Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la tarde de este lunes una moción para conocer tres expedientes de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) sobre los diputados Johnny Leiva, Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, los cuales estarían relacionados con el popularmente conocido como “caso del cemento chino”.
Los expedientes AEP-INF-07-2017, AEP-169-2017 y AEP-INF-004-2018 deberán ser trasladados a todos y cada uno de los 57 congresistas, los cuales tendrán que acoger una recomendación de la Procuraduría que instó a que se tomen resoluciones.
Según comunicó la PEP, en los informes se identificaron “posibles infracciones a la ética pública atribuibles a Diputados de la República”, los cuales deberán ser conocidos a fin de determinar si estos deberán responder por responsabilidades administrativas.
La recomendación fue remitida directamente al Directorio Legislativo comandado por Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense, una instancia que habría alegado no contar con los marcos regulatorios adecuados para establecer sanciones como respuesta al ente contralor.
No obstante, esta mañana la Procuraduría señaló al Directorio que sus razonamientos “desconocen el principio de irretroactividad de las normas (…) el cual dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
“En este sentido, se advierte que el ordenamiento jurídico, no justifica que los servidores públicos que deban tramitar denuncias por supuestos actos de corrupción, faltas a la ética o la transparencia en la gestión pública, se amparen a la existencia de un vacío legal, para eludir la responsabilidad de decidir definitivamente y sin dilaciones el asunto sometido a su valoración”, le indicó la PEP a los diputados.
Por último, también le reiteró que “no existe imposibilidad legal para resolver los temas propuestos”, sino que el único impedimento sería para “aplicarse una sanción, por falta de marco regulatorio”.
Ante esta posición, el Directorio Legislativo —encabezado por Ramírez— optó por acordar enviar los expedientes sellados a todos los diputados, quienes deberán mantener los documentos en secreto hasta que logren resolver algo sobre los mismos.
Hasta el momento, los informes estaban archivados en el Directorio a la espera de modificaciones que pudieran acarrear sanciones, según señaló la Procuraduría que le habría indicado la representación parlamentaria.
Ante estos eventos, la diputada frenteamplista —una de las más interesadas en el tema— señaló al Directorio Legislativo por no haberle enviado los archivos al resto del Plenario, algo que habría justificado por el principio de confidencialidad.
“Los señores del Directorio han tenido en sus manos el informe y han decidido declararlo confidencial únicamente para ellos tres y que lo enviaron al archivo”, criticó.
Recomendación de la PEP al Directorio Legislativo: AEP-AR-007-2018
