El plenario aprobó, con la unanimidad de 47 legisladores presentes, la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores (19.438). La ley aprobada es un nuevo artículo en el Código Penal que incluye cuatro sanciones de prisión para el delito de abandono.
Primero se establece una sanción de “uno a seis meses” de encarcelamiento para “quien teniendo la obligación de cuidar, abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, colocándola en estado de desamparo, dejándola a su suerte”.
Si el abandono “pusiere en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor”, la pena de cárcel podrá aumentar de seis meses a tres años.
El agravante de que exista “grave daño en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor” será penado con tres a seis años de prisión.
Finalmente, si la persona adulta mayor falleciera, la pena podría ser hasta de diez años.
El proyecto tiene larga trayectoria en la Asamblea Legislativa: desde que fue propuesto por el exdiputado Fabricio Alvarado (en el 2014) y hasta que lo retomó la Comisión de discapacidad y adulto mayor (en el 2017).
Las diputadas María José Corrales (Liberación Nacional) y Catalina Montero (Partido Acción Ciudadana) defendieron la última versión que trabajó esa comisión.
Montero, como presidenta, responsabilizó a “toda la institucionalidad costarricense” para “cambiar el paradigma de que las personas adultas mayores son de segunda categoría y tenemos que mandarlas para un asilo de ancianos”.
“Si hay personas que les compete el cuidado directamente y descuidan, o se apartan de esos cuidados hay una penalización porque esto es abandono. El abandono es una de las formas más nefastas de violencia: es como decir, mejor los mandamos a recluirse”, aseguró la diputada.
Corrales manifestó preocupación por las estadísticas del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) porque esa institución recibió en el 2018 “112 solicitudes de los juzgados para reubicar a personas adultas mayores que se encontraban en riesgo social o en abandono”.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó únicamente la redacción sobre la “vulnerabilidad”. Sin embargo, también mencionó que “hay que impulsar otros tipos de políticas de protección y cuido, de atención, recursos para instituciones, cambio cultural, para que no lleguemos a que se den estas situaciones de abandono”.
“Es claro que con una norma penal no vamos a lograr el objetivo de proteger a las personas adultas mayores porque las normas penales lo que buscan es castigar cuando ya se cometió el delito”, aseguró Villalta.
El diputado frentamplista llamó “proporcionales” a las sanciones del proyecto. Originalmente, el texto del diputado Alvarado pedía tres pisos: de uno a tres años; de tres a seis años; y de seis a diez años (también en caso de muerte).
Antes de que el proyecto pase al Ejecutivo para convertirse en ley, los diputados deberán sostener un segundo debate este jueves 12 de marzo.
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