Diputados de varias fracciones solicitaron hoy sábado al presidente Carlos Alvarado interponer un veto al decreto legislativo 21.478 del recientemente aprobado proyecto de ley de pesca de arrastre, citando numerosas razones que lo hacen inviable desde el punto de vista jurídico, ambiental, social y económico.
La carta fue firmada por los legisladores Karine Niño, Roberto Thompson, Luis Antonio Aiza, Silvia Hernández y Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional; José María Villalta, del Frente Amplio; Paola Vega, de Acción Ciudadana; y Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional, todos los cuales votaron en contra del proyecto en segundo debate.
“Nos permitimos solicitarle que en el marco de las competencias y potestades que se le asignan constitucionalmente, considere la interposición de un veto al Decreto Legislativo N°21.478, en atención a los compromisos de protección ambiental que usted atiende y promueve, incluso internacionalmente”, se lee en la misiva.
El pasado 22 de octubre, el proyecto «Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica», fue aprobado en segundo debate con 28 votos a favor y 18 en contra. La ley debe ser enviada al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República la firme; pero el mandatario puede vearla e impedir que entre a regir.
El veto ya ha sido solicitado por asociaciones pesqueras, universidades públicas, académicos e investigadores, cámaras turísticas, organizaciones ecologistas y comunitarias, organismos internacionales y ciudadanía en general.
Argumentos
Entre los argumentos expuestos por los legisladores destaca que la pesca de arrastre, que se reactivaría con esta ley, afecta directamente a miles de pescadores artesanales, ya que la reducción de la fauna de acompañamiento capturada por estas redes impide la reproducción de especies juveniles, que aún no han podido reproducirse afectando incluso a las mismas pesquerías de camarón.
También señala que la estructura productiva de la pesca de arrastre perpetúa la desigualdad y feminiza la pobreza pues el 65% de los ingresos generados permanecían en manos de los propietarios de las licencias, quienes en promedio ganaban más de ¢2.8 millones mensuales; mientras que las mujeres peladoras de camarón ganaban en promedio ¢98 mil mensuales, 37 veces menos que los dueños de las licencias, trabajan en la informalidad, sin garantías laborales ni de seguridad social, y de manera temporal.
Destaca que reactivar la pesca de arrastre no brinda respuestas ni soluciones integrales para reactivar la economía ni generar empleo, “es una solución cortoplacista, que afecta la pesca artesanal, al turismo y al medio ambiente”.
La carta indica que la Sala Constitucional señaló que la eficacia de la ley sería condicionada a que se haga una serie de estudios técnicos, cuyo contenido presupuestario es inexistente y dadas las condiciones económicas que atraviesa el país, no hay mayores opciones de financiamiento disponibles. “Nacerá a la vida jurídica una ley que nunca podrá ser eficaz, que no resolverá ninguna problemática social ni jurídica”.
Aquí la carta:
