Al menos tres diputados acuerpan las peticiones del personal de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que el Gobierno atienda urgentemente el colapso de los hospitales públicos en el marco de altas cifras de contagio y fallecimientos por COVID-19.
Ante consulta de este semanario, manifestaron estar preocupados el diputado Wálter Muñoz del Partido Integración Nacional, José María Villalta del Frente Amplio y Shirley Díaz, recientemente separada de la Unidad Socialcristiana por el descuido de los temas de la Caja en el congreso.
“Es inconcebible que, en medio de una pandemia, y en medio de una crisis financiera tan grande como la que está viviendo la Caja, se hayan atrevido los diputados de la República a no darle la importancia de primer orden que había que darle, para mantener abierta la Comisión de la Caja. Eso es inadmisible e imperdonable”, acusó Díaz en la entrevista.
La diputada manifiesta que la Comisión investigadora de la Caja fue el primer órgano legislativo que señaló la lentitud de la vacunación contra el COVID-19 en el país y, también, atendió el “mal manejo de recursos con casos de corrupción”, dentro de los que habló sobre la compra de mascarillas y la participación de las gerencias de la CCSS en una denuncia judicial.
Díaz manifestó que la atención de las autoridades del Gobierno es un “desastre” y que, este viernes, a la luz de los reclamos del sector público de salud, aún no hay rendición de cuentas sobre el tema.
Directores de hospitales y centros de salud alertan sobre saturación y piden medidas contra COVID-19
Manifestaron especial preocupación por la liberación de restricciones en una “época de mayor posibilidad de interacciones sociales, y con un altísimo riesgo de incremento de contagios, hospitalizaciones y muertes”, especialmente porque el sistema de salud aún no se ha recuperado de la pasada ola pandémica.
“El Ministro, si no dejó prevista la situación de emergencia, tiene que ver qué hace. Si sale del país o sale de vacaciones en un momento en el que tenemos una crisis de salud tan grande con el COVID-19, lo lógico es que deje prevista la situación. Si no la dejó prevista, lógicamente tiene que suspender su descanso y venir a dar la cara”, dijo Díaz sobre la ausencia del ministro Daniel Salas este viernes por estar de vacaciones.
“Si estamos en el momento más crítico, ninguna autoridad de Salud debe de tomar vacaciones. Al contrario, debería posponer sus vacaciones y hacer frente a medidas con el conocimiento que debe tener. Medidas sanitarias que en otros países se han hecho para evitar que el colapso continue y el desorden también”, afirmó Wálter Muñoz, el legislador que presidió la Comisión de la Caja desde el 2020 y hasta su disolución en el mes de agosto.
Según dijo, su fracción del PIN pedirá que el ministro Daniel Salas regrese al plenario a dar cuentas por el lento avance de la vacunación.
“Haré una moción para que Salas comparezca porque el número de fallecimientos va a continuar y el número de camas ocupadas va a continuar, mientras no se tomen las medidas preventivas como cualquier manejo que se haría con un problema que tiene casi un año. Casi un año viene el sistema de salud colapsando y nosotros advirtiendo de los altos costos que implica para la seguridad social. El seguro de salud va a ser insolvente. Está demostrado que no tiene capacidad de sostén, de acuerdo con el informe de investigación que nosotros presentamos”, afirmó Muñoz.
La diputada Shirley Díaz coincidió con la convocatoria y solicita que Salas y, también, el presidente de la Caja, Román Macaya, acudan a la Asamblea Legislativa.
“Ellos son los máximos representante de la administración activa. Son los responsables de darle cuenta a Costa Rica de qué es lo que está sucediendo, tanto con la Caja como con el tema de la vacunación”, afirmó Díaz.
Preocupaciones abarcan vacunación, prevención y presupuesto
Ante la baja vacunación, Wálter Muñoz sostiene que el colapso del sistema público “Es un tema lamentable pero predecible”.
“No deberíamos estar en esta situación si la campaña hubiera aprovechado los recursos que tuvo, por ejemplo, la Mesa Patriótica. Se abrió para que entrara el Colegio de Médicos, con cooperación de la Iglesia Católica y otras iglesias, para que hubiesen centros de vacunación masiva y se pudiesen llevar adelante una vacunación más eficaz”, afirmó la diputada Shirley Díaz.
El diputado Muñoz acusa de “contradictorio” el manejo de las medidas preventivas que tratan por igual a personas sanas, con factores de riesgo y sanas.
“La falta de conocimiento los llevó a tratarlos todos igual. Dejaron a la libre el tema de la restricciones, aumentando el aforo en muchas actividades, lo cual ha hecho que la gente piense que la situación ha mejorado y, por el contrario, hemos venido a aumento que se proyectan 3500 casos diarios. Se ha actuado no solo de forma irresponsable sino desordenada”, dijo Muñoz.
El frenteamplista José María Villalta asegura que “El Gobierno ha sido errático e incongruente” con las medidas de los cierres, por lo que “están enviando señales contradictorias a la población” ahora que el sistema de salud está socavado.
“No aplican las mismas medidas, relajan las medidas que existen y eso hace imposible combatir la pandemia porque no se aplican criterios objetivos y científicos, sino responden a presiones del momento”, explicó.
Villalta asegura que existen presiones para que el Estado financie la atención privada como si fuera un “negocio”.
“Hemos visto una presión para que la Caja les pague a los hospitales privados por atender pacientes, pensando como un negocio privado la emergencia que estamos viviendo. El Gobierno, el Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Emergencias deben aportar urgentemente recursos a la Caja y debe regularse esto, aplicando la Ley General de Salud”, afirmó Villalta.
El frentemplista criticó que sigue pendiente de su pago los “más de ¢6 billones de colones que debe el Estado a la Caja por el traslado de recursos del primer nivel del Ministerio de Salud a la Caja”.
El diputado también critica que la falta de diversidad de vacunas “nos llevó a que mucha gente llegara a infectarse”, también fustiga que se “negó el uso de antivirales” y esto incidió en la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) “que hoy ya tienen 475 personas, teniendo una capacidad solo de 359 y con un número de fallecimientos que que superan los 5.700 y eso es una tasa por 100.000 habitantes bastante alta”.
“Las autoridades del Gobierno deben atender, con la mayor seriedad, el llamado desesperado que están haciendo los directores de centros hospitalarios de todo el país, los funcionarios de la Caja, médicos, enfermeras, y todo el personal que está colapsado”, afirmó Villalta.
Muñoz pide atención para el millón de personas que son hipertensas y el medio millón de diabéticos, enfermedades que saturan los servicios hospitalarios.
“La Caja ha descuidado la atención de los otros grupos de pacientes enfermos y que debería activar fuertemente los grupos de control de estas personas en los ebais de todo el país para lograr evitar que más diabéticos, hipertensos o personas que tienen padecimientos oncológicos lleguen a los hospitales”, afirmó Muñoz que también pide detección temprana en centros de primer y segundo nivel (ebais y clínicas nacionales), así como facilidades de testeo por COVID-19.
