Los diputados de la comisión que tramita la reforma fiscal cercenaron la meta recaudatoria del proyecto en más de una décima parte este miércoles, tras aprobar dos exoneraciones que juntas debilitaron el texto en al menos ¢85.000 millones, un 13% de su proyecciones (¢623.000 millones).
La primera excepción en ser aprobada fue a la canasta básica, cuyo grupo de productos iba a gravarse con una tarifa reducida del 2% por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero finalmente quedó en cero. La segunda cortó los ingresos que se pretendían con un impuesto a la educación privada, que también iba a pagar un 2% hasta la noche de este miércoles y ahora estará exenta.
Por un lado, la eliminación del impuesto a la canasta básica —propuesta por Restauración Nacional y que contó con el apoyo del Frente Amplio, Integración Nacional y un diputado de Liberación Nacional— representó una reducción anual de ¢60.000 millones; mientras que la reducción en los servicios educativos —impulsada por el Frente Amplio, con el apoyo de Restauración Nacional, Integración Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana— sacó del bolsillo los ¢25.000 millones restantes.
En el texto inicial del plan de ley, la educación privada sería gravada con un 4%, pero ese porcentaje se fue reduciendo hasta llegar a cero.
Las dos medidas anteriores se sumaron a otras reducciones que ya antes habían sido añadidas al proyecto, las cuales permitieron la reciente aprobación de un texto sustitutivo consensuado entre el Gobierno y cinco de los nueve diputados de la comisión (tres del PLN, uno del PUSC y el oficialista del PAC).
Entre esas disminuciones ya pactadas estaba una que ajustó el mismo tributo por la compra y producción de medicamentos de un 4% a 2%.
Contando todas las rebajas anteriores y las de anoche, ya es posible asegurar que la reducción proyectada es superior a una cuarta parte de las aspiraciones, a lo que además habría que añadir otras deducciones menores y la modificación de una leyantielusión.
Se trata de la también conocida como “norma de subcapitalización”, medida que pretendía limitar a un 20% los intereses que una empresa puede deducir como parte de sus gastos, pero que finalmente varió sustancialmente su reducción y eliminó el tope, tras una serie de negociaciones entre el PLN y el Ejecutivo.
En las negociaciones de los legisladores también se habían reducido los umbrales exentos para el pago de electricidad (de 250 kw/h a 280 kw/h) y la base para gravar los de alquileres para pequeñas y medianas empresas (de 1 a 1,5 salarios base); al tiempo que se había desistido de gravar las utilidades de las cooperativas con la escala que grava a las pymes y habían sumado exoneraciones a sujetos específicos como los alquileres de las organizaciones religiosas y las compras y ventas de la Asociación Obras del Espíritu Santo.
Así las cosas, el proyecto —y los intereses recaudatorios del Gobierno— quedaron en cuidados intensivos, pues al menos las proyecciones de recaudación (que habían quedado estimadas en un 1,9% del PIB) están en su punto más bajo..
Esta situación podría empeorar si los congresistas de la comisión continúan votando exoneraciones en otros campos, como es el caso del IVA sobre los medicamentos o el pago por alquileres (de ciertos sectores) y otros servicios, que no terminan de convencerles.
Máxima preocupación
Las nuevas exoneraciones dejaron en estado de shock a los altos mandos de Hacienda, como fue el caso de su viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, quien indicó sin ninguna reserva que el plan “ya no cumple” con su meta recaudatoria.
Acosta fue el principal representante de Hacienda en las dos sesiones que sostuvieron este miércoles los diputados de la comisión que tramita el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, un espacio donde el jerarca aceptó que ayer se encendieron todas las alarmas, quizás más que en cualquier momento pasado.
Apenas el martes anterior, el Ministerio de Hacienda había celebrado la aprobación de su texto sustitutivo, que incluía algunas rebajas considerables pero “mantenían la suficiencia de la reforma”; sin embargo, la alegría decayó este miércoles, como tuvo que reconocerlo la propia ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en comunicado de prensa.
