País

Diputados aprueban hasta 10 años cárcel por abandono de adultos mayores

Proyecto establece cuatro tipos de sanciones que dependen de cuán perjudicado sea el adulto mayor por la situación de abandono.

46 diputados aprobaron en plenario el texto que penalizará el abandono de personas adultas mayores dentro del Código Penal. Este martes, el proyecto de ley 19.438 fue validado por el congreso con sanciones económicas y hasta 10 años cárcel, según la gravedad del abandono.

La muerte de una persona adulta mayor, producto del abandono, será castigada “con una pena de prisión de seis a diez años”.

En menores agravantes, el artículo aprobado tiene sanciones “de 10 a 100 días multa o de 1 a 6 meses de prisión” para quien abandone a la persona adulta mayor “en estado de vulnerabilidad”.

La sanción será agravada de “seis meses a tres años de prisión” al poner “en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor”.

Lea de marzo pasado: Diputados castigan con meses y años de prisión el abandono de las personas adultas mayores

En el caso de que exista daño en el cuerpo o la salud de dicha persona, le pena podrá ser entre 3 y 6 años de prisión.

En marzo, el proyecto experimentó un primer debate que le dio resultados favorables. Sin embargo, durante el 12 de marzo fue nuevamente retrotraído para modificaciones.

Estas modificaciones crearon la posibilidad de una sanción económica para el primer agravante del delito.

El trámite del nuevo artículo en el Código Penal data del 2014; como una iniciativa del entonces diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Originalmente este proyecto dictaba de uno a tres años por el abandono sin agravantes.

De este texto original, la propuesta que se aprobó el martes mantiene únicamente la sanción máxima de seis a diez años cárcel para el caso de un fallecimiento provocado por abandono.

En marzo, miembros de la Comisión de discapacidad y adulto mayor afirmaron que con datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) señalan que, en el 2018, fueron tramitadas un total de 112 solicitudes judiciales para reubicar a personas adultas mayores en riesgo social o en abandono.

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