Los diputados aprobaron esta tarde el proyecto de ley 21.426 —impulsado por el Poder Ejecutivo— para dar estabilidad a las finanzas de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a través de un plan de movilidad laboral que recortaría en al menos dos terceras partes su planilla.
La iniciativa se aprobó inesperadamente, luego de que los congresistas votaran de forma unánime una moción para concluir con el proceso este mismo miércoles a través de una sesión extendida.
El texto, sin embargo, no contó con el apoyo absoluto de todos los legisladores, pues 12 de los 50 presentes votaron en contra.
Se opusieron los fabricistas del bloque independiente Nueva República, los diputados limonenses Eduardo Cruikshank y Giovanni Gómez, del Partido Restauración Nacional (PRN); David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN); Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), José María Villalta, del Frente Amplio (FA); y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Pese a las dudas y los recesos maratónicos de negociaciones (que luego podremos reseñar mejor), se aprueba el proyecto de despidos, traslados y prejubilaciones en Japdeva, 38 votos contra 12. El PRN y e @SemanarioU pic.twitter.com/HgfgXSfJut
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) August 29, 2019
Las negociaicones fueron intensas y las horas de recesos así lo reflejaron, luego de que varios discursos de los diputados opositores pusieran sobre la cuerda floja el apoyo de otros congresistas que no querían asumir la responsabilidad política “solos”.
Con este proyecto, Japdeva quedará habilitada para iniciar procesos de traslados, prejubilaciones, subsidios y despidos hasta alcanzar un punto de sostenibilidad financiera; hecho que la entidad requiere, pues sus ingresos decayeron abruptamente con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Monín (TCM), administrada por APM Terminals.
Según datos de la institución, sus ingresos se drenaron hasta caer a cifras de entre ¢700 millones y ¢800 millones, muy por debajo de los ¢2.500 millones que la entidad necesitaba para mantener vivas sus operaciones como estaban.
Este desfaz fue catalogado como insostenible por el Gobierno, que entonces envió el plan de reestructuración al Congreso con el objetivo de realizar recortes en los gastos por remuneraciones (que alcanzan el 70% de las erogaciones de la junta).
Según la jerarca de Japdeva, Andrea Centeno, la institución cuenta actualmente con poco menos de 1.200 empleados, de los que apenas podría mantener unos 400 para alcanzar un punto de estabilidad.
Por ahora, el Congreso había aprobado un presupuesto extraordinario que giró ¢5.700 millones a Japdeva para sostener su planilla por tres meses; sin embargo, la entidad reconoce que no habría recursos para sostenerse más allá de eso.
El contexto:
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Con el visto bueno de los congresistas, ahora sólo restará la aprobación en segundo debate de la iniciativa; así como su firma por parte del presidente Carlos Alvarado y la respectiva publicación de la misma.
Las formas
Para realizar el proceso de movilidad laboral, el texto propone varias modalidades: prejubilaciones, traslados horizontales e incentivos por renuncias. Además, obliga al Ejecutivo a despedir a funcionarios, en caso de que las personas que se acojan a esas figuras no permitan el equilibrio financiero.
En cuanto a las prejubilaciones, se trata de un subsidio del 63% del promedio salarial de las 12 mejores remuneraciones mensuales del funcionario en sus últimos cinco años, siempre y cuando ese monto no supere el tope de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Este modelo quedaría con cargo al presupuesto nacional, se ajustaría anualmente por inflación y solo se suspendería hasta que el funcionario se reinserte en el campo laboral o cuente con los requisitos necesarios para pensionarse.
En el caso de los traslados, estos solo podrían realizarse con la venia del funcionario y de las instituciones receptoras; mientras que los incentivos para salida varían en sus montos, dependiendo del salario que reciba cada funcionario.
Si el trabajador cobraba más de ¢1 millón podría solicitar una bonificación de cuatro mensualidades extra, pero si su salario era menor a esa suma, podrían cobrar hasta ocho mensualidades.
Las reacciones
Para el diputado limonense del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank, la situación actual de Japdeva es lamentable. Según dijo, es una entidad que siempre había sido sostenible “hasta que la situación financiera se agudizó por ciertos abusos de tipo convencionales (salariales), donde la planilla mensual rebasó los ingresos de la institución”. “Esto, sumado a la pérdida de la carga (con la TCM), terminó de agudizarse”, puntualizó.
Por su parte, el también limonense del Partido Liberación Nacional (PLN), David Gourzong, apuntó con mayor fuerza a la gestión de los últimos gobiernos, a los que acusó de no haber actuado para generar una mejor transición a la entrada en operaciones de la TCM y de poner ahora sobre las manos de los diputados un asunto que se debió analizar hace mucho tiempo.
Eso sí, puntualizó que el trabajo de los diputados ahora deberá ser exigir soluciones en favor de los empleados despedidos, pues se necesitan planes concretos a corto plazo y existen oportunidades para aprovechar el recurso humano.
“Parece que los diputados vamos a tener que irnos a meter a Japdeva para que las cosas se hagan (…) aquí el empleo tenemos que buscarlo y generarlo, tenemos gente preparada”, señaló en entrevista con Universidad, este martes.
La aprobación del proyecto llegó apenas días antes de la gira planeada por el presidente Carlos Alvarado a la provincia de Limón, donde la situación de la Junta caldea los ánimos de representaciones civiles y sindicales.
No obstante, el proyecto siempre fue defendido por el Ejecutivo, que lo colocó como una de sus prioridades en las sesiones extraordinarias de agosto (período en el que define la agenda de los diputados).