Específicamente, la ministra lamentó que el documento se había construido para que fuera “técnica y políticamente viable”, pero que los cambios de última hora afectaron sus pilares, incluida —por supuesto— su suficiencia y sus rendimientos.
En cuanto a la exoneración a la canasta básica, Hacienda lamentó principalmente que se podrían generar problemas de competitividad para los productores locales en relación con los extranjeros; al tiempo que se les quitará la posibilidad de acceder a créditos fiscales, se dejaría exento a un 83% de la población que se encuentra fuera de las estadísticas de pobreza e imposibilitaría una mejor trazabilidad para evitar prácticas evasoras.
¿Consensos?
En las dos sesiones de este miércoles, la comisión fiscal aprobó varias modificaciones. Entre ellas, destacaron ya varias veces mencionadas para exonerar los bienes de la canasta básica y los servicios de educación privada.
Estas medidas de impactos multimillonarios dejaron en entredicho la existencia de un verdadero consenso del Gobierno con el PLN y el PUSC sobre el texto que aprobaron este martes, el cual ya contaba con una serie de reducciones en algunas de sus tarifas.
Si bien antes el PLN y el PUSC habían señalado que tenían algunas diferencias con el texto que buscarían resolver con mociones; el Gobierno esperaba que fueran cambios pequeños, no del tamaño de los que finalmente fueron aprobados en las sesiones del miércoles con el apoyo de un diputado del PLN y otro del PUSC.
Por sí mismo, el bloque opositor de Restauración Nacional (2), el Frente Amplio e Integración Nacional apenas cuenta con cuatro diputados, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría simple que se requiere aprobar cualquier cambio.
En el caso de la exoneración a los servicios de educación privados, el voto socialcristiano llegó por parte de Pedro Muñoz, único representante de su partido en el foro, quien manifestó que incluso tiene preparada otra moción sobre el tema, una materia de su especial interés, en la que además espera incluir los servicios de educación pública, incluidas las universidades.
En el caso de la canasta básica, bastó con el voto del liberacionista Gustavo Viales, quien se apartó de sus dos compañeras de bancada en el foro, Silvia Hernández y Yorleny León, argumentando que “las poblaciones más vulnerables no podían pagar eso” y que su bancada “ya conocía” y “había avalado” su decisión.
Al respecto, la verdiblanca Silvia Hernández aseguró es normal que en temas tan complejos existan diferentes criterios, aunque sí subrayó que no comparte la decisión de su compañero de fracción técnicamente y que intentará convencerlo, como también a otros congresistas durante las discusiones en el Plenario legislativo.
Tanto Hernández como las autoridades de Hacienda aseguran que el ahorro que permitiría la exoneración a las poblaciones más pobres no podría siquiera compararse con el impacto en campos como los programas sociales, que dependen de los recursos frescos que logra captar del Estado.
Así mismo, Hernández señaló que este no debe ser visto como un rompimiento del acuerdo con el Gobierno, pues “Liberación Nacional ha sido una oposición responsable que se ha sentado para dar los votos en el tema más impopular del país”, conscientes de que “hay diferencias, pero debe aprobarse una reforma”.
Tanto en el PUSC como en el PLN existían criterios encontrados internos en relación con el impuesto a la canasta básica y así quedó evidenciado tras la votación de la exoneración, cuando el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y el liberacionista Daniel Ulate se manifestaron en redes a favor del criterio de Viales, a pesar de que otros compañeros suyos votaron en contra de la iniciativa.
Cambios finales
En lo que resta de la semana, los diputados de la comisión fiscal se dedicarán a terminar de resolver las casi 700 mociones con propuestas de cambios que restan por tramitarse.
Con su resolución, se dará por concluido el trabajo del grupo de nueve legisladores de la comisión y el proyecto pasará al plenario legislativo para que allí se discuta, se conozcan mociones (según lo decidan los diputados) y se vote.
Según indicó recientemente el oficialista Welmer Ramos, quien preside la comisión fiscal, la idea es que el trabajo del grupo concluya a más tardar la próxima semana, de modo que el texto se discuta y vote en primer debate a más tardar a mediados septiembre.
