Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos archivaron hoy el último proyecto que quedaba en corriente legislativa para tratar de impedir la aplicación del matrimonio igualitario (o al menos para complicarla un poco más).
Se trata de una iniciativa que presentaron seis diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en julio del año pasado, la cual recibió criterios negativos de la mayoría de los entes consultados, incluidos la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como ente que tiene a cargo el Registro Civil.
La votación fue de cuatro votos contra uno. En contra de seguir con el texto se posicionaron el oficialista Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); así como los diputados Jorge Fonseca y Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN); y la congresista María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
En la contraparte, a favor de continuar con el proyecto, solo se manifestó el diputado Dragos Dolanescu, uno de los dos legisladores del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
La decisión fue celebrada por el presidente del foro, el diputado Sánchez, quien enfatizó en que el texto “creaba una categoría diferente para parejas del mismo sexo”, por lo que era “discriminatorio e inconstitucional”.
“Era un proyecto que simplemente mantenía una discusión que ya fue superada por la Sala Constitucional y lo cierto es que el matrimonio igualitario será una realidad a partir de mayo próximo y que cualquier otra discusión diferente al matrimonio no solo es inconstitucional, sino inoportuna”, subrayó.
En las conclusiones de su dictamen para desechar la iniciativa, los diputados simplemente redactaron que la propuesta era “claramente discriminatoria”, como señalaron los entes consultados.
Apenas semanas atrás, diputados socialcristianos y del bloque independiente Nueva República (fabricistas) también habían tomado la decisión de impulsar una nueva versión de esta iniciativa, de modo que se tramitara con las nuevas reglas del reglamento legislativo y no como este expediente. Sin embargo, finalmente desistieron.
Los motivos para ello fueron varios. Por un lado, perdieron el apoyo de Restauración Nacional, pues la fracción evangélica catalogó los esfuerzos de “insuficientes”; mientras que, por el otro, varios de los 25 congresistas que ya habían firmado el texto solicitaron retirar su apoyo, ante la inviabilidad técnica y política de la iniciativa.
Esta inviabilidad quedó clara con el rechazo del PRN; así como con los criterios de la Defensoría de los Habitantes y el TSE, que calificaron la iniciativa como legalmente falta de fundamento.
Estos organismos fueron enfáticos en que ninguna solución alternativa al matrimonio igualitario era viable para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al país garantizar este derecho “en igualdad de condiciones” para las parejas del mismo sexo desde enero de 2018.
Esta directriz de la Corte fue avalada por la Sala Constitucional, que dio un lapso de 18 meses para que las normas que impiden el matrimonio igualitario queden derogadas y para que los diputados intentaran adecuar la legislación nacional a partir de ese mandato: algo que finalmente no ha ocurrido, ni parece que vaya a pasar.
La prohibición del matrimonio igualitario, de cualquier manera, quedará sin efecto a partir del 26 de mayo de 2020; cuando se cumplirá el plazo de 18 meses dado por la Sala, a partir de la publicación de su resolución.