Con 40 votos a favor y ocho en contra, los diputados aprobaron esta tarde una moción para que la audiencia en la que comparecerá el presidente de la República Carlos Alvarado el próximo miércoles 10 de febrero por el caso Upad se realice en el salón del plenario y se cancelen las sesiones de todos los demás órganos legislativos.
El mandatario fue convocado desde el año pasado por la Comisión Investigadora que analiza el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). La audiencia dará inicio a las 9:30 a.m., sin fijar hora para el final de la comparencia.
También se acordó extender el plazo de funcionamiento de la Comisión Investigadora para que rinda su informe el 30 de abril.
La diputada socialcristiana Shirley Díaz expresó que “no debería haber tanta congoja en torno a si se está interpelando o no al señor presidente porque no es una interpelación; es una comisión que está dedicada a este tema” y agregó que la audiencia será dirigida por la presidenta de la comisión investigadora -la legisladora Silvia Hernández-.
“Creo que el lugar correcto para que esa cita se dé es aquí en el plenario legislativo por varias razones: primero el espacio; segundo, porque ya se han dado audiencias en el plenario legislativo en el recinto anterior y creo que es imperante guardar ese derecho constitucional que tenemos los diputados de venir a esta audiencia a hacer las preguntas oportunas y que todos tengamos garantizado un espacio seguro disponible” dijo Díaz. Añadió que esto impedirá que se incurra en gastos adicionales para habilitar otro lugar.
Sin embargo, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo, quienes votaron en contra de la moción, insistieron en que la medida “es inconstitucional porque es una interpelación de hecho”.
Sánchez declaró que la fracción legislativa a la que pertenece y el mismo presidente han estado siempre en absoluta disposición de la rendición de cuentas.
Pero afirmó: “este acto de una interpelación velada que señala el informe de servicios técnicos, este acto de engañar la ley para simular un acto de interpelación en el plenario es a todas luces inconstitucional porque termina realizando una interpelación de hecho porque cancela el trabajo de todos los demás órganos para qué estemos los 57 diputados, porque se realiza en la sede del plenario y porque algunos de los diputados incluso así lo han llamado en nuestro chat de protocolo, donde han dicho ‘tenemos el derecho de interpelar al presidente’”.
Según Sánchez, “es un gran error de irrespeto a la investidura de la presidencia de la República; no importa quién la ocupe”.
Según el texto de la moción, “para ese día se espera la presencia de un número considerable de señores y señoras diputados que no son miembros de la comisión; pero que tienen el derecho reglamentario al uso de la palabra”.
Y se lee “que en atención al resguardo de la salud y producto de la pandemia se necesita de un espacio lo más amplio posible para que todos los diputados que quieran hacerse presentes puedan participar de la audiencia”.
El 28 de febrero de 2020, la Fiscalía General de la República allanó la Casa Presidencial, en Zapote, así como oficinas del Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, en relación con el caso UPAD, cuya investigación continúa en el Ministerio Público y en la Asamblea Legislativa.
El Ministerio Público maneja la hipótesis inicial de que el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, son sospechosos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) por firmar el decreto que creó la UPAD, disuelta después de conocerse su existencia mediante el diario oficial La Gaceta y publicaciones en medios.
Según la exposición de hechos que se hace en el documento de la Fiscalía, entre mayo de 2018 y octubre de 2019, los también investigados Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández Montero, desempeñándose como asesores de datos del despacho de la presidencia, “conformaron una unidad gubernamental para la compilación y análisis de datos personales de las y los costarricenses, con miras a la supuesta ejecución de políticas públicas; lo anterior sin ningún respaldo legal”.
