Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque independiente Nueva República (BINR) aprobaron una moción que abriría la puerta para discriminar a personas extranjeras que requieran el tratamiento contra el VIH dentro del territorio nacional.
La moción se incluyó como parte del expediente 21.031, texto que se tramita en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de reforzar la atención del virus de transmisión sexual.
Los congresistas Jorge Fonseca y Paola Valladares (PLN), María Vita Monge (PUSC), e Ivonne Acuña (fabricista) votaron a favor de la iniciativa impulsada por el diputado y secretario general del PLN, Gustavo Viales, texto que permitiría condicionar la atención a la condición migratoria de las personas extranjeras.
En su redacción, la moción indica expresamente que las personas extranjeras con VIH que se encuentren en condición migratoria irregular “podrán” recibir la atención, siempre y cuando realicen “los trámites de regularización” de su estatus.
En la defensa de su moción, el diputado Gustavo Viales señaló que su intención no era obstaculizar el proyecto, sino “instar la regularización migratoria”.
“Me parece que las autoridades de Migración deben de comprender como prioridad estos casos, que deben de formalizarlos y que el país debe vivir en una constante iniciativa para regularizar”, apuntó Viales.
También habló la liberacionista Paola Valladares, quien indicó que datos de la Fundación IVOS señalan que de 2015 a la fecha solo se han documentado 23 casos de personas en condición migratoria irregular que buscaron el tratamiento, de los que solo uno no pudo regularizarse pero igualmente accedió al tratamiento.
Ahora, la modificación quedó aprobada como parte del proyecto de ley discutido y solo podría corregirse con el voto mayoritario del Plenario legislativo.
De continuar en la iniciativa (y de convertirse en Ley de la República), el cambio solo podría eliminarse a través de una acción de inconstitucionalidad o de un veto.
¿Es un portillo?
La decisión de votar favorablemente esta moción contó con la férrea oposición de los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).
Según indicó Villalta, si bien los discursos de los diputados que aprobaban la moción quisieron distanciarse de cualquier discriminación, lo cierto es que la redacción pasó de asegurar una atención universal a un escenario de diferenciaciones.
“Actualmente, el proyecto plantea que tienen derecho a recibir e tratamiento las personas nacionales y extranjeras, sin condicionar esto a la condición migratoria de la persona, no por dar un beneficio sino por un objetivo de salud pública, que es evitar la propagación del VIH, como una enfermedad que no diferencia sobre el carné de residencia o de nacionalidad de la persona”, subrayó.
Además, Villalta subaryó que no es lo mismo decir que una persona “tiene un derecho” a decir que un servicio “puede” ser brindado, una indicación que abriría la puerta para discriminaciones arbitrarias.
“La diferencia entre un derecho y algo opcional es que el derecho es algo que se puede exigir, entonces aquí hay una diferencia terminológica importante”, apuntó el frentamplista.
Por último Villalta expresó que no le parecería conveniente vincular la regularización migratoria a la atención médica, algo que no es procedente porque el derecho a la salud no puede condicionarse y, menos aún, a procesos que no siempre dependen del sujeto interesado.
Por su parte, el diputado Enrique Sánchez, presidente de la comisión, indicó que la moción además podría ser inconstitucional, pues los derechos humanos no deberían sufrir regresiones y así lo han indicado los tribunales nacionales e internacionales.
Sánchez fue enfático en que la nueva redacción genera categorías que no están en la legislación actual, las cuales puede ser contrarias al acceso universal que hoy existe en materia de salud. “Al hacer una norma de este tipo, podríamos estar recayendo en un juicio de regresividad en materia de derechos humanos y de eso hemos hablado mucho en esta comisión”, concluyó.
Por último, la diputada Patricia Villegas reiteró las palabras de los congresistas que le precedieron y puntualizó en que existían muchas otras redacciones posibles que hubiesen sido mucho más satisfactorias para todas.
No obstante, su criterio fue minoritario.
