Con treinta y trés votos a favor y quince en contra, este lunes, tras semanas de discusión y un fuerte pulso con el oficialismo, el plenario legislativo aprobó el presupuesto ordinario para el 2023, que incluye una modificación a la propuesta del Gobierno, que reintegra 81.000 millones de colones al sector social e instituciones públicas.
La propuesta original del Ejecutivo planteaba usar ese dinero para pagar intereses de la deuda pública, pero los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios determinaron excesivos los recortes a programas sociales, salud, agricultura, cultura y educación, por lo que devolvieron parte de los recursos.
Cabe destacar que otros recortes realizados por la administración de Chaves a programas como vivienda y educación -que ya se anunció enfrentará un faltante de al menos ¢200.000 millones- se mantienen en el proyecto aprobado.
De los recursos tomados del pago de la deuda, se asignaron ¢500 millones al Conapam; ¢1.024 millones para el arrendamiento principal del edificio de la Asamblea Legislativa; y ¢26.178 millones para el Ministerio de Salud, que se distribuyen entre el programa para el Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (¢500 millones) y los pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (¢25.678 millones).
También se restituyeron ¢338 millones a la Contraloría General de la República (CGR).
¢426 millones para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); ¢8.232 millones para el programa de atención de infraestructura vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), específicamente para la adquisición de terrenos para la nueva carretera a San Carlos; y ¢939 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, a ser distribuidos entre protección de la salud fitosanitaria y animal y servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
Finalmente, se asignaron ¢17 millones para la Comisión para el ordenamiento y manejo de la cuenca alta del Río Reventazón y ¢4.224 millones para el Ministerio de Educación (MEP), específicamente para programas que ejecuta la Fundación Omar Dengo.
Cuando se realizaron estas modificaciones el mandatario Rodrigo Chaves llamó “irresponsables” a los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero las y los diputados prestaron oídos sordos al reclamo presidencial y defendieron la importancia de mantener el financiamiento de los programas que tienen impacto directo en las poblaciones más vulnerables.
“Hay que mantener la responsabilidad fiscal, por supuesto, pero esta no puede desligarse de la inversión social”, dijo Monserrat Ruiz en medio del debate.
Semanas atrás diputados de la fracción del Frente Amplio, Liberación Nacional y Nueva República criticaron los recortes planteados por el gobierno a distintas carteras, sobretodo cuando estos se aplicaron al tiempo que se decretó un jugoso aumento de casi el 100% a los salarios de ministros y viceministros.
El presupuesto ordinario finalmente aprobado para el año siguiente será entonces de ¢12,2 billones, de los cuales se gasta el 47% en pagos de deuda y un restante 53% en el funcionamiento propio del gobierno y las instituciones del Estado. Además, para el 2023 el 59% del presupuesto se financiará vía recaudación y un 49% con endeudamiento.
La fracción del Frente Amplio señaló durante el debate que el presupuesto presentado por el ejecutivo ve “en dirección contraria a la reactivación económica cuando se recortan áreas que promueven el desarrollo inclusivo”. como vivienda o salud.
Además, señalaron que las recientes discusiones evidencian que “ya es hora de tocar sin miedo el tema fiscal” y llamaron a resolver problemas de elusión, evasión y grandes exoneraciones.
