La Asamblea Legislativa aprobó esta noche en primer debate el expediente conocido como los “eurobonos” y deja al Gobierno en capacidad de emitir títulos por hasta $1.500 millones en un año para así mejorar tasas y plazos de la deuda actual.
La iniciativa contó con el respaldo de 34 diputados de todas las fracciones, mientras que en contra solo se posicionaron el republicano socialcristiano Dragos Dolanescu y cinco diputados del bloque independiente Nueva República. Ellos manifestaron inquietudes con el proceso, que podría no ser necesario este año.
La autorización, contenida en el expediente 21.201, es un permiso que facultará al Ministerio de Hacienda para colocar $1.500 millones de deuda externa en los próximos 12 meses, menos de lo que el Ejecutivo solicitó en primera instancia.
La iniciativa —defienden el Ministerio de Hacienda y el Banco Central— permitiría descompresionar el mercado local, donde las altas necesidades del Estado acaparan una buena parte de los recursos disponibles en bancos y fondos, y empujan sus tasas al alza.
Por el contrario, los eurobonos se colocan en el exterior y en monedas internacionales, un ambiente de mayor competencia que propiciaría tasas más bajas y una mayor disponibilidad de recursos para el Estado y para el mercado del crédito interno, según las autoridades.
De hecho, el Banco Central estimó en su Programa Macroeconómico 2019-2020 que los eurobonos permitirían que el Gobierno coloque su deuda a tasas inferiores al 8%, mucho mejores que las que ya encuentra en el mercado local (que son hasta dos o tres puntos más altas).
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Las tasas tan altas en los mercados locales responden a una deuda nacional que ya superó los máximos recomendados por los organismos internacionales para economías en desarrollo (del 50% de su producción), un máximo que el país sobrepasó por más de tres puntos del PIB en 2018.
Inicialmente, el Ejecutivo había solicitado un permiso para emitir eurobonos por $6.000 millones para un periodo de seis años; con topes de $1.500 millones para los primeros dos años y de $1.000 millones en los siguientes. No obstante, los diputados de oposición externaron desde el inicio que preferían una suma más pequeña y después aprobarían otro tracto, según la forma como el Ejecutivo conduzca sus finanzas.
Ahora, si el Ministerio de Hacienda insiste en nuevas colocaciones, tendrá que tocar la puerta de los diputados.
Así lo recordó esta tarde la jefa liberacionista, Silvia Hernández, quien subrayó que cada esfuerzo servirá para un reacomodo de la deuda “a largo plazo”, pero que además deberá ir aparejado de muestras de “disciplina fiscal” por parte del Ejecutivo que serán controladas desde el Congreso.
El monto, como dijo Hernández, es el que Hacienda pretendía para este primer año. Sin embargo, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, subrayó semanas atrás que hubiese preferido una aprobación conjunta de los créditos para generar mayor confianza en los mercados externos.
No obstante, esto finalmente no ocurrió, a pesar de que así también lo recomendaban los bancos públicos y privados, el Instituto Nacional de Seguros y las cámaras empresariales para mejorar las condiciones crediticias a nivel nacional.
“No diría que quedamos satisfechos, porque nosotros aspirábamos por otro permiso, pero sí cumple con el 100% de lo que estaba previsto para este 2019. Ahora nos tocará plantear de inmediato las siguientes autorizaciones”, concluyó la jerarca, la semana pasada.
Aguilar además planteó que ir autorización por autorización cada año supondrá un desgaste en las negociaciones importante, pues cada aprobación requerirá de 38 votos; algo que también señaló con preocupación el frenteamplista José María Villalta, como un posible mecanismo para “chantajes” en el Congreso.
Por tratarse de créditos que el Estado recibiría en monedas extranjeras, algunos sectores han externado distintas preocupaciones por el tipo de cambio. Sin embargo, el Banco Central ha subrayado que estaría vigilante de la materia, como parte de sus funciones regulatorias.
Ahora, el texto deberá recibir su discusión y su votación en segundo debate para ser aprobado de forma definitiva.
Además de este proyecto, el Ejecutivo gestionará en los próximos meses dos aprobaciones más de financiamiento externo (esta vez créditos de apoyo presupuestario); uno por $500 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otro por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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