Representantes de los ministerios de Ambiente y Pesca y Acuicultura, y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) reconocieron que detrás de las denuncias de robo de combustibles se encontraría el crimen organizado, pero minimizaron tanto su impacto, como la responsabilidad de su institución en la contención de estas situaciones, lo que incomodó a los diputados de la Comisión de Energía, que reclamaron “poca claridad” tanto en cifras como en la respuesta a estas situaciones.
“Con respecto a estas situaciones, me quedan muchas dudas, demasiadas”, declaró la presidenta de la comisión, la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). La diputada Katia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP) fue más enfática, reclamando a los jerarcas información con análisis, e incluso concluyó que en materia del combustible subsidiado a pescadores, existe un enorme desorden.
Las denuncias provenían de anteriores comparecencias a la comisión, particularmente de la audiencia del 3 de noviembre a la Asociación de Distribuidores Peddlers de Combustibles. En esa sesión, el presidente Gustavo Madrigal denunció que los subsidios para pescadores representaban un promedio mensual de ₡416 millones, pero que no les llegaba a este sector. También indicó posibles anomalías con la mezcla de kerosén y diésel, y que ante estas situaciones, había conocimiento de RECOPE, el Ministerio de Ambiente (como rector del sector) y de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), pero que “se lavaban las manos”.
Ante ello, la comisión convocó a los ministros Franz Tattembach (Ambiente) y Geiner Méndez (Pesca y Acuicultura), y a Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de RECOPE, para referir en forma conjunta la respuesta institucional ante estas situaciones. Pero los legisladores no quedaron satisfechos con las respuestas.
Quesada especificó que el 75% de las tomas ilegales al poliducto de RECOPE son de flujo controlado; es decir, una perforación sofisticada, con equipos. “No es el seguetazo, hablamos de perforaciones con válvulas, mangueras, de crimen organizado”, dijo.
Quedada agregó que desde el 2016, se presentaron 986 tomas ilegales, de las cuales se sustrajeron 21.677 metros cúbicos (136 mil barriles). Sin embargo, indicó que se trata de un 0,14% con respecto al porcentaje de ventas de RECOPE, y que es una cifra que se viene reduciendo. Y con respecto a las denuncias, indicó que no todas se presentan ante tribunales, porque son pequeñas o no se puede determinar quién la realizó. De los casos que se denunciaron, 441, especificó que solo 246 están activos ante el Ministerio Público, y que apenas se han logrado 13 condenas.
Méndez dio declaraciones que sorprendieron más a la comisión: aseguró que realizan inspecciones regulares, pero que no tenían ninguna información de situaciones irregulares en materia de los subsidios al combustible de pescadores. “Si tuviéramos una noticia real, créanme que vamos a utilizar todos los recursos necesarios para sancionar, pero al día de hoy, no tenemos ninguna noticia certera que nos diga que el combustible no llega al sector pesquero”.
También inquietó a los diputados las cifras que Méndez manejó, en el sentido de que el subsidio mensual representaba un promedio de ₡70,3 millones mensuales. “Tenemos una información del ministerio de Hacienda que indica que lo que deja de percibir el Estado por este subsidio es de ₡4 mil millones, no cierran estos números”, manifestó Rojas.
Por su parte, Quesada enfatizó en que RECOPE es un actor del sistema, y que no era fiscalizador, algo que también alegó con respecto a las denuncias por el posible uso indebido del kerosén. “Nosotros entregamos la información a ARESEP, para que pueda cumplir con su rol de fiscalizador… no es que nos hagamos de la vista gorda, que nos quitemos el tiro, es que desde el punto de vista legal, RECOPE no puede ir a perseguir el uso que se da al combustible”, dijo.
En ese sentido, también Méndez indicó que una vez que se entrega el combustible a los pescadores o al centro de acopio definido para su distribución, ya escapa de las manos de INCOPESCA el uso que se le pueda dar.
Rodríguez por su parte, destacó que al inicio de la administración encontraron situaciones sin resolver, entre ellas, la falta de reglamentación de la ley 9852 sobre apropiación ilícita, que es necesaria para tipificar el delito penal y permitir acciones efectivas del Ministerio Público y el OIJ “y ya está por recibir las firmas finales para ir a Casa Presidencial”. Asimismo, que estaba pendiente acciones como el registro de tanques de autoconsumo.
También señaló que se han realizado reuniones de coordinación entre las diferentes instituciones para abordar estos temas, y que entre las medidas que se barajan están cambios al sistema de la entrega de combustible subsidiado a los pescadores, mediante un nuevo mecanismo, pero que es un tema en proceso.
Ante este panorama, Rojas, Cambronero y los diputados Luis Fernando Mendoza, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Ariel Robles, del Frente Amplio, comentaron que todavía persistían fuertes dudas sobre la materia, y afirmaron que la responsabilidad en esta materia debía ser más allá de realizar un reporte, porque existían recursos públicos que estaban en riesgo.
