Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta noche el expediente 20.786: la Ley de Educación y Formación Dual Técnica, que pretende abrir un marco normativo para aplicar esta modalidad educativa —de forma opcional— en colegios, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y universidades.
La iniciativa contó con el apoyo de 48 congresistas y el rechazo de solo dos: el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, y la diputada Shirley Diaz, del Partido Unidad Social Cristiana.
El proyecto establece un marco normativo para que estudiantes que así lo deseen puedan recibir su formación de forma compartida entre las aulas y lugares de trabajo, “empresas formadoras” que servirían como espacio para la práctica evaluada de los conocimientos adquiridos.
Este modelo, dice la norma, deberá ser “profesional, voluntario, integral, práctico y formativo”, con el propósito de “generar procesos de aprendizaje” que tomen en cuenta “los requerimientos de los sectores sociales y productivos del país”.
El texto es bastante general y no menciona factores como los horarios y los montos de las becas, detalles que quedarían a expensas de los reglamentos y de las mallas curriculares que se establezcan a partir de esta iniciativa.
Lo que sí se establece de forma concreta es el financiamiento de la modalidad; el cual recaería en las empresas formadoras y el INA.
En el caso de las empresas, el texto establece que las entidades que participen del modelo de formación dual deberían aportar ¢120.000 por cada estudiante que reciban (un monto que sería ajustado anualmente por inflación). No obstante, quedarían exoneradas de pagar esa carga las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En el caso del INA, el texto señala que la institución debería dedicar al menos un 1% de su presupuesto para el programa (unos ¢1.500 millones, según el presupuesto aprobado para 2019), con el objetivo de “apoyar a las personas estudiantes que participan en los programas de EFTP dual en cualquier centro educativo, público o privado”.
Esta iniciativa fue presentada durante el cuatrienio pasado por el diputado Ronny Monge, del PLN, y en esta legislatura la retomó con especial atención el diputado Wagner Jiménez, del mismo partido.
El texto, además, fue impulsado por el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Carlos Alvarado, quien recientemente la destacó como una de sus prioridades para el período de sesiones extraordinarias en el Congreso (de este mes de agosto).
Según Alvarado, se trata del marco necesario para regular un modelo educativo que “permitiría facilitar el ingreso de las personas jóvenes al mercado laboral, capacitarse y hacer prácticas en centros de trabajo”.
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Diputado Villalta, FA: “El estudiante trabaja, se integra en el proceso de producción”
La principal crítica al proyecto fue que no se reconociera el contrato educativo entre estudiantes y empresas como una relación laboral. Esta tesis ha sido especialmente defendida por los sindicatos de la educación, y algunos sectores sociales y políticos, que en la Asamblea Legislativa encontraron su principal eco en la voz del diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA).
Villalta recalcó esta tarde esa posición y aseguró que carecía de lógica desconocer derechos laborales, cuando “la persona estudiante trabajadora participa y se integra en el proceso de producción, se somete a las directrices y las indicaciones de las empresas”.
Al respecto, Villalta fue enfático en que la ley pretende “crear una figura de contrato de aprendizaje” y que evita la concesión de “cualquier reconocimiento” por el trabajo, a pesar de que “nuestros tribunales ya califican algunos contratos (de aprendizaje) como contratos laborales con derecho a la seguridad social”.
También criticó que muchas personas utilicen ejemplos internacionales “selectivamente”, como Alemania, “que sí reconoce la vertiente laboral de los aprendices, hasta para sindicalizarse”.
En el caso de esta iniciativa, el diputado frenteamplista indicó que los estudiantes, al menos en concreto, ni siquiera tendrían una entidad competente designada para realizar sus reclamos.
Villalta reflejó sus posturas en cientos de mociones a lo largo del debate legislativo; sin embargo, no contó con el respaldo suficiente del resto de las bancadas para plasmar las ideas en el proyecto. Sus últimos intentos fueron más de una treintena de mociones que reiteró esta tarde, pero ninguna alcanzó dar con sus objetivos.
Según indicó Villalta, para el FA la educación dual siempre se contempló como “una alternativa válida” de aprendizaje; sin embargo, debía “garantizarse que se respetaran los derechos humanos y laborales básicos de estas personas”.
Otra diputada que intentó realizar modificaciones de última hora fue Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien aseguró que la iniciativa aún tenía falencias y que “reconocía más los derechos de las empresas, que de los estudiantes”.
Diputado Jiménez, PLN: “Los jóvenes no irán a trabajar a las empresas, irán a aprender”
Por el lado de los propulsores del proyecto, la perspectiva siempre fue otra. Así lo dejó claro el diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien más bien subrayó que la visión de la iniciativa no podía brindar reconocimientos laborles a un proceso que lo que busca es alentar el aprendizaje.
“Yo participé en diversos foros, algunos con personeros de la OIT y abogados laboralistas, que llegaron a la conclusión de que este era un proyecto educativo y no laboral. Los jóvenes no irán a trabajar a las empresas, irán a aprender y cada empresa nombrará un mentor certificado, que será el responsable de girar las instrucciones de enseñanza y de los procesos de aprendizaje en las empresas”, subrayó.
Además, Jiménez indicó que cada centro educativo podrá “verificar” que se cumplan las condiciones de los contratos establecidos y que no debería existir problemas con ellos. “Pueden constatar que se cumpla lo establecido en el programa educativo”, aseguró.
Para Jiménez, educador de profesión, el texto fue un éxito. Así lo calificó también en el paso el sector empresarial, representado en cámaras como la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).
Ellos pujaron por el proyecto, aunque siempre bajo la condición de que no hubiese una relación laboral en concreto.
Ahora, el proyecto deberá atravesar su segundo debate para convertirse en Ley de la República; sin embargo, la iniciativa no parece tener mayores trabas en el Congreso. Más adelante, solo quedarían posibles acciones de inconstitucionalidad o recursos de amparo, para los sectores que deseen frenar sus alcances.
De cualquier manera, esta aprobación ya es celebrada por actores como el diputado Jiménez: “Es un paradigma educativo muy novedoso que se está aplicando en otras latitcudes y Costa Rica tendrá la oportunidad de implementarlo en los próximos meses”, conluyó el liberacionista.
Lea aquí la última versión de la iniciativa: Dictamen 20786