La Asamblea Legislativa aprobaron esta tarde en segundo debate el proyecto de ley de Educación y Formación Técnica Dual (expediente 20.786), la iniciativa que establece un marco normativo para que estudiantes de colegios técnicos, universidades o el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) puedan alternar sus planes de estudios entre las aulas y los sectores productivos.
La votación fue contundente y contó con el respaldo de 49 legisladores, la misma mayoría que ya había aprobado el proyecto en primer debate, cuando —al igual que esta noche— solo se opusieron los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Esos dos diputados representaron a un sector de la ciudadanía disconforme con el proyecto, en el que también se encontraban los sindicatos nacionales de educadores y algunos grupos organizados de estudiantes que también se hicieron presentes esta tarde en la barra de público del Congreso.
Estos sectores alegaban que los estudiantes debían ser respaldados a través de contratos laborales con las empresas, como punto central del proyecto. Sin embargo, esta idea no caló en el Congreso, ni en los sectores empresariales, que siempre defendieron que la relación era meramente académica.
Mientras los detractores del proyecto argumentaban que el estudiante estaría contribuyendo en los procesos productivos de la empresa, las impulsores aseguraban que los jóvenes en cuestión estarían trabajando sino aprendiendo con este modelo.
Todo sobre el proyecto y los argumentos que se mencionaron en primer debate:
El texto de educación dual se encontraba en la corriente legislativa desde el cuatrienio pasado, cuando había sido presentado por el excongresista Ronny Monge, del PLN.
No obstante, este expediente (el 20.786) era apenas una de cinco iniciativas sobre el tema que se encontraban atascados en el Congreso, tal como recordó el legislador Wagner Jiménez (también verdiblanco), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación del Congreso, que retomó su tramitación durante las últimas dos legislaturas.
Esta tarde en el Plenario, Jiménez señaló que quiso impulsar el proyecto especialmente por su experiencia personal, como joven nacido y educado en la Zona Sur, donde dijo haberse formando entre trabajos agropecuarios y el estudio formal.
“Estoy convencido de que los jóvenes no necesitan que los sobreprotejamos, lo que necesitan son opciones reales de educación y de formación de calidad, donde la experiencia es una condición para sobrevivir”.
“Con este proyecto, fruto de reflexiones y debate, entregamos una política auténtica de transición e inserción rápida eficiente de los jóvenes al mundo de trabajo”, concluyó.
Aparte de Jiménez, el texto contaba con el apoyo del Gobierno de la República, encabezado por el mismo presidente Carlos Alvarado, quien incluso lo colocó como una de sus prioridades en las sesiones extraordinarias de agosto.
Según Alvarado, el proyecto no es más que la aceptación de un modelo educativo que “permitiría facilitar el ingreso de las personas jóvenes al mercado laboral, capacitarse y hacer prácticas en centros de trabajo”.
¿Qué dice y qué no dice el proyecto?
Entre sus principales indicaciones, la iniciativa establece que el modelo es totalmente “opcional” para las instituciones educativas y los estudiantes.
Asimismo, señala que su principal objetivo es propiciar procesos de aprendizaje que tomen en cuenta “los requerimientos de los sectores sociales y productivos del país”, de modo que se facilite la posible inserción de los jóvenes en el mercado laboral posteriormente.
El proyecto, sin embargo, no hace una explicación directa de cuáles serían los horarios educativos o los montos de las becas que recibirían los estudiantes, dos factores que se mencionan de forma general, pero que no se detallarían sino hasta la generación de reglamentos concretos de la nueva ley que se confeccionarán después de la firma presidencial.
La iniciativa, sin embargo, sí propone un modelo de financiamiento basado en un aporte del INA y otro de las empresas formadoras, las cuales deberán aportar ¢120.000 por cada estudiante que reciban. Ese monto será ajustado anualmente por inflación; sin embargo, quedarían exoneradas las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Por parte del INA, el aporte fijado tendría que ser de al menos un 1% de su presupuesto, monto que habría ascendido a los ¢1.500 millones con los montos aprobados para este 2019.
El proyecto también establece los principales indicadores que deberán incluirse en los contratos civiles entre estudiantes y empresas; sin embargo, también detalla que los estudiantes podrán romper esos contratos y reubicarse en otras empresas para continuar con sus programas educativos si las empresas rompen alguno de los acuerdos o les afectan de alguna manera concreta.
Asimismo, el texto incluyó una póliza de riesgos para cada participante del programa, así como la posibilidad de que cada centro educativo fiscalice que se cumplan las condiciones necesarias para la implementación correcta de la iniciativa.
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