Un “error” aprobado por la Asamblea Legislativa amarra la ejecución de los recursos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) hasta la fecha. Este jueves, los diputados aprobaron ¢28.000 millones dentro de un cuarto presupuesto extraordinario, que pretende enmendar el caso.
Según denunciaron diputados, la afectación congeló la aprobación de nuevos bonos de vivienda social.
El diputado José María Villalta (Frente Amplio) presentó datos de la institución. Afirmó que existen 3.357 casos individuales de peticiones para bonos que están congelados a la espera del dinero.
“En el peor momento de crisis económica está suspendida la recepción de nuevas solicitudes de bonos de vivienda, por parte del Banvhi. Prácticamente, en todo lo que va del 2021, no se ha aprobado ningún proyecto de vivienda nuevo”, dijo Villalta.
La situación del Banvhi fue provocada por dos situaciones distintas, la primera de ellas en el congreso y, posteriormente, en el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con un comunicado de la institución, “el resto del presupuesto para bonos de vivienda disponible para este año ya está comprometido, en casos individuales y proyectos habitacionales”, razón por la que está suspendido “temporalmente, la recepción de solicitudes de bono familiar de vivienda, tanto en la modalidad de bono ordinario como al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)”.
“Quiero creer que fue un error de la Asamblea Legislativa, un error que nadie va a reconocer (…) El Ministerio de Hacienda se aprovecha de ese error legislativo para decir que no puede girar los recursos”, explicó Villalta.
Villalta explicó que durante la aprobación del presupuesto del 2021, los diputados afectaron una redacción que entregaba los recursos a la unidad ejecutora del Bono Familiar del Vivienda: el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi). En su lugar, quedó a cargo del dinero el órgano del Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda.
Esa redacción cambió tras pasar una moción recortista que redujo en ¢162 mil millones el presupuesto y que, además, congeló nombramientos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública.
No obstante, el problema presupuestario del Banvhi pudo resolverse mediante una declaración firmada por el Ministerio de Hacienda en un decreto ejecutivo.
“La Contraloría General dijo, sin ninguna duda, que este error se podía corregir mediante Decreto Ejecutivo. El Poder Ejecutivo optó por darle la espalda a 3.550 familias y nos puso a nosotros la oportunidad de enmendar un error que ellos podrían haberlo hecho”, afirmó el socialcristiano Pedro Muñoz quien persigue una denuncia penal contra el ministro de Hacienda, Elián Villegas, por incumplimiento de su función pública.
“Por un lado, el error o la imprecisión legislativa. Por otra parte, la falta de voluntad política de Hacienda. Yo creo que se juntó el hambre con las ganas de comer: la irresponsabilidad de los recortes de escritorio de la Asamblea Legislativa, y ese mismo ímpetu recortista del Ministerio de Hacienda”, afirmó el diputado Villalta.
Este cambio en el presupuesto 2021, es la tercera modificación que pretende incidir en las consecuencias de la moción recortista.
El cambio presupuestario en favor del Banvhi recibió 44 votos a favor y uno en contra (Erick Rodríguez). La próxima semana recibirá segundo debate, antes de ser firmado por el presidente Carlos Alvarado y ser publicado en La Gaceta.
Situación de Banvhi afecta provincias sin diputados oficialistas
El socialcristiano Óscar Cascante acusó que la mayoría de recursos que invierte el Banvhi están colocados fuera de la Gran Área Metropolitana: en Puntarenas, Guanacaste y Limón.
“Resulta que el 70% del presupuesto de vivienda que ejecuta el Banhvi se aplica en Nandayure, Nicoya, Puntarenas, Limón y Liberia, donde hay un proyecto de 200 viviendas ocupando presupuesto Tengamos claro por dónde viene el recorte, a dónde afecta menos el voto cautivo y estamos en un año electoral”, afirmó Cascante.
El socialcristiano acusó a la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) de votar en contra de una moción que obliga al Gobierno a hacer el giro del dinero de forma inmediata. La moción se aprobó en la Comisión de Hacendarios, en la que participan las diputadas Laura Guido y Nielsen Pérez.
De acuerdo con Cascante, las diputadas votaron en contra de presionar al Gobierno para trasladar los recursos de forma inmediata. El socialcristiano mencionó que la fracción del PAC no tiene diputados fuera de la región central del país.
¿Cuáles cambios presupuestarios se han aprobado hasta ahora?
El 21 de enero, los diputados aprobaron ¢40.500 millones para comprar vacunas contra el COVID-19.
El 11 de febrero, la Asamblea Legislativa arregló una norma presupuestaria (la 12) que obligaba congelar plazas vacantes y cerrarlas. Esta norma afectó la operación del Ministerio de Educación Pública (con impactos sobre 20.000 estudiantes del país); la Fuerza Pública y hasta la misma Asamblea Legislativa, entre otros.
El 18 de febrero, los diputados aprobaron incluir ¢21 mil millones para financiar gastos operativos del Ministerio de Seguridad (entre ellos para comprar chalecos antibalas y pagar los servicios de luz y agua de Delegaciones policiales) y de Justicia. De este monto, se repusieron ¢5.000 millones de la moción de recorte que aplicó la Asamblea Legislativa al presupuesto del 2021; y los otros ¢16.000 para resolver recortes asignados por el Ministerio de Hacienda.
El 11 de marzo, los diputados devolvieron ¢153 mil millones al gasto público del Gobierno. De estos, se giraron ¢36.780 millones exclusivamente para instituciones sociales, un compromiso que fue adquirido por el Gobierno para cumplir con solicitudes de inversión social del Fondo Monetario Internacional (FMI).