Diputados aprueban informe que achaca “hueco presupuestario” al expresidente Luis Guillermo Solís

La votación ocurrió tras cuatro horas de discusión, en la que se narraron muchas versiones sobre el desfase en el último presupuesto que dejó la administración del exmandatario Solís Rivera (2014-2018).

Cuarenta diputados aprobaron esta tarde el informe final de la investigación que realizó la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público sobre el desajuste presupuestario por más de ¢900.000 millones que dejó la administración Solís-Rivera (2014-2018) en su último año, popularmente conocido como el “hueco fiscal”.

Este informe recoge varias recomendaciones, incluida una -que impulsaron los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN)-  que recomienda enviar a la Fiscalía General de la República las actuaciones del expresidente Luis Guillermo Solís; el exministro de Hacienda, Helio Fallas; la tesorera nacional, Marta Cubillo; la directora de Presupuesto, Marjorie Morera; y el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza.

A ellos se les señala por, presuntamente, haber incumplido sus mandatos constitucionales y de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, en todos los mandatos que se refieren a realizar una propuesta oportuna del presupuesto de la República.

Además, el informe incluye un jalón de orejas al presidente Carlos Alvarado y a la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; a quienes se les recriminó no haber actuado más prontamente en la elaboración de las correcciones presupuestarias y en la investigación de los hechos a nivel del Ejecutivo.

Lo más importante del informe: Diputados piden investigar penalmente a expresidente Solís, exministro de Hacienda y encargados de presupuesto por “hueco fiscal”

La aprobación del texto ocurrió a eso de las 7:20 p.m.; cuando ya los diputados habían realizado el uso de la palabra, la mayoría de ellos para criticar el fallo en la presupuestación del gobierno del expresidente Solís y mencionar la posibilidad de que hubiesen mediado fines electorales en los errores.

En total, no se presupuestaron a tiempo ¢600.000 millones para el pago de amortizaciones de deuda pública y se proyectaron ingresos por ¢300.000 millones que finalmente no se captaron; un desequilibrio que —según los legisladores de oposición— pudo haber sido planeado para brindar una imagen de austeridad y maquillar el estado crítico de las finanzas nacionales, de cara a las elecciones del año 2018.

También estuvieron presentes en el Plenario las especulaciones de otros diputados; quienes aseguran que el cálculo más bien pudo haber sido dejar una trampa al siguiente gobierno, pensando en que era poco probable una reelección del PAC en el oficialismo.

Uno de los más vehementes fue el presidente de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público, Jonathan Prendas, quien aseguró que todo fue “orquestado desde Casa Presidencial y el departamento de Crédito Público, en el  Ministerio de Hacienda”.

Sobre los supuestos fines políticos también habló el diputado de esa comisión, Luis Fernando Chacón, quien aseguró que existieron “intenciones perversas” de cálculo político.

No obstante, estas visiones fueron refutadas por los diputados oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes nunca concordaron en señalar a los altos jerarcas de su primera administración por los hechos sino que los remitieron a que ellos nunca tuvieron la información disponible para realizar las correcciones a tiempo.

Esa fue la tesis del expresidente Solís y del exministro de Hacienda, Helio Fallas; quienes siempre sostuvieron que nunca se les informó de la magnitud real del desfase; aunque había consciencia de que se había captado mucho más deuda a corto plazo y de que no se había logrado alcanzar la cantidad de ingresos presupuestada desde inicio de año.

En esa línea, junto con el informe aprobado, la diputada Paola Vega, del PAC, había presentado un expediente de minoría, en el cual apuntaba la culpa del desfase presupuestario a los rangos medios, encabezados por la Dirección de Crédito Público, entidad que era la obligada a detallar los m0ntos por corregirse oportunamente.

Vega señaló principalmente al actual director de Crédito Público, Melvin Quirós, de quien sugirió vínculos con el PLN en su momento.

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El oficialismo también refutó afirmaciones abiertamente falsas como las hechas por la diputada independiente Ivonne Acuña, quien aseguró que el gobierno se había robado millones de colones con el desfase presupuestario, que ese desfase había dejado en la quiebra al país y que su desarrollo había involucrado a figuras de los tres Poderes de la República: tres datos erróneos.

