La interpelación al ministro de Salud, Daniel Salas, dejó insatisfechas las dudas de diputados y diputadas sobre la vacunación contra el COVID-19. Ahora, una moción de convocatoria para traer al foro legislativo a directivos de Pfizer, la farmacéutica proveedora de un 73% de las vacunas de Costa Rica, se tambalea.
Alrededor de 20 diputados retiraron sus firmas, una mayoría de Liberación Nacional. La Comisión de Ingreso y Gasto, la que tendría que haber votado sobre este plan, quedó suspendida el jueves por falta de quórum. Al menos 14 legisladores de Unidad Social Cristiana, independientes, del Frente Amplio e Integración Nacional mantienen sus firmas.
La jefa del PLN, María José Corrales, asegura que cada diputación firmó y retiró sus firmas individualmente. Rechaza que este sea un tema partidario.
“Nada tiene que ver la convención del domingo con respecto a la moción, son temas totalmente ajenos y no se relacionan entre sí. Me parece que lo importante es que, en este caso, saber que se necesitan respuestas. La ciudadanía tiene algunas dudas e inquietudes”, afirmó Corrales.
La diputada dice que firmó la moción “porque me quedan dudas con respecto a los cronogramas de vacunación” y dice también que “para evitar afectaciones (en la vacunación), mi posición fue mejor retirar la firma”
“Si ve mi interpelación, yo le consulté puntualmente por los cronogramas de vacunación, el cronograma de llegadas de dosis al país. Cuando él me responde, lo que dice es que no tiene los cronogramas y que tiene que pedírselo a la Caja porque no lo conoce. Me parece que eso es preocupante, máxime que él es el representante y la voz de la salud costarricense”, aseguró Corrales en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Que no se pudiera conocer el precio de cada dosis de las vacunas… Eso nos puede permitir generar un control de los recursos costarricenses. Al final de cuentas, todas estas compras se hacen con fondos públicos (…) Quiero insistir en que no es un capricho de María José Corrales como diputada sino que responde a inquietudes de la ciudadanía. Como representante popular me las hacen. Los costarricenses quieren obtener esas respuestas”, afirmó la jefa liberacionista.
Contrato con Pfizer: país no puede informar sobre precios de vacunas ni cronogramas de entrega
En enfrentamiento airado con diputado minoritario, el Ministro de Salud evadió responder si funcionarios de la CNE y Comisión Nacional de Vacunación tienen historial de trabajo con Pfizer
Minoritarios sostienen moción
De las firmas que siguen en pie, continúan la de los minoritarios José María Villalta (Frente Amplio) y Wálter Muñoz (Integración Nacional).
Villalta mantiene preguntas sobre especificidades del contrato, como las garantías que Pfizer le pidió dar a Costa Rica (entre ellas, activos soberanos), o cuáles mecanismos tiene el país para aplicar “en el caso de incumplimientos o atrasos en el tema de entregas de las vacunas”.
Adversa la cláusula de confidencialidad del contrato, razón que dio el ministro Salas para el secretismo de la relación entre Gobierno y Pfizer. Villalta mantiene que “la empresa Pfizer abusa de su posición de poder y hace exigencias desproporcionadas a los Estados”.
“(La cláusula) es una imposición injustificada y arbitraria de la empresa transnacional. Eso fue reconocido, entre líneas, por el señor Ministro”, afirmó Villalta a este semanario.
El frenteamplista dice que “Es injustificado el relato del Gobierno para pretender usar esta imposición como excusa para que nada se investigue y nada se aclare”.
En su criterio, el Gobierno ha “explotado hábilmente el temor de la población, obviamente justificado, sobre la pandemia y la necesidad de la vacunación”.
“Pretender que el parlamento agache la cabeza, no pregunte nada, no investigue nada, no busque aclarar nada… Me parece una conducta cómplice y oportunista. Alguna gente muy irresponsable dice que para qué vamos a investigar nada, si hay una cláusula de confidencialidad. Más bien, porque es un asunto de interés público, donde hay fondos públicos de por medio, y lo pretenden tramitar con secretismo es que hay que investigar”, afirmó Villalta, quien dice que “buscando con claridad sobre el tema, investigando lo que ha pasado en otros países”.
En el caso de Wálter Muñoz, el diputado sostiene que la vacunación ha sido lenta en detrimento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Como otros diputados, pide diversidad en las compras de vacunas.
“No contestó si ha habido países donde se han combinado una primera y segunda dosis de diferentes empresas, para garantizar las dos dosis. Tampoco contestó, diciendo que desconoce, el ligamen entre funcionarios del Gobierno con la empresa Pfizer. Demuestra que no sabemos si, en realidad, esa respuesta es convincente. Debió decir que iniciarán una investigación para ver qué ligámenes pueda haber en el Gobierno”, afirmó Muñoz.
Información que quedó en el aire, según los diputados
María José Corrales (PLN): Cuáles son los cronogramas de llegada de las vacunas al país; cuál es el precio unitario de cada dosis; cuáles son los cronogramas de vacunación proyectados; qué factores internos y externos impiden al país que acelere la vacunación contra el COVID-19.
José María Villalta (Frente Amplio): “¿Por qué el proceso de vacunación va lento? ¿Por qué el país no ha hecho esfuerzos para traer más variedad de vacunas al país? Hay que profundizar sobre lo que han hecho otros países con sistemas sanitarios sólidos y que han logrado habilitar la compra de vacunas de otros países y otras marcas. Hay que investigar si es verdad lo que dice el Ministro Salas de que si no es Pfizer y Astrazeneca se pone en peligro la salud de la población”.
Wálter Muñoz (Integración Nacional): Por qué “no hicieron caso al estudio de la Escuela de Geografía de la UCR” sobre la ubicación de las poblaciones más afectadas del país; por qué no se realizan testeos masivos para identificar la población contagiada.
