Los diputados que aprobaron la reforma fiscal en primer debate continuarán con el trámite del proyecto, a pesar de que los magistrados de la Corte Plena hicieron expresa su oposición a la iniciativa esta tarde, tras dictaminar que esta afecta su funcionamiento en al menos cuatro puntos.
Según la presidenta legislativa, las vías para continuar con el proyecto son muchas y el camino que se tome dependerá del consenso al que lleguen los diputados, que ya piensan en posibles soluciones que van desde devolver el proyecto a comisión para acatar los señalamientos de la Corte hasta buscar los 38 votos que necesarios para apartarse de ese criterio o esperar a la resolución de la Sala Constitucional sobre la forma en que se ha realizado el procedimiento.
Especialmente, la presidenta legislativa Carolina Hidalgo se refirió a la posibilidad de alcanzar 38 votos para llevar la contraria a la Corte o regresar el proyecto a comisión, dos opciones que son posibles, entre “muchos otros” mecanismos, según indicó.
Al respecto, Hidalgo señaló que entonces “el llamado es a construir aún más consensos para las etapas que faltan”, pues “lo cierto es que habrá que hacer un mayor esfuerzo de diálogo a lo interno con las demás fracciones para las etapas que siguen”.
“Los mecanismos son muchos y por eso hablo de mayores consensos. La ruta a seguir deberá construirse en conjunto con las distintas jefaturas de fracción y además es algo que debe valorarse una vez recibida la comunicación oficial, porque es importante ver el contenido de lo que envíe la Corte”, apuntó.
De cualquier manera, Hidalgo descartó que el criterio y la posibilidad de que se requieran 38 votos para aprobar el proyecto fiscal ponga en peligro el procedimiento de vía rápida mediante el que se tramita el plan fiscal, pues “cuando se empezó el procedimiento, la materia no planteaba que sería calificada y, por tanto, la Asamblea Legislativa desconocía si se trataba de una votación calificada, por lo que actuó como si no se requiriera”.
“Además, en las dos ocasiones en las que se consultó a la Corte, esta contestó y no calificó la votación, entonces el primer debate no puede retrotraerse sino que debería continuar, se califica hacia adelante; es decir, en el segundo debate”, concluyó.
Con cautela
Las opciones para continuar con el proyecto son variadas y aún los diputados que impulsan el proyecto no deciden y mantienen cierta cautela en relación con el tipo mecanismo utilizarán para continuar con el trámite legislativo.
Por un lado, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, indicó que la resolución de la Corte “abre un nuevo episodio de este proceso”, en el que ahora buscarían definir “una ruta de construcción de mayor apoyo político sobre el expediente 20.580”; es decir, alcanzar al menos los 38 votos.
En esa línea, dijo que intentarían concretar “acuerdos y negociaciones paralelas” para obtener los apoyos necesarios, pues la idea es “trabajar y hacer el mejor esfuerzo para que Costa Rica tenga los instrumentos necesarios para salir adelante”.
“Es un proyecto sobre el cual pueden haber acuerdos o negociaciones. Hemos echado a caminar un procedimiento de proyectos paralelos de temas que pueden interesar, como lo que hicimos con educación o lo que hicimos con cooperativas, puede ser que haya algún tema que interese a algún sector parlamentario y con el que podamos hacer algún tipo de negociación”, comentó.
Más cauto fue el jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, quien aseguró que si bien ya hay una clara oposición de los magistrados, prefiere esperar a ver el criterio completo de la Corte y la posterior consulta a la Sala Constitucional, que podría revertir esa posición, si considera que la ley no se creó para afectar al Poder Judicial, como el piensa.
“Lo que la Corte diga es vinculante sólo si la Sala Constitucional lo dice así y una parte de esos temas la Sala Constitucional ha dicho todo lo contrario (…) Yo no creo que el Poder Judicial se afecte en lo absoluto en su funcionamiento porque se establezcan límites a las anualidades o por un salario tope como el que se ha plantado de ¢5,5 millones”, señaló.
De cualquier manera, se mostró anuente a aplicar “los procedimientos que sean necesarios” para que el texto llegue a buen puerto.
Por su parte, el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, se limitó a decir que esperarán el criterio oficial y que, de necesitar 38 votos la reforma, conseguirlos “sería un trabajo para el Ejecutivo, la fracción del Gobierno y el Presidente de la República”.
Su único compromiso es mantener la posición de bancada, aunque aseguró que considera casi imposible que su compañera Shirley Díaz —única socialcristiana que no apoyó la reforma en primer debate— revierta su decisión.
En caso de que los diputados decidan continuar con el trámite del proyecto y buscar 38 votos para poder aprobar el proyecto a pesar de la negativa del Poder Judicial, se requeriría de que al menos tres congresistas que votaron en contra del plan fiscal cambien su postura.
En primer debate, votaron en contra las bancadas de Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), el Frente Amplio (FA) y el republicano Dragos Dolanescu, quienes juntos sumaron 22 de los 57 votos totales.
Las críticas
Junto con las posibles salidas, los diputados esbozaron algunas críticas a los magistrados que esta tarde se manifestaron en contra de la reforma fiscal.
Uno de los más críticos fue el liberacionista Benavides, quien aseguró que escuchó “algunos discursos mesurados y otros que tenían que ver con materia jurídica”, aunque “realmente le sorprendió escuchar algunos de corte absolutamente político, más propios de una defensa de intereses gremiales que de la opinión sobre un asunto de derecho”.
“Yo esperaría que la Sala Constitucional revise muy bien, atendiendo a su jurisprudencia, algunos de los razonamientos que han esgrimido algunos magistrados, que no han actuado como jueces sino como representantes de un gremio”.
“En realidad, me parece que hoy el comportamiento de la Corte no fue el comportamiento de un conjunto de personas que en su mayoría hayan deliberado en su carácter de jueces, me parece que una buena parte deliberó bajo un espíritu de gremio, exclusivamente”, subrayó.
También fue duro con la mayoría de los magistrados que hoy se manifestaron en contra de la reforma el oficialista Morales, quien señaló que “con la posición que han tomado, obviamente, están protegiendo condiciones laborales”.
De cualquier manera, aseguró que “entonces ahora lo que se plantea es un desafío político”, pues “ellos ya lo resolvieron y ahora habrá que seguir haciendo lo que les parece correcto, que es darle más apoyo político al proyecto y alcanzar mayores consensos”.
Cuando llegue el criterio, la Presidencia legislativa, encabezada por Carolina Hidalgo emitirá una resolución oficial al respecto, indicó la jerarca.
Sobre si estarían dispuestos a devolver el proyecto a comisión para resolver los apuntes del Poder Judicial, el jefe de fracción de Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, indicó que “si se va a modificar algo eso es lo más sólido” y que “para ello no habría resistencia si es para poder mejorar las condiciones del plan fiscal”.
