Pandemia Covid-19

Diputados aprueban entrega de FCL y prometen arreglar la ley del Banco Central después

Operadoras de pensiones tendrán 15 días para entregar los fondos y pueden pedir préstamos para darse liquidez, según ley aprobada por la Asamblea Legislativa

Trabajadores que tienen contratos suspendidos o jornadas laborales reducidas, con afectación en su salario, podrán pedir su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) para obtener dinero y enfrentar la emergencia del coronavirus (Covid-19).

La medida fue aprobada en el congreso, con los votos de 47 diputados y un voto en contra (del diputado independiente Erick Rodríguez). La lista de votación fue publicada en el Twitter de la secretaria del directorio, la oficialista Laura Guido.

Rodríguez se opuso rotundamente a la aprobación del proyecto, según dijo, porque la ley de entrega del FCL incluye “mecanismos perversos para que el Banco Central haga lo que se conoce en economía como emisiones sin contenido o, popularmente, se conoce como emisiones inorgánicas”.

El diputado se refirió a una reforma de la Ley Orgánica del Banco Central (BCCR), en un artículo que regula la compra y venta de los bonos de Hacienda. Estos bonos podrán ser adquiridos en el mercado de valores, es decir, el BCCR generará nueva moneda circulante para cada compra autorizada por la Junta Directiva.

Esta reforma, expresaron los legisladores que trabajaron en el texto de ley, tiene el “espíritu del legislador” de brindar liquidez a los vendedores (como las operadoras y los bancos que la respaldan).

Lea una explicación de la reforma: Diputados votarán ley que permite que Banco Central compre los bonos de Hacienda que tienen los bancos

“Hemos acordado la mayoría de la mesa que atendía este proyecto de reforma al FCL que podamos trabajar una reforma de ley posteriormente en conjunto con el BCCR para afinar la redacción del artículo”, aseguró la diputada Ivonne Acuña, miembro del bloque independiente Nueva República.

“Es totalmente subsanable en los próximos días. Los compañeros se han comprometido, yo creo en la palabra de mis compañeros de que lo vamos a arreglar”, dijo por su parte la independiente Zoila Volio.

En el debate, diputados como Yorleni León (Liberación Nacional) y Pedro Muñoz (Partido Unidad Social Cristiana) hablaron en contra de la modificación a la Ley Orgánica del Banco Central.

“Nunca fue una intención de ese proyecto generar cambios tan abruptos en la Ley del Banco Central”, afirmó León. 

“La mala palabra es inflación y esa palabra tiene que quedar en el acta. Estamos abriendo una peligrosa puerta para la inflación. No es un tecnicismo, la inflación es el impuesto más duro, más desalmado, para las clases más necesitadas”, dijo Muñoz, por su parte. 

No obstante, una mayoría de legisladores se refirieron a las limitaciones económicas que tienen los trabajadores que fueron desplazados de sus trabajos por las bajas en operaciones de diversos sectores. Legisladores manifestaron su preocupación de que las personas necesitan liquidez para pagar sus deudas (los diputados estudian un proyecto de moratoria crediticia, sin embargo, aún no ha sido presentado un texto base).

Hay 33.600 familias costarricenses que su jubilado falleció y que están con deudas, deudas de su vivienda, deudas de Conape, porque a través de Conape pusieron a estudiar a sus hijos”, describió el diputado Carlos Avendaño (Restauración Nacional) sobre el panorama de crisis. 

¿Qué deben hacer los trabajadores para retirar el FCL?

La ley del FCL contiene modificaciones de la Ley de Protección al Trabajador. Esta ley permitía el retiro del FCL en caso de que la persona trabajadora estuviera desempleada o si, por otro lado, tuviera cinco años de relación laboral con sus patronos.

Ahora, existe una nueva condición que dice que se podrá retirar “En caso de suspensión temporal de la relación laboral (…) o cuando se aplique una reducción de la jornada ordinaria de la persona trabajadora”.

El FLC acumula un 3% del salario de cada empleado, el aporte lo realizan los patronos y están bajo la administración de una operadora de pensiones, de las cuales existen seis en el país. Estas operadoras son BN Vital, BCR Pensiones, Bac Pensiones, Popular Pensiones, Vida Plena (del Magisterio Nacional) y la operadora de la Caja Costarricense del Seguro Social (OPC CCSS).

Si la persona trabajadora no sabe cuál es su operadora de pensiones, puede buscarla en su orden patronal, en el SICERE de la CCSS y, por último, en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones.

Antes de realizar el trámite ante su operadora, la persona trabajadora deberá pedir “una carta del patrono en soporte papel o digital que haga constar la suspensión o la reducción de la jornada y del salario”.

La carta debe ir debidamente firmada, sellada o certificada de que fue tramitada por algún representante de la empresa.

La operadora de pensiones pide, generalmente, los siguientes documentos y requisitos: un formulario proporcionado por la operadora; un documento de identificación vigente (para nacionales y extranjeros); el número de cuenta bancaria, a nombre del solicitante en la cual recibirá el depósito, debe ser una cuenta en colones.

Las operadoras de pensiones tienen, por ley, “un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, para girarle los recursos y el pago deberá hacerse por medio de transferencia electrónica”.

Si el trabajador no presenta la documentación solicitada, la operadora tiene que indicárselo y, mientras se resuelve, el trámite estará suspendido (o sea, no cuenta el plazo de 15 días).

La operadora de pensiones puede solicitarle a la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que verifique la veracidad de la información de los solicitantes.

Puede leer la ley completa en el siguiente documento:

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