Los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron la mañana de este martes a Patricia Solano Castro, una penalista de 58 años que se jubiló el año pasado, como nueva magistrada de la Sala III.
Solano alcanzó los 38 votos requeridos hasta la cuarta ronda de votación, proceso en el que también fueron votados en primer instancia los aspirantes Patricia Vargas, Gary Amador, Omar White y Sandra Zúñiga.
Amador, White y Zúñiga perdieron fuelle conforme se desarrollaron las votaciones y cedieron en los votos de los diputados ante la nueva magistrada, pues en la primera votación Solano apenas recibió 28 votos, seguida por Patricia Vargas con diez, Gary Amador con nueve, Omar White con cinco y Sandra Zúñiga con uno.
Finalmente, Solano alcanzó sus 38 votos, seguida por Patricia Vargas con los mismos diez que alcanzó en la primera ronda, Omar White con cuatro y Gary Amador con uno.
La nueva magistrada es licenciada en Derecho y Notariado de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue coordinadora entre 2014 y 2017 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José y cuenta con experiencia como jueza penalista desde 1988.
Solano estaba entre la terna que dejó recomendada la anterior Asamblea Legislativa en su dictamen de mayoría, documento al que se apegaron todas las fracciones representadas, con excepción del Partido Acción Ciudadana (PAC), que presentó su dictamen de minoría.
El dictamen mayoritario había recomendado a Gary Amador, Alex Rodríguez y Patricia Solano; mientras que el minoritario había propuesto a Sandra Zúñiga, Patricia Vargas y Rosibel López.
Recientemente, un panel independiente del Foro de Justicia — entidad especializada integrada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Programa Estado de la Nación (PEN), la Maestría en Ciencias Penales y la Facultad de Derecho de la UCR y la Fundación Friedrich Ebert/Costa Rica — había revelado un estudio sobre los procesos de selección y evaluación de los magistrados, en el que tomó como una de sus referencias a este concurso.
En sus resultados, el Foro había determinado que los candidatos más aptos para el puesto eran Ronald Salazar, Sandra Zúñiga, Álvaro Burgos y Patricia Vargas; mientras que la nueva magistrada apenas había sido calificada con un perfil “B”, que hace referencia a condiciones idóneas con niveles de actualización y docencia “deseables”.
De cualquier manera, Solano ahora llegará a ocupar una de las sillas fijas de la Sala III, todavía diezmada tras el escándalo del “cementazo”, tras el cuál dejaron sus puestos el expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, así como Doris Arias y Celso Gamboa, este último destituido por el propio Congreso.
La nueva jueza, sin embargo, llega para suplir al exmagistrado José Manuel Arroyo, quien se jubiló a desde el 1 de enero de 2017; es decir, hace un año y once meses.
Los diputados corren para llenar varias plazas vacantes que dejaron en el limbo los anteriores diputados con expedientes listos para las selecciones, de los que ya se rellenaron un puesto en la Sala Constitucional y uno en la Sala III, y ahora quedan dos plazas en la Sala II.
Esos puestos son los que dejaron Eva Camacho, el 1 de abril 2017, y Zarela Villanueva, el 15 de mayo de 2017.
Además, en los próximos días estarían nombrando a la nueva Defensora de las Habitantes, un proceso que sí iniciaron los diputados de esta misma legislatura.
Los restantes nombramientos de propietarios en la Sala III, más recientes, siguen en la fase de Comisión de Nombramientos, órgano que deberá extender sus recomendaciones al resto del pleno legislativo de cara a la votación.
Tema de género
En la elección de la magistrada Solano pesó el factor género, el cual fue defendido por varios diputados antes del proceso de elección.
Así lo dejó claro desde el inicio la oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez, quien pidió a sus compañeros diputados considerar “fuerte y vehementemente el nombramiento de una magistrada” para buscar un equilibrio en la Corte, hoy compuesta por 11 hombres y apenas cuatro mujeres.
Este argumento también lo defendió el socialcristiano Rodolfo Peña, aunque sí subrayó que “no es que fueran a nombrar a un hombre o a una mujer sólo para hacer un balance de género”.
“Estamos claros de que Costa Rica tiene una deuda con las mujeres, claramente demostrado en campos como el Poder Judicial, debemos de trabajar para poder compensar eso en la Comisión de Nombramientos y hemos venido trabajando haciendo conciencia (…) estamos claros de que tenemos una deuda con Costa Rica en el tema de género, pero no es que vamos a nombrar a un hombre o a una mujer sólo para hacer un balance de género, es un asunto de idoneidad, de transparencia, y si recae en una mujer, pues bienvenido sea”, aclaró.
Sobre ese tema, la propia Solano había señalado en su entrevista para el puesto que especialmente “el Derecho Penal era un derecho reservado casi exclusivamente para hombres”, campo en el que “se fue abriendo espacio” junto con “otras mujeres que nos antecedieron”.
“Yo sí pertenezco a una generación que nos vimos abocadas a abrir brecha, de manera que por eso creo que tengo el conocimiento. Si en la institución preguntan por Patricia Solano Castro, probablemente van a identificar a una mujer fuerte, yo soy una mujer de íntimas convicciones, he sido una jueza proba, en algunas ocasiones decían que soy un poco estricta, soy muy meticulosa, siempre tiendo a la excelencia, y no exijo menos de lo que yo doy”, había dicho en aquel entonces.
“Cementazo”
La designación además estuvo marcada por el contexto de la Sala III, recientemente cuestionada por el caso del “cementazo”.
Al respecto, la diputada Pérez aseguró que “no se estaba eligiendo a cualquier magistrado”, por lo que señaló que era “muy importante hacer una revisión crítica sobre las personas que están en estos informes de mayoría y de minoría, y las recomendadas por el Panel Independiente” para elegir a alguna persona “muy sólida jurídicamente y con un gran componente ético sobre su probidad”.
Eso también lo señaló el frenteamplista José María Villalta, quien subrayó que “si en la Corte se colocó una red mafiosa que estalló en el caso del “cementazo”, también se debe a que esta Asamblea nombró mal, con estos procedimientos chapuceros de selección (…) politiqueramente, sin análisis serios, con argollas, pagando favores o por pereza de debatir”.
En su momento, el exdiputado Jorge Rodríguez del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), había cuestionado a la nueva magistrada Solano en la Comisión de Nombramientos por, supuestamente, llegar a desempatar un juego de fuerzas en el Poder Judicial tras el retiro de José Manuel Arroyo, férreo opositor a las posiciones de los exmagistrados Gamboa y el expresidente de la Corte Chinchilla, ante lo que ella respondió que lo cierto es que las conforntaciones “si son respetuosas siempre ayudan y aportan a mejorar en diferentes aspectos”.
Sobre su posición penalista en cuanto a la privación de la libertad y el Código Penal, aseguró que en ese instrumento “se le dio un protagonismo a la víctima y un protagonismo importante, que se tiene que hacer valer en todos los casos”, incluido el acompañamiento en casos como violencia doméstica, donde es especialmente necesario ese apoyo.
