Diputados aprueban devolución de fondos y bonificación a extrabajadores de Bancrédito

El proyecto aprobado cubre a todos los empleados que fueron afectados por la inestabilidad de la entidad estatal, que cerró operaciones de intermediación en 2017.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta tarde en primer debate el proyecto de Ley 20.525 de Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), cuya salida del sistema de intermediación financiera fue anunciada desde mayo pasado y actualmente se encuentra intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

El documento estaba en la posición número 20 de los expedientes para el trámite en primer debate; sin embargo, los congresistas aprobaron de forma unánime una moción para alterar el orden y conocer el documento, por el que se han acercado los extrabajadores a las sesiones del Plenario casi todos los días de las últimas dos semanas.

La ley cubre a todos los empleados que finalizaron su relación contractual con Bancrédito a partir del 1 de enero de 2017, exceptuando sólo a “aquellos despidos producto de procesos disciplinarios”, a quienes se les va a cancelar sus respectivas indemnizaciones por el tiempo laborado en la banca pública, incluidos los intereses acumulados por los posibles atrasos.

En esta línea, el artículo 5 del proyecto proponía una bonificación extra que fue cuestionada por el diputado Otto Guevara, quien dijo que se trataba de un exceso que costaría alrededor de 3.000 millones de colones al Estado, aún a pesar de que los extrabajadores ya habían recibido pagos por la finalización de sus labores.

Incluso propuso eliminar la bonificación del proyecto antes de discutirlo por el fondo; sin embargo, su propuesta no fue escuchada. Finalmente la votación se aprobó con la única oposición de los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz; así como el oficialista Ottón Solís.

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Además, el documento establece la devolución de los montos acumulados (más los intereses) del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los empleados bancarios, así como un compromiso de procurar su reinserción en el sector público.

En esta línea, la ley adhiere un transitorio que permitirá la contratación directa de extrabajadores de Bancrédito afectados por su reestructuración en el Sistema Bancario Nacional, por un plazo máximo de cuatro años.

En cuanto a lo ahorrado en el Fondo, este monto deberá entregarse “siempre y cuando lo solicite expresamente el exfuncionario o exfuncionaria” y “se llevará a cabo en un plazo de tres meses prorrogable hasta tres meses más, mediante acuerdo de la Junta Administradora del Fondo”.

En el caso del Fondo también estarán incluidas las personas cuya separación haya iniciado antes de la fecha indicada por la ley, en caso de que la motivación de su proceso haya sido igualmente motivada por la inestabilidad y la reestructuración del banco.

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También se agregó una priorización del pago de los derechos laborales por parte del Banco a la hora de gestionar sus bienes; y un artículo dedicado exclusivamente para que se mantengan las condiciones de las deudas adquiridas por los empleados con su institución en las entidades financieras que adquieran la cartera de Bancrédito.

Funcionarios de Bancrédito se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa durante varias sesiones en las últimas semanas, esperando una resolución final a sus casos, que únicamente podían ser resuelto vía legislación por tratarse de una entidad pública.

Una vez que la ley entre en vigencia, Bancrédito deberá remitir una lista de todos sus empleados “que hayan finalizado su relación laboral con el banco por renuncia, traslado horizontal, movilidad laboral, despido con responsabilidad patronal”, tal y como contempla el proyecto en sus diferentes artículos.

Varias batallas

Para los trabajadores de Bancrádito la aprobación del proyecto es la primer de varias batallas, como lo describió Adriana Sánchez, excajera de la entidad que estuvo presente estos días —junto con otro grupo de exfuncionarios— en las instalaciones de la Asamblea.

Para Sánchez, las liquidaciones y la devolución de los fondos representa recuperar parte de “la estabilidad que teníamos”, pues para todos representa “empezar de cero”.

“Es empezar de cero en todo y la parte que más afecta es la económica, por eso queremos acceder a esos montos, que nos fueron rebajados de nuestros salarios, ya están en las cuentas de nuestros fondos de pensiones y que lo que queremos es el acceso, ahí está el dinero, lo único que falta es el permiso”, explicó.

Sobre sus presencia en las sesiones del Plenario, la extrabajadora, que asegura sumar más de siete meses de desempleo, señaló que “ha sido un proceso complicado que inició desde antes de que nos despidieran”, tomando en cuenta que existen obligaciones económicas como hipotecas y deudas de distintos tipos.

“Llevamos más de ocho meses en trámites y si ahora nos ve aquí es porque ya estamos un poco más cerca, ya sólo nos faltan dos batallas y hay que tener paciencia, lo que pasa es que los bancos y las hipotecas no nos tienen tanta paciencia”, comentó.

“Lo que pasa es que incluso después de aprobado aquí todavía tiene que pasar algún tiempo mientras pasa a Casa Presidencial e inicia el procedimiento para que nos devuelvan los fondos; en otras palabras, no es ya, pero entre más rápido salga el procedimiento de aquí, tendremos más oportunidades de solventar los problemas que ya tenemos”, concluyó.

Tras la aporbación del proyecto, varios diputados incluidos —Jorge Rodríguez (PUSC), Paulina Ramírez (PLN) y Mario Redondo (PDAC)— se acercaron a los extrabajadores, a los que saludaron tras acompañarlos en el proceso.

Ahora el segundo debate quedó pactado para el próximo martes 13 de marzo.

 


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