Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron hoy en primer debate el proyecto de Ley 19.744 de Incentivos y Promoción para el Tansporte Eléctrico, mediante el que se establecen incentivos económicos, de infraestructura y de normativa vial para la sustitución gradual de la flotilla vehicular del país.
El proyecto fue presentado por los oficialistas Marcela Guerrero y Franklin Corella desde octubre del año 2015, momento desde el que navegó por la corriente legislativa hasta votarse esta noche en Plenario.
El documento no estaba pactado para discutirse esta noche; sin embargo, los congresistas aprobaron una moción para discutir el proyecto desde aproximadamente las 4 p.m.
El documento establece como “vehículo eléctrico” a todos aquellos de su tipo con tecnologías de cero emisiones, para los que se fijó la obligatoriedad de que no dispongan de “motores de combustión”.
Específicamente, el proyecto habla de ”todo bien inmueble impulsado por energía 100% eléctrica o con tecnología de cero emisiones (…) en su versión de automóviles, motocicletas, bicicletas, microbueses, buses, trenes y cualquier otro tipo definido por el reglamento de la ley”.
A estos vehículos se aplicarán exoneraciones fiscales por un periodo de al menos cinco años desde la publicación oficial del proyecto, las cuales tendrían un límite de 24 salarios base ($18.000) para autos cuyos precios no sobrepasen los $60.000.
Estos incentivos se aplicarían mediante el impuesto general sobre las ventas, el selectivo de consumo y sobre el valor aduanero, en distintas proporciones según los precios de cada dispositivo.
El proyecto además establece la instalación de centros de recarga por parte de las distribuidoras eléctricas de mayor cantidad de abonados en cada zona, las cuales deberían colocar al menos un centro de carga rápido (o electrolinera) por cada cabecera de provincia.
La idea es que estos centros proliferen hasta alcanzar la mayor parte del territorio nacional que sea posible, con opciones de recarga cada 80 kilómetros en carreteras nacionales y de cada 120 kilómetros en caminos cantonales.
Sobre el proyecto, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, afirmó -como proponente- que “con este proyecto el país entra en un protagonismo contundente contra enfermedades por contaminación y ante la dependencia de los hidrocarburos, algo que resulta costoso en distintos ámbitos”.
“Lo que se está logrando es el resultado de dos años de mucho trabajo y mucho consenso (…) El ahorro sería en factura petrolera, pero además el consumidor tendría ahorros importantes en su bolsillo todos los meses y, adicionalmente, entraríamos en la posibilidad de que vengan a generar empleo las empresas ensambladores”, añadió.
Otros congresistas como el diputado y candidato del Frente Amplio, Edgardo Araya, fueron menos optimistas, aunque aprobaron la propuesta como “un pequeño paso”, pero que no llega para solucionar los problemas de transporte costarricense.
Al respecto, manifestó dudas pues este tipo de autos no son accesibles para toda la población, aunque sí reconoció que parecen un avance concreto “en la dirección correcta”.
En esta línea, comentó que la idea no debe ser”sustituir una presa de vehículos quemando petróleo por una presa de vehículos gastando electricidad”, algo que señaló como una primera aproximación en la materia, pero que deberá ser apoyada por nuevas acciones “ecoeficientes, produciendo más con menos recursos naturales”.
Por su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke, recordó el documento debe pensarse “hacia el futuro” y no precisamente en sus complicaciones actuales, aunque -como dijeron algunos otros diputados- también aseguró que este tipo de iniciativas deben desarrollarse junto con otros esfuerzos alineados en la misma dirección.
Los incentivos
Además de sus ajustes económicos por un periodo de cinco años (en los que se establece una meta de circulación de 100.000 unidades), la iniciativa también incluye incentivos para atraer el uso de este tipo de autos por usuarios particulares, empresas públicas y privadas.
Para ello, se establece una serie de ventajas en materias como la circulación y las cargas empresariales.
En esta línea, el documento fija la aplicación de rebajas a partes y repuestos de vehículos definidos por el Ministerio de Ambiente (MINAE), al tiempo que se exonera a los vehículos del pago total del derecho de circulación (marchamo) por los primeros cinco años desde su entrada.
También, establece que este tipo de vehículos no estén sometidos a los regímenes de restricción vehicular y el pago de parquímetros, algo que además será apoyado con la creación de “parqueos azules” que deberán ser establecidos exclusivamente para este tipo de autos.
Así mismo, contempla una renovación de la flota del Gobierno Central y sus instituciones, de modo que se sustituya al menos un 10% de estos carros por unidades eléctricas.
En materia de empresas privadas, establece la obligación de que las casas importadoras de vehículos ofrezcan modelos eléctricos y servicios de reparación o revisión para este tipo de máquinas, a lo que adhiere un rebajo en las declaraciones del impuesto de la renta para las empresas que por su voluntad sustituyan un 10% de su flota.
Por último, el documento solicita a la banca nacional que implemente líneas de crédito accesibles para la compra de este tipo de autos, siempre y cuando los plazos, las tasas, las garantías y los trámites no comprometan a sus arcas.
Con este cúmulo de medidas, se espera que la oferta sea suficientemente atractiva para sustentar el cambio de paradigma, como un primer paso para el cambio gradual hacia este tipo de autos en carretera.
Por el momento, los cuestionamientos apuntan a la limpieza de la matriz eléctrica costarricense, reconocida como renovable, pero no precisamente “limpia” por ser hidroeléctrica y, por ende, dependiente de embalses.
No obstante, representaciones ambientalistas como Costa Rica Limpia reconocen el proyecto como una avance en materia de descarbonización de la economía.
Según datos del inventario del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el sector transporte es el causante de casi un 70% de las emisiones del país, número que podría reducirse sustancialmente si las medidas planteadas resultan efectivas.
El segundo debate de la propuesta ahora se desarrollará este 30 de noviembre. En la primera votación, se registró una amplia mayoría de 38-2, con la única oposición de los diputados Arguedas y Ramírez del FA.
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