País Asamblea Legislativa

Diputados aprueban Informe que recomienda inhabilitar para ejercer cargos públicos al ministro Méndez Mata por Caso Cochinilla

La Asamblea Legislativa aprobó el informe afirmativo de mayoría de la Comisión que investigó la presunta red de corrupción en obra vial pública, denunciada por las autoridades en junio de 2021 y que se ha conocido como el Caso Cochinilla.

El informe de mayoría del expediente 22.979 fue aprobado esta tarde con 33 votos a favor y siete 7 en contra.

El diputado del Partido Integración Nacional (PIN) Walter Muñoz declaró que si bien el informe sanciona al ministro Méndez Mata y recomienda inhabilitarlo para que no ejerza más cargos públicos, “diay de todas maneras ya no los va a ejercer, es una destitución a pocos días de dejar el Gobierno”.

Muñoz destacó que la corrupción es una de las razones para que los costarricenses se han alejado de la política y recordó que el Caso Cochinilla le costó al país más de ¢78.000 millones de colones, “que hubiéramos usado para infraestructura, clínicas, hospitales, Ebais.

El informe de mayoría fue elaborado por los diputados Pablo Heriberto Abarca (Unidad Socialcristiana), Paola Valladares y Franggi Nicolás (Liberación Nacional), Xiomara Rodríguez Hernández (Restauración Nacional), Jonathan Prendas (Nueva República) y José María Villalta (Frente Amplio).

El Informe recomienda al Presidente de la República, Carlos Alvarado o a quien ejerza el cargo “destituir de manera inmediata al Ministro Rodolfo Méndez Mata, dado que los hechos denunciados en este Informe permiten establecer que la red de corrupción creada por las empresas privadas en el Conavi, pudo actuar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca, en asuntos como las relaciones de hechos que fueron engavetadas, permitiendo que no se establecieran responsabilidades de los funcionarios”.

Asimismo, señala que “la responsabilidad política por los hechos denunciados en este Informe recae en las personas integrantes del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), presidido por el Ministro Rodolfo Méndez Mata e integrado por Tomás Figueroa Malavassi, Berny Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Llach Cordero, Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara”.

“Se establece sanción política y moral, consistente en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años) y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante dos períodos constitucionales (ocho años)”, continúa el texto.

El legislador Pablo Heriberto Abarca declaró que en este caso existía una diferencia política en un órgano político. Señaló que el hecho tiene un expediente, está bajo investigación por parte del Poder Judicial y tiene un carácter judicial que está atendiéndose en un Juzgado Penal. Pero que en la Asamblea están atendiendo la responsabilidad moral y política sobre el caso y los cambios que se deben sugerir para que se eviten ese tipo de actuaciones.

“La diferencia entre los dos informes es que el de mayoría sí asigna una responsabilidad moral y política que el PAC no quiere aceptar; ese es el tema”, expresó Abarca.

El diputado Enrique Sánchez Carballo (Partido Acción Ciudadana) explicó por que se emitieron dos informes. Dijo que ambos informes denuncian la existencia de una red de corrupción en obra pública y dan cuenta de la gran cantidad de irregularidades en materia de obra pública, y existía amplia coincidencia. Sin embargo, señaló que para él era importante que las conclusiones y las recomendaciones estén sustentadas en lo que ocurrió realmente en la comisión y que estén sustentadas en un hecho probado de la investigación. En ese momento, explicó, tuvo que separarse del informe de mayoría porque a última hora se le hicieron agregados al informe de mayoría que son inconsistentes.

“Si ustedes revisan el informe de mayoría verán que hay otros casos en que no existe forma de responsabilizar al ministro Rodolfo Méndez Mata de los hechos que se denunciaron”, dijo Sánchez.

En el Caso Cochinilla figuran altos mandos de Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), empresarios de las constructoras H. Solís y Meco, gerentes de compañías constructoras y funcionarios públicos.

 

 

 

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