Los diputados aprobaron en primer debate una nueva ampliación de tres meses para la Ley de reducción de jornadas, ante críticas de los legisladores Paola Vega (Partido Acción Ciudadana) y José María Villalta (Frente Amplio). Además de estos dos diputados, también se opusieron Welmer Ramos (PAC) y Melvin Núñez (Restauración Nacional).
La versión modificada del expediente obtuvo 34 votos afirmativos.
Este miércoles, tras recibir una serie de mociones de Vega y Villalta, los diputados cambiaron sustancialmente el plan original que pretendía prolongar la reducción de jornadas hasta por 12 meses y que, además, recibió dispensa del trámite dentro de las comisiones legislativas.
Ahora, las empresas afectadas económicamente por el COVID-19 pueden pedir que se extienda la reducción por tres meses más para el 2021. En marzo pasado, tras la declaratoria de emergencia, el Gobierno presentó esta modalidad en la Asamblea Legislativa, con el fin de evitar despidos y reducir posibles quiebres en negocios que redujeron sus ventas de bienes o servicios.
Entre otras cláusulas de la moción de consenso, la ampliación de las reducciones prohíbe horarios laborales fraccionados a persona trabajadora (Villalta denunció que hay empleadores que ponen a laborar a sus trabajadores dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, lo cual les imposibilita buscar un segundo empleo).
También se definió que si el patrono mantiene la reducción sobre las jornadas de un porcentaje de trabajadores, no podrá pagar horas extra “sino que deberá reincorporar a la persona con jornada reducida que se requiera”.
La prórroga también quedó sujeta a que “la persona empleadora no haya abusado de los mecanismos establecidos en la ley; o incurrido en incumplimiento de la legislación laboral”.
¿Cómo se abusa de esta ley? Reduciendo los salarios sin reducir la jornada real y no son pocos casos. Aunque ustedes no crean, eso ha pasado. O empresas que volvieron a su actividad normal y simplemente mantienen la reducción de jornadas para seguir trasladando a los trabajadores los costos de la crisis”, explicó Villalta, quien también sugirió al plenario que “hablen con los periodistas que cubren la Asamblea Legislativa”.
Tanto Villalta como la oficialista Paola Vega acusaron que los diputados aprobaron el primer debate del plan con información insuficiente de cómo se aplicó y a quiénes afectaron con la promulgación de la ley original.
Vega mantuvo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no cuenta con datos de la aplicación de la reducción de jornadas, porque ella los solicitó en noviembre pasado.
“No entiendo cómo el Ministerio de Trabajo recomienda seguir con la aprobación de esta ley sino tiene estudios que sustenten el efecto de la ley original”, aseguró la diputada.
La oficialista atacó al Ministerio de Trabajo porque el ente Ejecutivo conoce de casos en los que se aplicó la reducción de jornadas a mujeres en lactancia y embarazadas, una prohibición expresa en el plan original.
“En la escasa información que se me da, me dicen que se le está aplicando la reducción de jornadas a casos que no se le puede aplicar: como mujeres en lactancia, embarazadas, personas incapacitadas. Ninguna crisis puede tener como primera opción la violentación de derechos esenciales”, afirmó Vega.
La diputada también dijo que hay “empresas que han recuperado operación normal y siguen aplicando estas rebajas a diestra y siniestra”.
El diputado Villalta solicitó en otras mociones que se consultara el texto a sindicatos y asociaciones de trabajadores; así como que se pidiera información técnica al Ministerio de Trabajo de la supervisión que hizo del cumplimiento de la ley.
“No se puede asumir que seguir ampliando las condiciones de esta ley, que se concibió como una ley excepcional por un plazo determinado, automáticamente beneficia o favorece a todas las personas trabajadoras”, aseguró Villalta.
Ambos opositores del proyecto pidieron convocar el proyecto que reforma la inspección laboral. Villalta habló de la incapacidad del Ministerio de Trabajo para multar a patronos porque el procedimiento actual concede que la investigación de los inspectores pueda tardar seis meses en formalizar una denuncia en los Tribunales de Trabajo y en la vía penal el caso “se resuelve en dos años”, según dijo.
El proyecto original dice que las reducciones se aplican según el nivel de afectación de las empresas, con reducciones entre 20% y 75% que se reflejan en los ingresos de la persona trabajadora. Los diputados también advirtieron que pueden existir casos de trabajadores que reciben menos del salario mínimo para sobrevivir.
Gobierno activa en el Congreso plan para prorrogar reducción de jornadas laborales
Medida afectó a 146.000 trabajadores y al 57% se le prolongó ya; efecto podría ampliarse por más tiempo si se aprueba expediente convocado por el Ejecutivo en sesiones extraordinarias, con el objetivo de evitar más despidos por la crisis.
