Diputados buscan elevar a rango constitucional la protección del agua

Proyecto de ley pretende garantizar el acceso al recurso hídrico como un derecho humano y la declaratoria del agua como un bien del Estado mediante una reforma a la Constitución Política.

Reconocer al agua potable como un derecho humano, básico e irrenunciable en la Constitución Política es el objetivo de los 57 legisladores de la Asamblea Legislativa, quienes firmaron un proyecto de ley para realizar una reforma constitucional al artículo 50 y reforzar la protección del recurso hídrico en el país.

Con el nuevo texto, presentado por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, se pretende incorporar de manera expresa la protección del agua en la Carta Magna, garantizar el acceso y saneamiento de este líquido como un derecho humano y reconocerlo como un bien de la nación costarricense, que no podrá salir de su dominio.

Además, el proyecto puntualiza en el uso prioritario del agua para el abastecimiento de la población, y toma también en consideración los demás usos de este recurso, como en el sector económico.

Actualmente, la Constitución declara como bienes del Estado los yacimientos de carbón, las fuentes de petróleo y otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos; no obstante, las fuentes de agua no son tomadas en cuenta.

“Es importante que esa regulación esté al más alto nivel de nuestro ordenamiento jurídico, pues eso permite blindar la protección del recurso ante cualquier tipo de amenaza legal, ya sea intentos de privatización en el futuro o incluso conflictos internacionales”, explicó el diputado José María Villalta.

Por esto, el párrafo que los legisladores buscan añadir al artículo 50 se leería de la siguiente manera:

“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.”

De acuerdo con Villalta, el Estado tendría las mismas obligaciones que tiene actualmente, “pero quedarían reforzadas a nivel constitucional y la ciudadanía tendría un margen mayor para reclamar su incumplimiento.”

Para los diputados, no basta con reconocer el derecho de la población a tener acceso al agua y, por esto, persiguen el objetivo de que se incluya como un bien del Estado. Este deberá velar, junto a la ciudadanía, por la defensa y restauración del recurso hídrico y tomar medidas efectivas para evitar su degradación, sobreexplotación o agotamiento.

El proyecto de ley también contempla un transitorio que mantendría vigentes “las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”

Así, las normas actuales que regulan los permisos y las concesiones de agua seguirán en vigencia, hasta que la Asamblea Legislativa dicte una ley que regule el uso, la explotación y la conservación del agua.

En el proyecto de ley los legisladores insisten en que no pretenden que las concesiones de este líquido sean otorgadas por el plenario y que tampoco buscan modificar el marco normativo que le atribuye esa competencia al Poder Ejecutivo.

Varios intentos

Esta no es la primera vez que en el plenario se presenta la idea de reforzar la protección del líquido vital bajo la tutela de la Constitución Política. En administraciones anteriores, exdiputadas como Laura Chinchilla Miranda (Partido Liberación Nacional) y Mireya Zamora Alvarado (Movimiento Libertario), así como el exdiputado José Merino del Río (Frente Amplio), quisieron reformar la legislación costarricense para reconocer el agua como un derecho humano y reforzar su protección.

No obstante, sus intenciones chocaron con la oposición de diputados de bancadas como el Movimiento Libertario. Esta vez, el proyecto es apoyado por la totalidad del plenario y sus impulsores esperan que así se mantenga en los debates.

“Una reforma constitucional requiere alto nivel de consenso y, en el pasado, aunque este proyecto había sido presentado con la firma de muchos diputados, siempre existieron algunos que lo adversaron. En esta ocasión logramos consensuar un texto con todas las fracciones”, añadió Villalta.

El acceso al agua potable como un derecho humano ha sido respaldado por tratados internacionales así como por la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional.

Por ahora, si el proyecto de ley es admitido por el plenario para su discusión, el texto pasará a manos de una comisión especial que se encargará de analizarlo. Si el dictamen es positivo, la incorporación del agua a nuestra Carta Magna como un derecho humano será debatida en la Asamblea Legislativa.


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