Los diputados de la Asamblea Legislativa dejaron en firme la versión de la norma de subcapitalización que se disminuyó en la comisión especial que tramitó el proyecto de reforma fiscal, tras rechazar una moción del frenteamplista José María Villalta que pretendía reinstaurar la versión original que planteó Hacienda, basada en una recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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En un inicio, la norma pretendía establecer un tope a los gastos por intereses que las empresas pueden agregar en sus declaraciones de renta de hasta un 20% de sus utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (UAIIDA, por sus siglas en español); sin embargo, las negociaciones con otras corrientes políticas de alto poder en el Congreso terminaron disminuyendo esa redacción en distintos niveles.
La norma era una herramienta para frenar la elusión fiscal; es decir, las maniobras que realizan algunas empresas para pagar menos impuestos a través de vacíos legales, que en este caso se refiera a endeudamientos ficticios que elevan sus reportes de gastos.
La norma se debilitó con indicaciones como la posibilidad de que los contribuyentes pidan a la Administración Tributaria eliminar el tope por condiciones especiales (no definidas), así como la exclusión del límite a las operaciones crediticias para aquellos contribuyentes cuyas deudas sean con entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o por cualquier otra superintendencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Estimaciones de Hacienda en 2016 (con datos del 2015) apuntaban que aplicar la norma con el tope del 20% habría aumentado la recaudación en ¢90.000 millones sólo a partir de los grandes contribuyentes; sin embargo, dicho potencial se drenó con esas nuevas indicaciones.
Esos ¢90.000 millones serían casi tres veces más de lo que se espera recaudar anualmente con el gravamen de un 1% por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica.
En la discusión de esta mañana para reintegrar el impuesto, el diputado Villalta comentó que sin no logró convencer más que a los congresistas del Partido Integración Nacional (PIN), a pesar de que dedicó varios minutos para intentar convencer a los oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) de abandonar el acuerdo que tenían con otras fracciones y también realizó un breve llamado al Partido Liberación Nacional (PLN).
“En la comisión le metieron tijeras (a la norma), la dejaron como un colador y eso lo ha reconocido el Ministerio de Hacienda (…) El exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, en declaraciones dadas el Semanario Universidad, afirmó que cuando el era viceministro estimaban una recaudación de hasta 90.000 millones solo a partir de grandes contribuyentes, sólo que con las normas vigentes ese potencial debió drenarse de manera significativa”, puntualizó en su defensa.
No obstante, finalmente 50 diputados votaron en contra de reintegrar el texto como había sido desarrollado inicialmente.
Negociaciones y “viabilidad política”
Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dejar la norma como inicialmente la propusieron no fue “políticamente viable”, pues negociaciones con otras corrientes políticas y sectores empresariales dieron al traste con cualquier posibilidad de integrar la versión original sin perder apoyos necesarios en la corriente legislativa.
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Según Aguilar, lo mismo pasó con impuestos como la carga de renta a las cooperativas; sin embargo, a diferencia de esa carga, esta no había sido cuantificada entre los posibles ingresos del texto pues ciertamente era “una de las más duras de pasar”.
La oposición a esta norma llegó principalmente de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), las cuales criticaron el efecto que podría tener la medida en emprendedores y pequeños o medianos empresarios.
La oposición de ambos partidos fue insuperable para el Gobierno, que se sentó a discutir con el PLN una nueva redacción del texto, que fue la base de la que finalmente quedó plasmada pues consideraban que no debían limitarse los endeudamientos legítimamente contraídos.
Sí agregaron una cláusula para que la Administración Tributaria pueda revisar la veracidad de los endeudamientos; sin embargo, ahora corresponderá a Hacienda llevar el control, lo que implicará gastos y posibles fugas de los recursos.
Actualmente, la mayoría de diputados del PLN y del PUSC son las que acuerpan el proyecto y podrían abrir la puerta para su aprobación con más de 29 votos; motivo por el que su criterio fue clave y terminó inclinando la balanza.
