Los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa eliminaron anoche cualquier aporte de las empresas para apoyar a los estudiantes de que participen en los programas de Educación Dual.
Así lo votaron los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Partido Restauración Nacional (PRN), del Partido Integración Nacional (PIN) y del bloque independiente; quienes argumentaron que añadir la carga podía desincentivar a las empresas para participar de estos programas.
Estos legisladores aprobaron una moción para eliminar el artículo 28 del proyecto de ley, el cual establecía que medianas y grandes empresas deberían pagar entre ¢60.000 y ¢120.000 por cada estudiante que admitieran.
Estos montos se ajustarían periódicamente por inflación; y además se idearon con el objetivo de permitir una exención completa para micro y pequeñas empresas.
No obstante, ahora esta propuesta quedó enterrada, justo después de que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) hiciera circular una carta entre los congresistas, en la cual señalaban su disconformidad con esta obligación.
La carta, de la que este semanario obtuvo una copia, señalaba que el aporte debía “eliminarse, o bien, establecerse como algo de índole voluntario”, pues ya los empresarios financian parte del presupuesto del Instituto Nacional del Aprendizaje (INA), entidad que sostendrá el fondo de becas propuesto por el proyecto.
Según los empresarios, las empresas privadas ya aportan un 1,5% sobre el monto total de las planillas al INA, cifra que se reduce a un 0,5% en el caso de las organizaciones agrícolas.
En esa línea, las cámaras empresariales manifestaron su disgusto por la supuesta nueva carga, el cual fue retomado por los congresistas en la sesión de este martes en horas de la noche.
UNIVERSIDAD intentó contactar a la diputada Patricia Villegas, del PIN, quien fue la principal propulsora del cambio en el proyecto; sin embargo, no contestó hasta el cierre de este trabajo.
No obstante, el independiente Ignacio Alpízar sí agregó que la idea del cambio fue no desincentivar la participación de la empresa privada, pues “ellos ya pagan demasiado, a través de impuestos territoriales, patentes, pólizas, seguros de trabajadores y un 1,%% para el INA”.
“Ponerles una carga más podía indisponer a las empresas o a las instituciones, y para nosotros la prioridad era que los muchachos aprendan haciendo, por lo que tomamos la decisión de no poner esta carga”, subrayó.
La decisión se tomó en la comisión de Ciencia y Tecnología, donde además de Villegas y de Alpízar, votaron los diputados Óscar Cascante, del PUSC, y Mileidy Alvarado, del PRN.
Una decisión “lamentable”
La decisión de los cuatro diputados contó con la oposición férrea de los tres congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Acción Ciudadana (PAC) que completan la comisión, quienes calificaron el acto como un hecho “lamentable”.
El liberacionista Wagner Jiménez, quien además es presidente del foro y uno de los principales propulsores del proyecto, aseguró que las empresas “deberían colaborar en el proceso de educación y formación dual”, por lo que este nuevo cambio “desfiguraría la intención original del proyecto de ley”.
“La intención es que exista una combinación entre el aprendizaje en el centro educativo y en las empresas formadoras; y la colaboración del sector empresarial al fondo del INA era vital porque hoy quedaría únicamente definido que el fondo de becas se regularía a través del 1% del presupuesto de esa institución y no sabemos en el futuro cuántos jóvenes participarán o si ese fondo será suficiente, por lo que la participación de la empresa privada era una garantía esencial”, subrayó.
Además, el oficialista Enrique Sánchez agregó que dejar esto así sería “un despropósito”, pues “el modelo era lo suficientemente atractivo para que las empresas participen y no era eliminando su aporte como se iba a motivar su participación”.
Asimismo, Sánchez agregó que el aporte empresarial es indispensable para que el fondo “sea sólido y robusto”, que igualmente “era realmente pequeño” y “no ponía en ningún riesgo el modelo”.
Junto con Jiménez y Sánchez, también se opuso la liberacionista Silvia Hernández, quien completó la minoría en la votación de cuatro contra tres.
Ahora todo quedará en manos del Plenario legislativo, donde estos diputados buscarán revertir la decisión, con el voto de 29 legisladores.
Entre el PLN y el PAC suman 27 votos, por lo que solo necesitarían dos votos más de otras fracciones.
Entre ellos podría estar el del frenteamplista José María Villalta, quien ya criticó la medida y la calificó como una forma de brindar mano de obra gratuita a la entidades privadas.
Los diputados ya habían cedido antes a varios otros llamados de las empresas, las cuales siempre pidieron tomar en cuenta todas sus indicaciones para evitar la formación de vínculos laborales con los practicantes.
No obstante, este nuevo cambio no tendría relación con posibles relaciones vínculos laborales, sino únicamente con el apoyo directo de las empresas privadas al fondo de becas para financiar el modelo propuesto.
