Diputados critican a dos puntas: daños por huelga y torpeza de Gobierno para lograr diálogo

Desde sus respectivos discursos, las bancadas de oposición condenaron los efectos negativos de las manifestaciones; sin embargo, también cuestionaron al Gobierno por sus problemas para encauzar el diálogo y para emplear la fuerza.

Los diputados de oposición en la Asamblea Legislativa censuraron los bloqueos y la parálisis en algunos servicios que han provocado las manifestaciones de los últimos días; sin embargo, también cuestionaron al Gobierno por sus dificultades para encauzar el diálogo y para emplear la fuerza cuando lo han considerado necesario.

En cuanto a los bloqueos y la parálisis, el discurso ha sido mayoritario en el Congreso, donde al menos diputados de las tres principales bancadas de oposición han manifestado su disgusto por las dificultades en la prestación de servicios esenciales y la obstaculización del libre tránsito.

No obstante, incluso a pesar de que la molestia es casi generalizada, las perspectivas enfocan de manera distinta.

Por un lado, el Partido Liberación Nacional (PLN) ha sido más crítico con las representaciones sindicales, a quienes su jefe, Carlos Ricardo Benavides, apunta por “la forma en la que han venido dañando el libre tránsito y el sabotaje del que han sido objeto algunos bienes del Estado”.

Según Benavides, si bien es imposible responsabilizar directamente a los grupos, “hay dos formas de comportarse, una es realizando la acción en concreto y otra instigando a la gente”, algo que considera notorio “dentro de las manifestaciones de algunos líderes sindicales y de algunos políticos”.

En esa línea, exigieron al Gobierno “aplicar las medidas necesarias para restablecer el orden público”, cuando sea necesario.

Los liberacionistas han adoptado como línea de partido no reunirse con representantes sindicales mientras mantengan la huelga, aunque la puntarenense Franggi Nicolás rompió esa línea de partido argumentando la necesidad de dialogar con los sectores.

Similar a la posición del PLN, ya se habían manifestado representantes el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como el legislador Pedro Muñoz, quien destacó el valor de la huelga como un derecho constitucional, pero advirtió desde un inicio sobre la necesidad de que fueran “pacíficas y respetuosas, sin afectar los derechos de los demás a trabajar y trasladarse”.

En esa línea, la bancada socialcristiana impulsó este lunes “un voto de apoyo y respaldo absoluto” a la Fuerza Pública, en medio de los acontecimientos de las últimas semanas, en las que se han dedicado a contener las manifestaciones, aunque en medio de críticas por presuntas agresiones como LAS registradas por UNIVERSIDAD en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) tras un bloqueo estudiantil en las rutas de San Pedro.

Por su parte, Restauración Nacional (PRN) ha sostenido un discurso mucho más cauto, que más bien se enfoca en el Ejecutivo.

Según los restauracionistas, la actuación del gobierno ha sido igual de “lamentable” que los hechos que se reprochan, pues —según Carlos Avendaño, jefe de fracción— el Ejecutivo ha sido ineficaz para establecer canales de diálogo.

Tanto Avendaño como otros diputados de su partido han salido a saludar y a recibir los aplausos de algunos manifestantes en las inmediaciones del Congreso; aunque puertas adentro han reprochado algunas actuaciones de estos sectores y han manifestado que todavía no toman una decisión final sobre el plan fiscal.

Otras críticas

Otro diputado que ha manifestado su repudio a los posibles actos de vandalismo que han surgido en el contexto de la huelga ha sido el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, quien, eso sí, acusa a “voces en el Gobierno” de dificultar el diálogo y buscar la confrontación.

Según Villalta, las manifestaciones han evidenciado la necesidad de sentarse a negociar y ve con buenos ojos los acercamientos que han ocurrido en las últimas horas para que eso suceda; sin embargo, señala que el Gobierno ha sido “intransigente” por no haber abierto las condiciones antes y seguir impulsando el proyecto fiscal, como si nada pasara en las calles.

“Nosotros apoyamos el llamado al diálogo que han hecho diversas fracciones legislativas, que se haga una pausa en la discusión del expediente 20.580 y que se escuche a los sectores que no han sido escuchados, pero hay gente en el Gobierno que no quiere que haya diálogo”, afirmó este martes en la sesión ordinaria del Plenario legislativo.

También había tachado de “intransigente” al Gobierno otro de los máximos opositores al proyecto, el jefe del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz, quien fue enfático en apuntar que los disturbios son un reflejo de esa ineficiencia.

Estas críticas no han sido compartidas por el oficialismo, que más bien afirma que siempre han mantenido las puertas abiertas, como reiteró este lunes el diputado y exministro de Trabajo, Víctor Morales, quien señaló que “el Poder Ejecutivo ha sido absolutamente claro y contundente en la necesidad de abrir un espacio”.

Lo que varían, ha dicho Villalta, son las condiciones. “Dicen que quieren diálogo, pero que siga la reforma”, dijo recientemente en una tarima de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) frente al Congreso.

¿Constitucionalidad?

Sobre las llamadas al diálogo y las propuestas para detener el plan fiscal, han surgido preguntas sobre los efectos que tendría esa pausa en materia de constitucionalidad por respeto al procedimiento.

Las últimas dos reformas fiscales que pasaron por el Congreso se cayeron en la etapa de consulta a la Sala IV, algo que sigue generando murmullos en la Asamblea.

No obstante, quienes impulsan estas pausas alegan que existen procedimientos para ello, como tardar más en la declaración de admisibilidad de las mociones de reiteración que actualmente realiza la presidenta legislativa Carolina Hidalgo.

En esa línea, el diputado del Frente Amplio, Villalta, le rogó a Hidalgo actuar sin mayor prisa, justo en la sesión del Plenario de este martes, cuando se desarrollaba la primera reunión entre representantes de Gobierno y los sindicatos con la mediación de la Iglesia Católica.

De cualquier manera, el jefe oficialista, Víctor Morales, indicó que analizarán todas las opciones; aunque lo cierto es que “siguen muy interesados en blindar el procedimiento y estar absolutamente seguros de que no va a haber dificultades luego de constitucionalidad”.


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