Este jueves, los diputados rechazaron el presupuesto extraordinario presentado por Gobierno y que incluía los ¢291.000 millones aprobados por dos leyes, con destinos hacia los bonos Proteger y la Caja Costarricense del Seguro Social (¢33.000 millones para cubrir la disminución en la recaudación por causa de la pandemia de COVID-19).
La votación tuvo 39 votos a favor de su rechazo y 10 en contra; estos últimos fueron nueve votos de la fracción del Partido Acción Ciudadana y uno del frenteamplista José María Villalta.
En la discusión, solamente hablaron la liberacionista Silvia Hernández (presidenta de la Comisión de Hacendarios, la cual estudió el plan de Gobierno y lo dictaminó negativamente con nueve diputados) y las oficialistas Laura Guido y Nielsen Pérez (ambas autoras del dictamen de minoría, en apoyo del proyecto presupuestario).
Hernández no habló sobre sus argumentos, esperando a emitirlos en la discusión por el “fondo” (la cual no ocurrió porque se archivó el expediente).
Guido propuso modificar el presupuesto con dos mociones, una de ellas que solamente para cubrir tanto el dinero de Proteger y la CCSS; la segunda solamente para aprobar los recursos del bono Proteger, los cuales fueron creados en marzo para aliviar la situación económica de trabajadores desempleados, suspendidos y con jornadas reducidas (todos ellos, por efecto económico de la pandemia).
“La necesidad no es una moneda para poner aquí en uso de presión”, aseguró sobre el rechazo al presupuesto extraordinario, en razón de que los recortes no son suficientes para los diputados de oposición.
“Pretendíamos dar el espacio para que sí, los otros componentes del presupuesto servieran como base del debate, como ejercicio de mayor contención, pero sin lastimar a la gente y las instituciones que están frente a la emergencia (de COVID-19”, dijo Guido en una rueda de prensa, después de que archivó el expediente del presupuesto.
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Gobierno argumenta que, sin el presupuesto, no podrá cubrir las transferencias sociales propuestas.
Según la diputada Nielsen Pérez, quedarán descubiertas más de 200.000 personas que todavía no se han podido atender.
En mayo, los diputados aprobaron ¢291.000 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y una transferencia del Instituto Nacional de Seguros (INS).
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Para hacer uso de ese dinero en las partidas de Proteger y la CCSS, Gobierno deberá presentar un nuevo proyecto de ley que, nuevamente, será estudiado por la Comisión de Hacendarios.
“No tengo la respuesta de cuánto puede tardar eso porque depende de la negociación política. Me parece que el Gobierno no se va a aventurar a presentar una nueva propuesta de recortes si no ha sido de satisfacción de las contrapartes”, explicó Guido a medios de comunicación.
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