En primer debate, la Asamblea Legislativa aprobó una transferencia de ¢75.000 millones de las utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) que Hacienda recibirá en sus cuentas y serán usados “exclusivamente para transferencias en beneficio de las personas que se han visto económicamente afectadas por la emergencia” del COVID-19.
Anteriormente, estas transferencias fueron decretadas por Gobierno bajo los bonos Proteger, que ofrecen montos de los ¢125.000 y ¢62.500 a personas con ingresos nulos o disminuidos por las medidas de aislamiento.
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51 diputados aprobaron unánimemente el proyecto de ley, tras recibir una modificación sugerida por la diputada liberacionista Silvia Hernández, quien señaló que los objetivos del INS no se pueden alejar “de resguardar a los asegurados”, por lo que no se puede usar el dinero de la institución como una “caja chica”.
Con esta última modificación, los diputados resolvieron que el INS recupere la donación hecha con sus utilidades. Por esta razón, el INS no tendrá que pagar el 10% de sus utilidades hacia el Régimen de riesgos del trabajo (que está definido en el artículo 80 de la Ley de Protección del Trabajador), durante tres años.
Si, en esos tres años, el INS no logra “recapitalizar los ¢75.000 millones”, la institución podrá seguir postergando esa misma medida, hasta que recupere el dinero.
Según el texto de ley, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) deberá supervisar que el dinero regrese a las arcas institucionales.
El segundo debate del proyecto de ley será el próximo sábado 16 de mayo; los diputados sesionarán de 9:15 a. m. a 12:30 p. m.
Diputados reclaman falta de información del Gobierno
El trámite del proyecto abrió nuevamente la discusión sobre si Gobierno está señalando con claridad la ruta de resolución del COVID-19 y si esta ruta está en conocimiento del congreso.
Esta crítica fue asumida desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por los diputados Erwen Masís, Pedro Muñoz, Pablo Heriberto Abarca y Shirley Díaz.
Los diputados aseguran que que les hace falta un “plan de acción” que venga desde Gobierno, que especifique el trabajo fiscal y económico durante el COVID-19.
Esta mañana, el el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) recibió una carta con especificaciones sobre el uso de los $380 millones de un préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
En nombre del PUSC, su jefe de fracción Rodolfo Peña pidió que el Gobierno también haga hacer llegar la información a su bancada.
El independiente Jonathan Prendas también repitió esta crítica, por la tarde de este jueves, y dijo que Gobierno no ha querido dar la información a los diputados, salvo a la fracción oficialista.
Prendas dijo que a los diputados los “siguen informando por medios de comunicación”.
