Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa aprobaron esta tarde un texto sustitutivo del expediente 21.201, de eurobonos, en el cual redujeron a una cuarta parte el monto al que aspiraba el Ejecutivo para colocar deuda externa y achicaron el plazo para realizar la emisiones en cinco años.
Inicialmente el Ejecutivo había solicitado la aprobación de un permiso para colocar $6.000 millones en el próximo sexenio (con topes de $1.500 millones para las colocaciones de los dos primeros años); sin embargo, ahora los diputados decidieron avalar únicamente una primera emisión de $1.500 millones para los doce meses posteriores a la aprobación del proyecto.
Este nuevo texto sustitutivo además fue dictaminado por los congresistas del foro, motivo por el que ahora estaría pasando a discusión del Plenario legislativo, donde la totalidad de los diputados tendrían que proponer sus últimos modificaciones al documento y, posteriormente, votarlo.
El acuerdo llegó después de varios meses de negociaciones entre los legisladores y recogió la propuesta que hacía desde hace ya varios meses el Partido Liberación Nacional (PLN): la bancada más grande de oposición, que siempre aseguró tener decidido el tope de los $1.500 millones como su condición para impulsar el proyecto.
En otro momento, cinco diputados de otras fracciones, incluidos los oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC), habían aprobado un texto sustitutivo en el que se autorizaban $2.500 millones para un período de dos años, también en la Comisión de Económicos. Sin embargo, era claro que la decisión del PLN iba a ser determinante y terminaría imponiéndose, pues ostenta 17 de los 57 votos en el Congreso, donde cualquier autorización de deuda externa requiere del respaldo de al menos 38 legisladores.
Al respecto, la liberacionista Karine Niño aseguró que la idea fue avanzar rápidamente, pues ya existía un importante consenso sobre la necesidad de aplicar este mecanismo. Según detalló la diputada, es claro que acudir por deuda externa permitiría reducir las tasas de los mercados locales, lo que permitiría brindar “un mayor acceso al crédito del sector productivo, como la han dicho los medios de comunicación y ha quedado claro en la intervenciones y audiencias de los diferentes personeros del Gobierno”.
Eso sí, el liberacionista Roberto Thompson, presidente de la comisión, agregó que la nueva redacción implementa mayores controles y condiciones para el Gobierno, de modo que se tengan respaldos para confiar en que la aplicación del mecanismo no será desordenada ni permitirá que se despilfarren recursos.
En esa línea, añadió que el Gobierno deberá rendir explicaciones y trabajar para cumplir sus metas en contención del gasto y reformas institucionales, algo de lo que estarán “vigilantes”.
Lea también:
- El especial: Eurobonos: el segundo round de un Gobierno preso de sus finanzas
- Lo último: Contrarreloj inicia para eurobonos: el Gobierno corre y los diputados dudan
- La explicación: ¿Qué son los eurobonos, por qué el Gobierno los busca y cómo le impactarían a sus bolsillos?
Resignación oficialista
Actualmente, el Gobierno busca el permiso legislativo para emitir eurobonos con el objetivo de mejorar sus condiciones de deuda, pues continuar buscando los recursos en los mercados locales implicaría obtener peores condiciones en materia de plazos y tasas de interés, que se trasladarían a los mercados locales (personas y empresa privadas).
Este nuevo texto, aunque fuertemente reducido, fue recibido con buenos ojos por los diputados oficialistas del PAC, en parte resignados desde hace ya varias semanas a que la reducción de los montos era inminente si querían recibir el permiso.
Además, ya sabían que el resto de las fracciones proponía permisos parciales para que el Ejecutivo tenga que ir a la Asamblea cada vez que quiera realizar una nueva emisión, un mecanismo de control político más que de cualquier otro sustento técnico.
“Si bien es cierto que para nosotros el monto pudo haber sido mayor debido a las necesidades urgentes en este momento, estamos conscientes de que esta fue la mejor negociación posible y de que para esto estamos en este parlamento: para alcanzar mayorías en medio de las diferentes propuestas”, aseguró la congresista Paola Vega.
El recorte de los recursos era inminente, incluso a pesar de que los bancos públicos y privados del país recomendaban una aprobación conjunta de los $6.000 millones o un monto similar, como ocurrió en el Gobierno de Laura Chinchilla (cuando se aprobaron emisiones por $4.000 millones), pues consideraban que ese movimiento conjunto habría permitido dar mayor seguridad a los posibles inversionistas y obtener así mejores condiciones de crédito de los mismos.
No obstante, la reducción es una realidad ahora y poco podrán decir las autoridades de Gobierno para convencer a los diputados de retractarse. La mayoría de los congresistas ya están convencidos y en el Ejecutivo ya contemplaban este escenario.
Ahora más bien se concertarán en la aprobación de este primer tracto anual, un proceso que “implicará una negociación política adicional”, tal como ya advirtió el diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Eso sí, para escuchar a las autoridades de Hacienda y del Banco Central, incluidos la ministra Rocío Aguilar y el presidente ejecutivo Rodrigo Cubero; los diputados anunciaron su intención de convocarlos en audiencia ante el Plenario legislativo, de modo que puedan explicar cómo utilizarán los recursos de este permiso y de los financiamientos que el Gobierno ya ha negociado con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
En reiteradas oportunidades, ambos jerarcas han señalado que la idea simplemente es transformar parte de la deuda interna del país en bonos de deuda externa, la cual se puede conseguir a tasas por demás inferiores, especialmente en los bancos internacionales.
Sobre la nueva redacción del proyecto, las reacciones del Ejecutivo han sido escasas. No obstante, la diputada Paola Vega sí señaló que conversó con la ministra Aguilar, quien le comentó algunos detalles de forma que esperaría poder reformar más adelante, para evitar problemas en la aplicación de los créditos.
Hace apenas un par de semanas, el presidente Alvarado reiteró que la meta del Ejecutivo es tener la aprobación para acceder a deuda externa a más tardar a finales de junio.
