La Asamblea Legislativa retrasará por seis meses más la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública (Nº 9986), según un acuerdo político que se concretó este jueves. En la última semana, distintas instituciones solicitaron el retraso para esperar claridad en el reglamento de la ley, incorporarse al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y, también, esperar que dicha herramienta digital reciba mantenimiento durante una semana.
El plenario dio su apoyo para dispensar de trámite el expediente 23.471, promovido por la liberacionista Carolina Delgado, que originalmente pretendía atrasar la aplicación por un año mas. Votaron 40 legisladores a favor y 12 en contra (la mitad de estos fueron la bancada del Frente Amplio, el resto de Liberación Nacional).
“Mi posición ha sido que son importantes los 12 meses. El acuerdo político permitió llegar a seis meses. Eso es lo que se plantea votar esta semana que viene. El país y las instituciones no están listas para implementar la reforma que se había planteado”, afirmó Carolina Delgado a UNIVERSIDAD.
La legisladora afirma que las instituciones no han tenido tiempo para conocer el reglamento de la Ley General de Contratación Pública, por ejemplo. La Ley entrará a regir el próximo jueves 1 de diciembre; es decir, el proyecto de Delgado deberá estar aprobado en segundo debate y publicado en el diario La Gaceta antes de esa fecha.
Sólo una diputada del PLN mantiene apoyo a proyecto que retrasa entrada en vigencia de Ley General de Contratación Pública
Diez integrantes de la bancada liberacionistas apoyaron la iniciativa con su firma, pero se dio desbandada luego de declaraciones de la oficialista Pilar Cisneros y del Ministro de Hacienda.
Una carta del Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros (CFIA) afirma que el retraso es necesarios pues “los funcionarios ocupan un tiempo razonable y prudencial para capacitarse, pues en los diferentes entes y órganos de la Administración no todos son abogados ni personas que tienen la idoneidad necesarias para conocer los cambios que surgen, para lo cual incluso se requiere conocer del contenido del Reglamento que se promulgue”.
Otro de los retrasos es que el SICOP estará suspendido entre el 1 y el 8 de diciembre. La Ley dispone que toda actividad de contratación pública deberá utilizar un sistema digital unificado, que utiliza al SICOP.
El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) escribió a las jefaturas de fracción que ese cierre podrá afectar procesos en curso, por lo que quedarán en suspenso “los procesos en tramitación o los que se encuentran pronto a publicarse en dicho sistema, atrasando con ello la intervención y el mantenimiento y conservación (de las calles y carreteras) que ha sido abandonado por más de dos años”.
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) afirma que ese mismo efecto ocurriría en las municipalidades.
“Principalmente vinculados a la gestión de la Red Vial Cantonal, la cual debido a los retrasos en los depósitos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes generó demoras a los Gobiernos Locales en los procesos de contratación del periodo vigente”, dice su carta.
En el caso de las asociaciones de desarrollo, piden que se les excluya inclusive de la Ley (un trámite que podría hacerse durante este periodo de gracia de aplicación). Al incluir a las asociaciones dentro de la Ley de Contratación Pública, quedaron afectadas leyes que rigen la ejecución de sus recursos y que no se modificaron, o derogaron. La organización comunal funciona a un nivel con menos oportunidades tecnológicas que el entramado institucional del gobierno central.
“El trabajo de los miembros de las organizaciones de desarrollo es ad honorem, es decir no reciben gratificación económica por su realización (…) las organizaciones se componen por un mínimo de siete miembros, que en algunos casos tienen poco conocimiento informático o baja escolaridad, por lo cual se les deja en vulnerabilidad y desventaja, por ende, a la hora de aplicar dicha ley”, explica la carta de Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo.
Sobre la dispensa de trámite, únicamente se posicionó en contra el liberacionista José Joaquín Hernández, quien dijo en el plenario que “siempre se trata de poner orden en las contrataciones públicas y nacen diferentes alternativas para bloquear”.
La Ley General de Contratación Pública (número 9986) fue aprobada el año pasado, tras un extenso trámite en una comisión especial de la Asamblea Legislativa. Fue presentada por la exdiputada liberacionista Ana Lucía Delgado.
