Diputados de diferentes fracciones cuestionaron los motivos detrás del veto del presidente Rodrigo Chaves sobre el proyecto de ley que permitiría a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar allanamientos todos los días, en cualquier horario.
El veto total sobre la iniciativa, que ya había sido aprobada en el Congreso, fue anunciado este miércoles por el Ejecutivo. Según la información brindada a los medios, el Gobierno tomó la medida por motivos de constitucionalidad, por lo cual ahora deberá enviarse a la Sala Constitucional para determinar si es posible un resello.
“Como presidente de la República no voy a firmar una ley más que le dé más instrumentos a esos señores para seguir amedrentando, aplicando la ley como les parece y a quienes les parece. […] Uno no le da alas a animales ponzoñosos”, dijo Chaves en el espacio que el Gobierno denomina “conferencia de prensa”.
Tras conocer la decisión, legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) aseguraron que el mandatario puso su “rencilla personal” con el Poder Judicial por encima de la seguridad de los costarricenses.
“Son más contradictorias y lamentables las declaraciones del presidente, diciendo que no le va a dar más potestades al Poder Judicial. Esto no se trata de las rencillas personales y la campaña política permanente que tiene el Gobierno. Se trata de la seguridad de la gente. El Gobierno tienen mucho miedo de los allanamientos, por razones que no conocemos, pero sí es muy curioso que el este veto llegue un día de después de que se realizan allanamientos por un caso de corrupción de esta administración”, apuntó la liberacionista Montserrat Ruiz, proponente del proyecto.
La diputada agregó que la propuesta es “absolutamente necesaria y urgente” para el combate del crimen organizado en el país: “El veto total interpuesto por el Gobierno de la República es absolutamente contradictorio, incongruente y con argumentos carentes de sustento”, indicó.
Por otro lado, la fracción del PUSC, en un comunicado conjunto, lamentó que Chaves “le niegue al país herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico”.
“Esta decisión responde más a una maniobra del Poder Ejecutivo en su disputa con la Fiscalía y el OIJ, que a un acto responsable orientado a proteger la seguridad de los costarricenses”, anotó la bancada socialcristiana.
En la misma línea, el jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, afirmó que “en momentos críticos como los que vive el país” esta iniciativa es una “herramienta crucial para fortalecer la investigación penal”.
Tanto Ruiz como el PUSC manifestaron su intención de que el proyecto se convierta en ley, por lo cual apoyarán el resello.
De igual forma, la diputada independiente Johana Obando resaltó la “contradicción” de la oficialista Pilar Cisneros, quien impulsó el proyecto de ley pero “ahora se alía con Chaves para vetarlo, bajo la excusa de que se está persiguiendo al presidente”.
“Lo que no aclara Rodrigo Chaves es que lo que se persigue son los actos de corrupción que él y sus ministros han ejecutado y Chaves lo que busca es protegerse a él mismo y a sus redes de cuido corruptas. Este veto favorece al crimen organizado en medio de la peor crisis de inseguridad que ha enfrentado Costa Rica; es inaceptable que haya tomado esta decisión”, señaló Obando.
También el frenteamplista Jonathan Acuña fue crítico con el veto, durante la sesión del Plenario de este miércoles, en la que llegó a decir que a Chaves “le ha dado una fiebre de dictadorzuelo”.
“Queda absolutamente claro que, mientras esta Asamblea Legislativa sigue haciendo esfuerzos para combatir la inseguridad, por las dos vías, en las medidas que son directamente punitivas, pero también en las medidas que son de orden preventivo, porque hemos intentado aumentar la inversión social, aumentar la inversión en educación; mientras hacemos eso, «papá Chaves» le ha realizado un hermoso regalito a los delincuentes”, apuntaló el diputado.
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Roxana Chacón aprovechó para reeditar sus críticas a la jurisdicción penal por el tiempo que toman causas por violencia sexual, mientras que Patricia Solano volvió a insistir en las consecuencias de aprobar proyectos de ley sin sustento presupuestario.
