Los diputados de la comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior aprobaron una moción para convocar a cámaras, empresas e instituciones, con el fin de solicitarles información sobre las consecuencias generadas por el decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT en el desarrollo de la telefonía móvil de quinta generación (5G) en el país.
La moción fue presentada por la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio (FA) y Monserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional (PLN) ante la comisión, y contó con el voto de cinco legisladores, con la excepción del oficialista Daniel Vargas.
Según la propuesta, se llamará a audiencia a representantes de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), la Comisión para la promoción de la competencia (Coprocom), el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, el Centro Internacional de Política Sostenibles para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las empresas Claro y Liberty.
“Es fundamental dar seguimiento al impacto provocado por ese decreto, que atrasó la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica, creo que es el momento de evaluar los sobrecostos en infraestructura, la demora en tiempo, el impacto para los usuarios y si es posible determinar las consecuencias para la competitividad en el país”, explicó la diputada Guillén.
El decreto 44196-MSP-MICITT fue publicado en La Gaceta del 31 de agosto del 2023, para definir los requisitos de ciberseguridad para el desarrollo de obras y servicios relacionados con la tecnología 5G, pero de una manera que se ubicó más dentro del campo de la geopolítica, que de los criterios tecnológicos.
El decreto estableció la obligación de que no se pueden contratar servicios de 5G con empresas provenientes de países que no hubiesen ratificado el convenio de Budapest sobre ciberseguridad. Eso deja por fuera las compañías de China, pero también, en principio, otros países como Corea del Sur, Singapur, Suecia y Brasil, que son parte de los más de 100 países que no han firmado el acuerdo.
Ello implicaba que cinco de las ocho compañías líderes en el desarrollo de 5G están vedadas de licitar en Costa Rica para proyectos para quinta generación. También ponía a Costa Rica en sintonía con los esfuerzos de Estados Unidos en el mundo -y particularmente entre países aliados- para vetar las empresas vinculadas con China en el campo tecnológico.
Y en noviembre del 2023, un estudio de CINPE concluyó que el decreto podría retrasar la implementación de la tecnología 5G por cuatro años en Costa Rica, además de aumentar los requerimientos de inversión y las tarifas en un 40%.
“Esta comisión abrió el debate sobre 5G en su momento, es oportuno que estas instituciones vengan a referirse a las situaciones que estamos viviendo”, indicó Ruiz.
La moción únicamente fue rebatida por Vargas, quien alegó que el hecho de que el debate se hubiera iniciado en la comisión, no implicaba que debía continuar en ella. “Es una discusión tecnológica, esta es la comisión de relaciones internacionales, ya hicimos un abordaje en su momento con los ministros de Comercio Exterior y con la Cancillería, lo que proponen debería verse en la comisión de Ciencia y Tecnología, si fuera el caso”, dijo.
Esto fue rebatido por Guillén, quien afirmó que el decreto estuvo fundamentado en criterios geopolíticos. “Fue una decisión del Gobierno que nos involucró en una lucha entre Estados Unidos y China, eso tiene consecuencias para la competitividad”, dijo. En una dirección similar se manifestó Ruiz. “No hay comisión más oportuna que esta para ver este tema, en el que se invalidó la neutralidad tecnológica”, dijo.
