Una mayoría de 44 legisladores aprobó hoy en segundo debate el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI); mientras los siete diputados que votaron en contra aseguran que no existe claridad de a dónde iría cada colón que se recibiría y cuestionaron los compromisos fiscales adquiridos en la carta de intenciones firmada entre el Gobierno y autoridades del FMI y la “agenda regresiva “amarrada al préstamo.
El expediente 22.433, “Aprobación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de la facilidad de Servicio Ampliado Del Fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación post pandemia y la consolidación fiscal”, consiste en un crédito por $1.778 millones.
Fue aprobado en primer debate el pasado 1 de julio y una vez convertido en ley permitiría que el FMI desembolse el primero de seis tractos del préstamo, por $292 millones y los demás tractos contra evaluaciones semestrales para verificar el cumplimiento de las metas. Es un préstamo a 10 años, con cuatro años de gracia y a una tasa de interés de 2,05%.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, reiteró que existe una “agenda regresiva” amarrada al préstamo, cuyos contenidos son una condición para obtener los desembolsos.
Según Villalta, quien votó en contra, está claro que lo que quiere el actual Gobierno es recibir el primer desembolso; sostener la cosa hasta mayo de 2022 y que sea el siguiente gobierno el que tenga que “apañarse” con los los condicionamientos y “agenda amarrada”.
La legisladora socialcristiana Shirley Díaz, quien también votó en contra, recordó que su posición siempre ha sido de “no más impuestos, no más préstamos, no más endeudamiento, mientras no se corrija la senda económica y financiera que lleva nuestro país”.
“Si se hiciera la reingeniería de la deuda pública, podríamos recibir mayores beneficios”, dijo Díaz y criticó que el Gobierno propuso este préstamo; pero no presentó “una ruta clara (de reactivación económica) que venimos pidiendo desde hace dos años”.
“Ya que están tan afanados en aprobar esto, bajo el argumento de cambiar deuda cara por deuda barata, si tienen esos datos, si tienen esos números, por favor dénme los numeritos”, agregó la diputada. “¿Qué se está haciendo con esos canjes de deuda cara por deuda barata? Ya se aplicaron? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué es lo que vamos a canjear por qué? ¿Tienen claros esos escenarios?”, cuestionó.
Por su parte, el legislador del Partido Integración Nacional (PIN), Wálter Muñoz, quien también votó en contra, insistió en que su bancada había hecho propuestas muy concretas para enfrentar el déficit fiscal sin necesidad de pedir prestado al FMI. También precisó que actualmente el Gobierno de Costa Rica mantiene 30 préstamos internacionales por $5.678 millones, de los cuales se ha desembolsado el 60%.
“¿Por qué no permitimos una auditoría ciudadana de la deuda pública? Porque descubriríamos que este país está secuestrado por un grupo económico que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”, señaló Muñoz y añadió que hasta la fecha se han pagado $40.912.301 en comisiones y $204.355.853 en intereses de la deuda pública.
¿Con qué agenda complementaria viene el préstamo?
Esta tarde hubo legisladores que dijeron que darían su voto afirmativo para el proyecto en segundo debate pero que no aprobarían más impuestos contenidos en la agenda complementaria al préstamo, que el Gobierno negoció con el FMI. Entre ellos estuvieron la socialcristiana María Inés Solís y Jonathan Prendas, de Nueva República.
“El primer desembolso no requiere la aprobación de ningún proyecto, ni siquiera la Ley Marco de Empleo Público”, declaró Solís.
Pero Villalta criticó: “Ha faltado claridad y transparencia del Poder Ejecutivo y de las fracciones legislativas para hablarle con claridad a la ciudadanía sobre los alcances de este préstamo. Cuando les conviene, es un préstamo que no está condicionado a nada. Ese es el discurso que hemos escuchado. Dicen que no está vinculado a ningún proyecto de ley”.
El Gobierno ha informado que los proyectos de ley que darán contenido al acuerdo con el FMI por parte del país incluyen la Ley Marco de Empleo Público, un aumento en el impuesto a las casas de lujo, renta global dual y un aporte solidario de las empresas públicas de hasta un 30% de rentas, después del pago de sus deudas fiscales y para fiscales durante cuatro años. Entre esas empresas estaban el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, INS, AyA, Compañía de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica, ICE, Japdeva, Recope y Racsa.
