El Plenario de la Asamblea Legislativa tuvo un arranque poco productivo en las sesiones extraordinarias celebradas este lunes 7 de marzo. En la doble jornada solo se aprobó en primer debate, por unanimidad, la reforma al Código Procesal Penal que sanciona con penas de entre 2 y 4 años a quienes introduzcan teléfonos celulares, tarjetas SIM u otros dispositivos de comunicación en centros penitenciarios.
Sin embargo, los diputados rechazaron extender el plazo cuatrienal al expediente 22.459, impulsado por la exdiputada del PAC Carolina Hidalgo. Esta iniciativa buscaba eliminar el uso discrecional de los 500 litros de gasolina que cada legislador recibe mensualmente. La votación quedó 12 a favor y 28 en contra, sin alcanzar los 29 votos requeridos para mantener con vida el proyecto.
A favor votaron cinco diputados del Frente Amplio, el oficialismo y las independientes Kattia Cambronero, Cynthia Córdoba y Gloria Navas. En contra se manifestaron todas las curules presentes del PLN, PUSC, Nueva República, PLP y el oficialista Alexander Barrantes. Se registraron 17 ausencias, entre ellas las de Pilar Cisneros, Eliecer Feinzaig (PLP), Rocío Alfaro (FA) y la exprecandidata liberacionista Carolina Delgado.
Durante la sesión también se discutieron varias mociones de revisión al expediente 23.107, “Ley para la prescripción de deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social”. Estas fueron presentadas y votadas únicamente por el Frente Amplio. Algo similar ocurrió con las cinco mociones que el mismo partido propuso al expediente 24.162 «Ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan ilegalmente teléfonos celulares, satelitales u otros medios de comunicación o electrónicos en los centros penitenciarios de Costa Rica».
La diputada Priscilla Vindas (FA) defendió que las mociones no pretendían bloquear el proyecto, sino mejorar el texto. De las cinco mociones, solo tomaron la palabra en dos de ellas, ambas para hacer un llamado de mantener la pena máxima en 4 años pero reduciendo el mínimo de 2 a 1 año. Vindas alegó que en derecho penal debe imperar la proporcionalidad y una sanción de dos años podría ser excesiva en casos como el ingreso de componentes tecnológico (que no sean teléfonos o tarjetas SIM) o cuando las personas ingresarían estos dispositivos obligados por bandas criminales.
Estas sesiones, que iniciaron a la 1:45 p.m., son parte de una estrategia para destrabar la agenda legislativa y abordar los proyectos de ley pendientes en materia de seguridad que fueron señalados como prioridad en la última reunión de seguridad de los Supremos Poderes.
Además, la lista de proyectos incluía tres iniciativas a solicitud de distintas bancadas: Nueva República propuso el expediente 21.540 sobre fomento al empleo para personas bajo apremio corporal; Liberación Nacional agregó el 23.601, que crea la Policía Ambiental; y el Frente Amplio incluyó el 23.928, que reforma el Código Penal para combatir el silencio institucional.
Una tercera sesión extraordinaria se realizará el próximo jueves 10 de abril, con el fin de continuar con la discusión de los expedientes pendientes en materia de seguridad. La segunda jornada fue levantada a las 5:01 p.m. para que los jefes de fracción y el presidente legislativo recibieran a una delegación de la Embajada Popular de China, encabezada por Qiu Xiaoqi, representante especial del gobierno chino para América Latina.
