hizo el Gobierno en torno a las necesidades de financiarse con deuda y, por otro lado, la subestimación de la cantidad de ingresos que tiene.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Hacendarios, “venimos ocultando en los datos presupuestarios las verdaderas condiciones del Estado”.
Ramírez destacó que, contrario a lo que se ha informado, las metas con el Fondo Monetario Internacional “se cumplieron más allá de la expectativa” pero que el Gobierno no tiene la suficiente eficiencia para ejecutar el dinero que tiene y, además, persistió en recortes de programas necesarios para compartir la pobreza.
“Todos hemos hablado de que las prioridades no se han demostrado en este presupuesto. Si la ruta del país era seguridad, hubiéramos visto en seguridad un presupuesto diferente. Si la ruta era vivienda, lo hubiéramos notado. Pero no, tenemos datos parecidos al 2022. Lo que quiere decir es que no hemos cambiado prioridades ni de ruta, no estamos abordando el tema tan importante de hoy: la pobreza”, afirmó.
Sobre la información de ingresos, UNIVERSIDAD publicó la semana pasada un reportaje que detalla cómo el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves cuenta con los ingresos tributarios más altos en 15 años y que este “colchón” de dinero continúa desaprovechándose.
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La discusión del presupuesto 2023 estuvo permeada por el argumento de que el Gobierno estimaba que recibiría menos ingresos de los que en realidad tendría.
Asimismo, se han reportado de las carencias que han manifestado distintos jerarcas del Poder Ejecutivo a lo interno de las instituciones a su cargo.
Así, en el caso de educación, para el 2023 se enfrenta un faltante de al menos ¢200.000 millones. Los diputados movieron partidas únicamente para reintegrar ¢4.224 millones para el Ministerio de Educación (MEP), específicamente para programas que ejecuta la Fundación Omar Dengo.
Contra la voluntad del presidente Chaves, los diputados de la Comisión de Hacendarios tomaron dinero del pago de deuda para asignarle más dinero a distintas instituciones públicas.
Por ejemplo, se asignaron ¢500 millones al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam); ¢1.024 millones para el arrendamiento principal del edificio de la Asamblea Legislativa; y ¢26.178 millones para el Ministerio de Salud, que se distribuyen entre el programa para el Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (¢500 millones) y transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (por ¢25.678 millones).
También se restituyeron ¢338 millones a la Contraloría General de la República (CGR); ¢426 millones para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); ¢8.232 millones para el programa de atención de infraestructura vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), específicamente para la adquisición de terrenos para la nueva carretera a San Carlos; y ¢939 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (para ser distribuidos entre protección de la salud fitosanitaria y animal y servicio Nacional de Salud Animal, conocido como Senasa).
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