“Aquí nadie se robó dinero, lo que han llamado hueco fiscal o el faltante presupuestario es un pago de deuda sin autorización presupuestaria. Un pago de deuda que no pasó por una autorización de la Asamblea Legislativa y no es dinero que alguna vez existió y alguien se robó, como ha pasado en gobierno pasados y demás”, afirmó la congresista Vega, quien también se quejó sobre las apreciaciones subjetivas que realizaron algunos otros diputados sobre posibles cálculos electorales que no podían probar de ninguna manera.

Además, hizo introspectiva partidaria y pidió disculpas “si en algún momento el PAC fue así de irresponsable en la oposición”, en referencia a los datos falsos dados por otros diputados, porque “seguramente lo hemos hecho y no es de recibo repetir errores cuando ya se fue gobierno”. “Yo puedo entender este nivel de imprecisión cuando no se ha sido gobierno y no se sabe del daño que esto hace a la gobernabilidad y a la legitimidad de las instituciones del país”, concluyó.

No obstante, también estuvieron los diputados de oposición que criticaron los descuidos de los jerarcas que no fueron reconocidos por el oficialismo, pues “los indicios eran claros” para vaticinar el posible faltante y que había que corregirlo antes, palabras que utilizó el frenteamplista José María Villalta. “Lo que no querían era pasar el permiso por la Asamblea Legislativa”, aseguró.

Asimismo, subrayó que, a diferencia del resto de la oposición, veía mayor culpabilidad del actual gobierno, pues la Dirección de Crédito Público sí le había indicado a Hacienda la existencia posible de un faltante que debía atenderse antes, aunque no con los montos específicos. “No lo hicieron por negligencia, por desidia y muy probablemente por cálculo electoral”, concluyó.

El jefe del PAC, Víctor Morales, señaló que ciertamente hubo un desfase que deberá estudiarse penalmente, pero puntualizó en que “nunca existió ningún robo”, como se insinuaron algunos.

No obstante, la diputada liberacionista Yorleny León reiteró que, de cualquier manera, hubo un acto ilegal producto del desfase presupuestario: el pago de deuda pública sin autorización legislativa por no haber realizado ajustes tempranos. Y el socialcristiano Pedro Muñoz, co-jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agregó que el gobierno “mintió” en reiteradas ocasiones para no ajustar las cifras a tiempo y evitarse desgastes políticos.

El caso

La trama del llamado “hueco fiscal” se abrió desde julio del año pasado, cuando el gobierno del presidente Carlos Alvarado solicitó su primer presupuesto extraordinario.

El gobierno detalló que la solicitud era para cubrir amortizaciones de deuda interna por ¢600.000 millones que no se habían contemplado a tiempo en la administración Solís Rivera, cifra especialmente alta, que sorprendió a los diputados y a la opinión pública.

En la Asamblea, el presupuesto se tramitó rápidamente dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios y, posteriormente, se abrió una investigación en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público, la cual concluyó con el informe recién aprobado.

Al primer presupuesto, además, luego se unió otro por más de ¢300.000 millones, en septiembre pasado, el cual contemplaba una disminución en los ingresos estimados, por colocaciones que finalmente no pudieron concretarse.

Todo esto fue popularmente conocido como el “hueco fiscal”, una mala presupuestación que —según publicó recientemente la Contraloría General de la República (CGR)— habría provocado pagos de deuda sin autorización presupuestaria (ilegales) por más de ¢400 mil millones.

En el campo económico, el llamado “hueco fiscal” representó principalmente dos situaciones para el Presupuesto de la República del período 2017-2018.

Por un lado, significó que el Gobierno subestimó el crecimiento del mismo, pues dejó de contemplar recursos para el pago de la deuda a corto plazo (+¢600.000 millones) y que sobreestimó los ingresos que recibiría por colocaciones de recursos que finalmente no ocurrieron (-¢300.000 millones).

Por otro lado, esa última equivocación provocó un efecto negativo del 0,75% del PIB en las estimaciones del déficit fiscal del año anterior, pues —a diferencia del pago de la deuda que es sostenido en el tiempo— la reducción en los ingresos sí modificó las proyecciones directas de la balanza entre ingresos y gastos totales, según detalló en su momento el propio Ministerio de Hacienda.


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