En un Plenario bastante sereno, diputados de la oposición refutaron los argumentos de la ministra de la Presidencia Laura Fernández de calificar como «abuso de poder» los allanamientos y detenciones de autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y alegaron que en realidad se tratan de procesos contra la corrupción, propios de un sistema con independencia de poderes.
El ambiente legislativo estuvo condicionado por los 28 allanamientos realizados por las autoridades y las detenciones de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, y 7 altos funcionarios de la entidad, por la investigación de sobreprecios por ₡12.400 millones al año en las contrataciones de cooperativas para manejar Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).
Ante esta situación, Casa Presidencial reaccionó con un video en el que la ministra de la Presidencia Laura Fernández calificó los operativos como «show mediático» y «abuso de poder», alegando que la Fiscalía pretendía hacer un uso excesivo de su fuerza para paralizar al Gobierno.
Esto fue refutado por diputados de la oposición, que coincidieron en afirmar que no se trató de un abuso de poder, sino de procesos de investigación contra posibles y muy graves actos de corrupción, que se enmarcan dentro del modelo democrático de separación e independencia de los Supremos Poderes.
«¿Abuso de poder es luchar contra la corrupción?¿Eso es abuso de poder?», criticó la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien cuestionó a Fernández por hablar de un supuesto show mediático, cuando se trata de una práctica que en Casa Presidencial organizan cada miércoles, con las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves.
También la diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio (FA), resaltó que se estaba ante denuncias muy graves, por la magnitud de posibles sobreprecios de un 33% en los contratos, que además se estarían tratando de adjudicar por períodos de diez años, a pesar de que la ley solo permite un máximo de cuatro años. «De todas las rutas, la única que funciona en este Gobierno, es la ruta de la corrupción», declaró Vindas.
Su compañero Jonathan Acuña agregó el país está ante un Gobierno que quiere hacer un negocio de más de ₡12 mil millones al año, a costa de sacrificar la inversión social, y trasladarla a «las billeteras de los amigotes de Zapote».
Acuña aprovechó para denunciar que la misma Esquivel estaba procurando el cierre de un fideicomiso de la CCSS y el Banco de Costa Rica, que se estableció hace siete años, y que estaba por vencer, en cuyo caso, se afectarían «decenas de obras de infraestructura». «De parte de la CCSS, se han dejado decir que no pensaban renovarlo. Antes que construir hospitales y beneficiar a la gente, prefieren hacer de la salud un negocio», dijo el diputado.
También se presentó una breve intervención de la diputada independiente Gloria Navas, quien arremetió contra Fernández, a la que acusó de «hablar sandeces y no tener la menor idea del proceso penal y la acción del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal».
Del oficialismo, únicamente la diputada Ada Acuña tuvo una intervención, luego de una participación para increpar a la Contraloría por el trámite de varios meses para resolver un recurso sobre el presupuesto del SINART. Al final de su discurso, «felicitó» a Olger Sánchez, auditor de la CCSS, por «mandar en tiempo record una denuncia a la Fiscalía», pero no haber tramitado «una fila enorme» de denuncias desde el 2015.
Esto provocó la respuesta de Vindas, quien le recordó a Acuña que se debía pedir la celeridad en todos los procesos contra la corrupción, y la magnitud de los recursos que podrían estarse comprometiendo en los contratos. «Pareciera que son trajes a la medida, en contratos a cooperativas», dijo, para recordar la falta de voluntad del Gobierno en pagar las deudas con la CCSS y la incapacidad de resolver los problemas de listas de espera.
Empero, fueron discursos tranquilos, muy distantes de las exaltadas intervenciones del pasado miércoles, en el que incluso las jefaturas del PLN y el oficialismo se increparon a gritos, entre las recriminaciones por los allanamientos de las autoridades judiciales por otro caso, el de Gandoca Manzanillo, y la llamada telefónica que según denunció Acuña, recibió en altavoz la jefa del oficialismo Pilar Cisneros acerca de «darle con todo» al diputado Ariel Robles, del FA, con la mención de un supuesto pago.
