Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron esta mañana una nueva redacción del proyecto de ley 21.309, que permitiría convertir las pensiones del Régimen Obligatorio Complementario de Pensiones (ROP) en ‘ahorros’ retirables en un solo tracto al momento de la jubilación.
El proyecto propone que el retiro de las pensiones pueda realizarse de forma completa en un solo tracto hasta el año 2035 y que, a partir de ese momento, esa posibilidad se restrinja únicamente para los pensionados cuyo cálculo mensual del ROP sea menor al 20% del monto recibido por el régimen básico de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
El texto actualmente cuenta con un apoyo mayoritario del foro legislativo; sin embargo, los congresistas decidieron aprobar mociones para realizar nuevas audiencias y obtener más criterios sobre los contenidos.
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Entre los consultados, solicitaron las posiciones y llamaron a audiencia a representantes de la Superintendencia de Pensiones (Supen), del Banco Central (BCCR), de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP); así como a interesados en los retiros, organismos especializados en asuntos de consumo, escuelas de Economía y otros actores.
Hasta el momento, los diputados solo habían recibido al superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, quien manifestó su total oposición a la idea de dar vía libre para el retiro de los recursos.
Para Ramos, esto no solo rompería con la idea del apoyo como una “pensión”, sino que debilitaría al régimen y a su administración (en rendimientos e intereses), en detrimento de sus propios beneficiarios.
No obstante, la comisión continuó con la redacción del texto sustitutivo, una nueva versión a la que dieron su visto bueno ocho de diez congresistas: Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, del PLN; Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, del PRN; Welmer Ramos, del PA, María Vita Monge, del PUSC; Otto Roberto Vargas, del PRSC; y Erick Rodríguez, independiente.
Solo se opusieron Laura Guido, del PAC, y Wagner Jiménez, del PLN; la primera por diferencias concretas de fondo con el proyecto y el segundo por considerar que era irresponsable tomar una decisión de ese calibre sin haber consultado primero a todas las instituciones posibles.
La decisión mayoritaria; sin embargo, responde a la misma visión del proponente del proyecto, el restauracionsta Eduardo Cruickshank, quien asegura que los montos mensuales del ROP actualmente son muy pequeños y que convendría mejor facilitarlos de una sola vez para que puedan invertirse de una forma mucho más estratégica.
Muchos criterios negativos
A pesar de la falta de audiencias y consultas formales por parte de los diputados, hasta el momento las instituciones como la CCSS y ACOP ya se manifestaron en contra del proyecto, a través de varios oficios formales e informales.
Ellos consideran que la idea de retirar el ROP sería perjudicial para el régimen y para los pensionados, que obtendría menores rendimientos por intereses y entonces verían sus mensualidades menguadas (especialmente a mediano y largo plazo).
La teoría de estas instituciones es que el régimen de pensiones estaría perdiendo su énfasis como un mecanismo jubilatorio y que, además, perdería fuerza y capacidad de crecimiento.
Al respecto, el superintendente Ramos explicó a los diputados que este sistema de pensiones complementarias apenas arrancó hace dos décadas, por lo que todavía es normal que sus beneficiarios reciban montos menores a los esperados.
Según indicó, los pensionados que ya reciben el ROP apenas cotizaron por algunos de sus años laborados, por lo que es normal que reciban montos más chicos de los esperados, como ocurrirá al menos hasta el año 2035.
Esta mañana, también se manifestó en contra, a modo personal, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; quien fue interpelada por el diputado Otto Roberto Vargas, en medio de una audiencia para discutir el Presupuesto de la República.
Aguilar dijo que los retiros del ROP golpearían al sistema de pensiones y que lo podrían obligar a liquidar inversiones que ya han hecho para brindar los recursos, hecho que representaría costos importantes y pérdidas que no estaban esperadas.
Actualmente, el ROP acumula ¢6,6 billones de sus cotizantes, de los que casi un 70% están negociados en bonos con el Estado a tasas superiores a las ofrecidas por el mercado financiero más próximo.
De cualquier manera, la idea mayoritaria de los diputados es avanzar con el proyecto y, después de las nuevas consultas, ver si rectifican o mantienen sus posturas.
Además de las consultas a los entes institucionales, se aprobó pedir el criterio a la Contraloría General de la República (CGR) y representaciones del sector médico, un grupo que reúne a grandes cotizantes del ROP por el tamaño de sus salarios.
‘Necesitamos mayor información sobre el tema’
La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Ana Lucía Delgado (PLN), aseguró que realizar nuevas consultas y audiencias sobre el proyecto será esencial para los diputados, pues se requiere “mayor información sobre el tema”.
Además, aseguró que será esencial realizar sesiones extraordinarias, pues son muchas las tareas pendientes de la comisión (entre presupuestos y empréstitos) y el nuevo Reglamento de la Asamblea Legislativa estableció un plazo de sesenta días (prorrogable por una única vez) para brindar los dictámenes de proyectos.
Eso sí, dijo que el informe final deberá realizarse con la mejor información disponible, de modo que el dictamen que llegue al plenario sea el más adecuado. “Hasta que no se reciba la totalidad de las respuestas provenientes de las consultas en los tiempos que establece el reglamento y se realicen las audiencias respectivas, eso no se puede trasladar a las subcomisión, que luego tendrá que presentar un nuevo informe”, subrayó.
Consultada sobre la premura con la que se tramitó el primer texto sustitutivo, obviando muchas consultas y posibles criterios; Delgado reiteró que es normal que se realicen varios textos sustitutivos y que, ahora mismo, la intención es acudir a todas las fuentes posibles.
Los criterios técnicos contra el proyecto son vastos; sin embargo, el texto tiene buen ambiente en la comisión de Asuntos Hacendarios y en el Plenario legislativo.
Mientras unos pujan por dar solidez al régimen de pensiones, a costa de retiros más chicos a corto plazo; los otros piensan que la solidez del régimen puede esperar, para brindar cuotas más significativas a las personas más prontas a pensionarse.